Pronunciamiento de AIDESEP sobre ley de consulta observada

PRONUNCIAMIENTO AIDESEP

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, en su condición de organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para dar a conocer su posición respecto de la observación hecha por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Derecho a la Consulta, en los siguientes términos:

1. Los pueblos indígenas amazónicos nos movilizamos en agosto del 2008 y abril del 2009, demandando la derogatoria de varios decretos legislativos emitidos por Gobierno del Presidente Alan García; exigiendo el Derecho a ser Consultados, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano, mediante Resolución Legislativa Nº 26253, vigente en nuestro país desde de febrero de 1995. Siendo un Tratado Internacional de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y el Gobierno.

2. En mayo del 2010, el Congreso de la República, aprobó mediante un amplio consenso de los diferentes partidos y movimientos políticos representados en el Poder Legislativo, la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Numero 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Al aprobarse la Ley de Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, el Congreso de la República reconoció la LEGITIMIDAD DE NUESTRAS LUCHAS Y NOS HA DADO LA RAZON EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y TERRITORIOS.

3. Por tanto, el Ejecutivo al observar la Ley de Derecho a la Consulta, lejos de reconocer este derecho legítimo de los pueblos indígenas, ha tirado por la borda el amplio consenso alcanzado por la representación nacional en el Congreso de la República. Pero no solamente eso, sino que el gobierno comete un verdadero error y fraude pues utilizó la aprobación del Parlamento para pasear por el mundo su posición dialogante y de respeto a los pueblos indígenas, pero pasada la publicidad devuelve la norma al Legislativo que no solo hace imposible respetar nuestros derechos a ser consultados y escuchados, sino que amenaza seriamente y constitucionalmente nuestros derechos humanos.

4. La ley de Derecho a la Consulta, contempla el consentimiento, principio claramente establecido por el Convenio 169 y demandado legalmente por los pueblos indígenas.

5. El Gobierno, lejos de reconocer ya no solo los derechos de los pueblos, sino su propia existencia, persiste tercamente en su errada política del “perro del hortelano”, considerando a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda y tercera categoría.

6. En este contexto, la observación a la ley por parte del Ejecutivo lo coloca fuera del Estado Derecho.

7. Por eso, denunciamos el propósito del Gobierno de intentar perpetuar la imposición de proyectos de extracción de recursos naturales, sobre la voluntad soberana de los pueblos indígenas, contra toda la institucionalidad democrática nacional e internacional que vela por los derechos de los mismos, so pretexto de “tener la última palabra” e imponer sus políticas anti-indígenas.

8. Y citamos los casos de la pretensión presidencial de inundar el bosque amazónico de Satipo para crear la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango, de destruir el Santuario Nacional de Megantoni, de la forma en cómo recortó el Parque Nacional de Ichigkat Muja en el Cenepa; situaciones que demuestra fehacientemente como los gobiernos intentan destruir la naturaleza a cambio de su forma de desarrollo. No es posible que el gobierno PERUANO sostenga “negociar”, “indemnizar”, lo que significa seguir destruyendo sin límites porque tiene dinero y pueden pagar.

9. Es por eso que la AIDESEP informa a la opinión pública nacional e internacional que ante esta lamentable reacción del gobierno peruano consultará con las 1350 comunidades indígenas, federaciones de bases y organizaciones regionales para anunciar las acciones que adoptaremos para defendernos, para defender nuestro legítimo derechos a decidir nuestro futuro y hacer respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.



Lima, 23 de junio del 2010

Consejo Directivo de AIDESEP

Perú comete FRAUDE contra pueblos indígenas

El Presidente de la República y el Gobierno del Perú defraudan a los pueblos indígenas y a la comunidad internacional. Más aún, cometen un verdadero fraude contra los unos y contra la otra. Tras haberse presentado en el interior y en el exterior la Ley de Consulta aprobada por el Congreso como el fruto del diálogo con los pueblos indígenas y la prueba de la buena voluntad de la representación política de la ciudadanía peruana, la norma se devuelve al legislativo con objeciones que alcanzan a su línea de flotación. Se abre de capa ahora el Gobierno peruano con un constitucionalmente inexistente “Ius Imperium” (así, con mayúsculas y en mal latín, en vez de ius imperii) que no sólo hace imposible los derechos de los pueblos indígenas, sino que amenaza a los derechos humanos sin más. Se confirma que el empecinamiento del Gobierno peruano contra los pueblos indígenas, el mismo empecinamiento que provocó la masacre de Bagua, ataca a derechos de toda la ciudadanía peruana. Es el momento de reafirmar que, con ley o sin ley, el Convenio 169 está vigente en el Perú y que con todo esto el Gobierno peruano lo que hace es agravar su continua violación de obligaciones con pueblos indígenas y con instituciones internacionales, lo que intenta torpemente disimular alegando de forma descarada pronunciamientos de alguna de entre éstas.


Raquel Yrigollen del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad explica:

Estimado Bartolome
En efecto, otra vez, el gobierno se pone formal y materialmente por fuera y contra lo que proclama defender: el Estado de Derecho.
He aqui las muestras del “ius Imperium” del gobierno vs. el Estado de derecho y el derecho internacional:

1. En el supuesto “Ius Imperium” del gobierno, “se debe privilegiar el interes de todos los ciudadanos sobre el derecho de los pueblos indigenas”.
En el Estado de derecho, “se debe priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, con su participacion y colaboracion, en los planes de desarrollo global en las regiones donde habitan” (Convenio 169 OIT, art. 7,2).

2. En el “supuesto Convenio de la OIT” al que el gobierno alude “no se prevé la obligación de la consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”.
En el derecho internacional, se exige algo mas que la consulta, pues la ley se quedo corta. El Convenio 169 de la OIT exige la “participacion” indigena:
a) en todos los niveles de adopcion de decisiones en instituciones electivas y administrativas responsables de las politicas y programas que les conciernan (art. 6,1,b);
b) en la formulacion, aplicacion y evaluacion de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (convenio 169 OIT 7,2).
c) en la elaboracion de planes de desarrollo global y proyectos especiales de desarrollo, para priorizar y promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT, art. 7,2).

3. En el “Ius Imperium” del gobierno, a las comunidades campesinas andinas y costeñas no se les aplica el Convenio 169 de la OIT, reincidiendo en el mismo error que los organos de control ya han observado reiteradas veces.
Para el Convenio 169 de la OIT (art. 1,1,b), basta que un pueblo se autoidentifique como indigena porque desciende de pueblos que preexisten al Estado y tienen alguna institucion politica, social o cultural propia (idioma, justicia propia, vinculo especial con el territorio, etc.) para que se le pueda aplicar el Convenio, al margen de su condicion juridica. Y los órganos de control de la OIT han observado el incumplimiento de las obligaciones del Estado peruano en casos como el de la comunidad campesina costera de Olmos, o por restar derechos a las comunidades de la costa y la sierra respecto de la Amazonia.

4. En el “Ius Imperium” del gobierno, deberia ser la ONPE la que “establezca y verifique el criterio basico de representatividad y legitimidad” y no “las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indigenas, elegidas conforme a sus usos y costumbres”.Según el Convenio 169 de la OIT,
- “las consultas deben hacerse a traves de sus instituciones representativas”(art. 6, 1,b),
- El gobierno “debe respetar la integridad de los valores, practicas de instituciones de esos pueblos” (art. 5, b)
- El Estado, “Al aplicar la legislacion nacional, deberá tomar debidamente en consideracion sus costumbres o derecho consuetudinario” (art. 8,1) y
- Los pueblos tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias (art. 8,2).

5. en el Ius imperium del Gobierno si no hay consentimiento el gobierno decidira, no con respeto de los derechos de los pueblos, sino de acuerdo a sus obligaciones legales y constitucionales, el interes de la nacion, “sin discriminacion contra los ciudadanos a favor de los indigenas”…
En efecto, en la consulta, sino se llega a un acuerdo, el Estado decide, pero segun el derecho internacional, la decision que tome no puede afectar la integridad o derechos de los pueblos (art. 2 del Convenio 169) y segun la Corte Interamericana de derechos humanos, no bastaria la consulta sino el consentimiento en caso de megaproyectos o grandes proyectos de inversion que puedan afectar la integridad, territorios, susbsistencia y modo de vida de los pueblos (sentencia en caso Saramaka vs. Surinam, CIDH, 2007).


Fuente: www.clavero.derechosindigenas.org

Carta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes en respuesta al informe de INDEPA

La FENAMAD rechaza las acusaciones que INDEPA imputa a los pobladores de la comunidad nativa de Monte Salvado en relación a la tala maderera; por el contrario, respaldan el trabajo y esfuerzo que vienen haciendo los hermanos nativos para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). Asimismo, exhorta a INDEPA a cumplir los acuerdos tomados y el cese a la campaña de malinformación y desprestigio hacia la comunidad nativa de Monte Salvado.


Señor:
Mayta Capac Alatrista Herrera
Presidente Ejecutivo INDEPA
Lima.-

Previo cordial saludo, en nombre de las 33 comunidades nativas y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) del departamento Madre de Dios, Referente al Oficio No. 177-2010-INDEPA/PE, paso a informar lo siguiente:
Es pertinente aclarar que la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes “FENAMAD”, creada en el año 1982, es una organización sin fines de lucro, que está conformado por líderes indígenas elegidos democráticamente por la población indígena de la región, para llevar acabo la protección de los derechos ancestrales, territoriales, humanos, fundamentales de los pueblos indígenas. Por estas acciones hemos sido reconocidos con el premio Bartolomé de las Casas en España en 1997.

Nuestra institución viene trabajando desde el 2005 formalmente en Las Piedras con el funcionamiento de un puesto de control, construido con sacrificio y convicción para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La FENAMAD, desde los 90s ha tenido que actuar para asegurar la protección de nuestros hermanos aislados altamente vulnerables y por su labor, ha sido elegido para presidir el Comité Indígena para la protección de los PIAV y contacto inicial (CIPIACI), integrado por organizaciones indígenas de los 7 países que albergan poblaciones en aislamiento voluntario y contacto inicial (Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela) en el año 2006, cargo que se lleva hasta la fecha; cuya función es crear bases de datos sobre problemáticas y atenciones urgentes de los PIAV en cada país con incidencia a nivel de los gobiernos de turno y al Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de la ONU, entre otras entidades internacionales.

Al mismo tiempo, existe una demanda en Puerto Maldonado, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, EEUU planteado por la FENAMAD, contra el Estado Peruano (INDEPA) desde el año 2006, por incumplimiento de sus deberes en la protección activa e integral de las poblaciones indígenas en aislamiento de la región Madre de Dios. No solo nuestra organización ha denunciado, también existen diversas organizaciones indígenas a nivel nacional que han denunciado al INDEPA por falta de actuación en la protección de los PIAV.
Ante este panorama, es lamentable que su institución en vez de cumplir con las recomendaciones planteadas por la CIDH; ha ido al sector Las Piedras con la finalidad de hacer "monitoreo" dentro del territorio de la población indígena asentada en la comunidad nativa Monte Salvado (titulado por R.D. Nº 045-2003-MA-DRA-MDD), cuando es de conocimiento público que la problemática es en la Reserva Territorial de los PIAV. En relación al tema maderero es aún mucho más complicado, que nunca se interesaron en tomar medidas concretas con tal fin, prueba de esto son las denuncias y acciones presentadas por nuestra organización, ante diversas instancias de los organismos del Estado para su actuación. Se debe precisar que ha sido la FENAMAD quien alertó al Estado e hizo incidencia contra la mayor tala de madera en la historia del país desde los años 90. Momentos bastante difíciles para la población indígena aislada, que no fueron atendidos por ustedes, o a través de ninguna institución estatal.

FENAMAD ha sido activa en la vigilancia de la zona desde entonces, muestra del mismo es que ha habido un efecto drástico en la reducción de actividades madereros ilegales en la zona y recuperación de territorios por parte de los aislados. La comunidad nativa de Monte Salvado se encuentra trabajando con nuestra institución en la protección de los PIAV desde su creación, y mantienen conocimientos de los planes de contingencia elaborados para proteger a sus propios hermanos.

Siendo Monte Salvado una comunidad nativa, mantiene el derecho de aprovechar sus recursos dentro de la comunidad según Convenio Nº 169 de la OIT y la Ley Nº 22175 “Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de Selva y ceja de selva”; pueden hacer uso de sus recursos naturales de manera tradicional con fines de subsistencia, siempre y cuando esta se desarrolle dentro de sus territorios titulados. Dicha actividad lo han venido realizando limitadamente debido a una sanción que tienen, y por la distancia que se encuentran, dos días y medio de viaje por río arriba. Las coordenadas detalladas en su informe se encuentran dentro del territorio de la comunidad nativa Monte Salvado y conforme a ley tienen derecho de realizar dicha actividad para su subsistencia.

Como bien fue mencionado en su informe tienen una multa del año 2007 por talar árboles, multa que se estableció sin proteger sus derechos y sin tomar en cuenta que en esas fechas la comunidad era amenazada por madereros ilegales, quienes deforestaron y amenazaron su vida y la de los aislados, y que gracias a las denuncias presentadas por la FENAMAD y la comunidad a nivel nacional e internacional (porque el Estado no cumplía con su función), se pudo desalojar a todos los madereros.

Esta sanción ilegal que hasta la fecha ha ido incrementándose, es imposible pagar por la falta de recursos económicos en la comunidad. Existe en la comunidad necesidades prioritarias básicas como educar a sus hijos que se encuentran en la ciudad cursando estudios secundarios (por no contar con escuela secundaria), atención médica (no existe técnicos o enfermeras en la comunidad), entre otros problemas que debe llamar la atención a las entidades del Estado, como es INDEPA, y no dedicarse a mal informar a la población y perturbar su manera tradicional de vida que vienen haciendo las familias.

Se debe aclarar que los agentes de protección de la comunidad no tienen la necesidad de realizar la actividad denunciada porque tienen un sueldo mensual para su efectiva labor. Dicho informe que han emitido, demuestra una vez más que su institución no tiene la intención de velar por la protección de los indígenas en contacto ni en aislamiento voluntario. Más bien los guardaparques indígenas son los llamados a proteger a sus propios hermanos, a diferencia de la ONG FRANKFORT, que pretende controlar a los PIAV con la finalidad de captar fondos en nombre de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario; como muestra el contrato firmado entre Frankfort y INDEPA, que respalda estos intereses económicos, y no de salvaguardar la vida de los aislados.

Por otro lado es pertinente mencionar que es sabido que todavía existen problemas con madereros ilegales, o concesionarios que ingresan a la Reserva con fines de extracción de madera (conforme pruebo con denuncias actuales contra madereros y pescadores, sin atención); también se debe tener información sobre las actividades de narcotráfico en la región norte de la Reserva. Alumbrando un panorama que merece una atención urgente para asegurar la protección integral de toda la Reserva hacia la frontera brasilera. Nuestra institución con buena voluntad ha venido exigiendo la necesidad de mantener una relación productiva de trabajo con INDEPA, para poder llevar a cabo acciones concretas en base de las necesidades y amenazas ya identificadas.

Este accionar, lo está llevando porque su institución no desea reconocer oficialmente a los agentes de protección indígenas para que junto con la policía ecológica y SERNANP puedan poner fin a los ingresos ilegales al área. Parece que se ha olvidado que el objetivo es la protección de la población en aislamiento voluntario; nuestra preocupación y peticiones han sido plasmadas últimamente en la Acta de la Reunión del día 15 de febrero del año en curso en sus oficinas, junto con las organizaciones indígenas representativas de ORAU, ORPIO y AIDESEP. De manera reiterada volvemos a lamentar que este acuerdo, tomado con buena voluntad y esperanza, ha sido violado por su institución, precisamente en la cláusula N° 5 donde reconoce "que las organizaciones indígenas mencionadas son interlocutores válidos y representantes de los PIAV".

Vergonzosamente todos los plazos se han vencido, en vez de seguir con esta consolidación de trabajos importantes, se esta perdiendo tiempo con temas que no tienen nada que ver con sus objetivos: regular la naturaleza, estructura y funciones para la efectiva formulación de las políticas nacionales dirigidas al desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano. Conforme a la Ley Nº 28736 "Ley para la protección de Pueblos Indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial" que su institución aprobó, se debe “garantizar y proteger el área que ocupan los PIAV, restringiendo el ingreso de foráneos a la Reserva Territorial de los mismos; de la misma manera se establece que no se permite el ingreso de agentes externos a la reserva, salvo por situaciones que pongan en riesgo la salud, identifiquen o denuncien actividades ilegales al interior de las reservas indígenas, entre otras por acuerdo de “INDEPA”; además que el ingreso a las reservas indígenas deben aprobarse por decreto supremo y en coordinación con los sectores Salud, Agricultura e Interior, y Policía Nacional.

Dejamos constancia que su ingreso al interior de la reserva junto a la ONG FRANKFORT y SERNANP fue ilegal, poniendo en riesgo la vida y bienestar de los PIAV. Estos deberes que como vienen señalando hasta el cansancio las organizaciones indígenas del país, son vitales para la protección integral de las Reservas Territoriales y los que aún se encuentra en propuesta, que están en todas los casos en situaciones críticas por falta de atención. Se demuestra una falta de interés por su parte para una adecuada protección, ejemplo claro es su falta de atención en modificar el artículo 5 de la ley de pueblos aislados, que desprotege completamente a los aislados ante el otorgamiento de concesiones hidrocarburíferas, poniendo en peligro su derecho a la vida.
Nuevamente aprovecho la oportunidad para solicitar que se cumpla con los acuerdos tomados en la ciudad de Lima ante nuestras instituciones, y se deje de estar mal informando a la población para no cumplir con sus obligaciones. Esperando la atención detallada al presente,

Atte.,
Jaime Corisepa
Pdte. FENAMAD

Adjunto Documento
-- Comunicación FENAMADWeb: http://www.fenamad.org.pe/Blog: http://www.fenamad-indigenas.blogspot.com/Contacto: fenamad@fenamad.org.pe / comunicacion@fenamad.org.pe

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Todos Somos Indígenas

Por Rodrigo Montoya Rojas

Por orden expresa del gobierno -un día como hoy, hace un año- la policía atacó a los amazónicos en la “Curva del Diablo” con fusiles de guerra, como si se tratara de una batalla contra enemigos invasores de la patria.

Los indígenas se preparaban para el regreso a sus comunidades, unas horas más tarde, luego de haber informado de esa decisión a los jefes policiales y del ejército, en la tarde del 4 de junio. La ministra del Interior Mercedes Cabanillas sabía muy bien lo que hacía, tanto al transmitir la orden de disparar como al decir después que ella y los jefes no sabían nada y que la decisión debió bajar seguramente del cielo.

Esa es la peruanísima tradición de los grandes jefes de ordenar que maten y luego esconderse detrás de los oficiales de menor rango. Los primeros muertos fueron indígenas por balas de la policía; después vinieron los policías muertos en manos de indígenas.
“Todos somos indígenas” es la frase que condensa toda la potencialidad política del Movimiento indígena amazónico que comenzó hace 40 años.

Dirigentes con otros rostros, otros apellidos, con el “color de la tierra”, bilingües peruanos llamándose a boca llena awajun, asháninka o shawi, al mismo tiempo, reclamando su territorio, su cultura, su lengua, su identidad, su dignidad; su espiritualidad, rebelándose contra el gobierno que quiere entregar las tierras de las comunidades nativas a las concesiones de empresas extranjeras y nacionales con el cuento de la inversión y el “desarrollo”. Se sintieron insultados y ninguneados al ser llamados “perros del hortelano” por el Sr. Alan García que sabe poco o nada de respeto a los pueblos y personas que forman el Perú.

Los amazónicos defienden principios, valores y posiciones que son parte del futuro del país: una sociedad basada en los principios de solidaridad y reciprocidad y no en la lucha a muerte por la riqueza, en no tomar de la naturaleza sino aquello que nos hace falta, en cuidar y respetar a la madre tierra, a los ríos y mares, sin los cuales no podríamos alimentarnos, en considerar el petróleo, gas, madera, y oro como bienes públicos, nacionales, de todos los peruanos y peruanas y no de unas cuantas empresas multinacionales gracias a los favores recibidos de políticos como Alan García.

Los indígenas de los diez países de América del Sur que viven en las cuencas de ríos que van a dar al Amazonas dicen que defender la Amazonía, es defender a la humanidad, no sólo a sus propios pueblos. Saben de lo que hablan.

Por lo que acabo de mencionar, porque tuvieron el valor de enfrentarse al poderoso Sr. García y sus clientes, por respaldar con sus propios hechos lo que dicen, y por muchas otras razones más, en la imaginación de las capas populares y medias anida una simpatía muy grande con ellos y ellas. Es eso, lo que está debajo de la frase “Todos somos indígenas”. Volveré sobre las perspectivas, luces y sombras, que se abren para el país después de la rebelión amazónica.

Fuente: Servindi

BAGUA NUNCA MAS

Servindi, 05 de junio, 2010.- El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha difundido el siguiente comunicado sobre el 5 de junio:
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al año de cumplirse los sucesos de Bagua que ocasionaron la lamentable pérdida de 33 vidas humanas, un desaparecido, decenas de heridos y procesados judicialmente, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:
1. Lamentamos que las comisiones formadas por el Ejecutivo así como el Congreso de la República no hayan logrado un consenso en la investigación de los hechos y la identificación de responsabilidades individuales.
2. Solicitamos al Ministerio Publico y Poder Judicial que individualicen la responsabilidad penal de cada uno de los actores; e invocamos al Estado peruano a atender la situación de los familiares de los civiles y policías fallecidos y de los casi 200 heridos y no esperar que resoluciones judiciales obliguen a atender estos casos.
3. Creemos que la tragedia de Bagua ha mostrado los profundos desencuentros entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos, cuyos derechos son ignorados y vulnerados de manera permanente por un sistema político que no los comprende ni los incluye de manera justa y adecuada. En este escenario, es importante incorporar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo e incluirlos a partir de ello, en el desarrollo nacional.
4. Reiteramos nuestro saludo al Congreso de la República por la histórica decisión adoptada el 19 de mayo del presente año al aprobar la Ley de Consulta, norma que contribuye a la implementación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Consideramos que esta decisión marca un hito importante y se constituye en un primer paso en el proceso de consolidar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y promover la apertura de espacios de diálogo y entendimiento entre el Estado y los pueblos ancestrales.
5. Consideramos que la Ley de Consulta, a pesar de ser todavía perfectible, refleja el esfuerzo conjunto de la sociedad por alcanzar el consenso logrado y establece el desafío de afianzar los derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas que vienen siendo excluidos de las grandes decisiones de la vida nacional. Esto, a pesar de su invalorable aporte a nuestra acervo e identidad nacional pluricultural, pluriétnica y multilingüe, y pese a constituir uno de los principales valores y aportes de nuestro país a la humanidad.
6. Exhortamos al Poder Ejecutivo a promulgar la Ley y así cumplir y hacer cumplir la Constitución y los Tratados ratificados por el Estado peruano. En ese sentido, hacemos votos porque el Estado peruano se dote de las herramientas institucionales imprescindibles para hacer efectivos los derechos de los pueblos. Creemos que para ello es importante dar seguimiento a los acuerdos formulados en las mesas de diálogo que tuvieron como loable tarea la revisión de los Decretos Legislativos que lesionan derechos de los pueblos indígenas, así como elaborar un Plan de Desarrollo Amazónico.
7. Finalmente, exhortamos al Estado peruano a impulsar el proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuano (INDEPA) con la participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, de modo que posea los recursos humanos y de gestión suficientes y adecuados para hacer efectiva la elevada función para la cual está destinado. Insistimos, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que la participación de los pueblos indígenas en el proceso de reestructuración y conformación de la institucionalidad, es la mejor garantía para que tal proceso de reestructuración se realice adecuadamente.

Lima, 4 de junio de 2010

Perú: Agreden sede de AIDESEP y acusan a Pizango de “asesino”

La sede institucional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) fue ayer blanco de huevos, tomates y hasta piedras arrojadas por un grupo de 25 personas contra la fachada de la institución.

AIDESEP respondió pacíficamente la agresión colgando un cartel con la frase “Bagua no se olvida, ni perdona”.

Según refiere, el abogado de AIDESEP, Germán Huanira el grupo de personas serían familiares de algunos de los policías caídos en el baguazo porque “tenían los mismos carteles que vimos cuando llegó Pizango al aeropuerto. Las fotografías pueden dar fe de ello”.

Al respecto, hasta el momento solo han expresado verbalmente su malestar ante la Defensoría del Pueblo, pero no han hecho efectiva la denuncia porque la dirigencia aún evalúa las medidas a tomar.

Pero sin duda, este “acto delictivo” solo demuestra que existe una “posición política” de ofensa contra los pueblos indígenas que en nada beneficia a nuestro país.

Además, Huanira afirma que si bien “la gente tiene derecho a protestar” no es a través de la violencia que debería ejercerse este derecho.

“La agresión empezó al promediar las 3: 50 p. m., cuando sorpresivamente los agresores descendieron de un ómnibus color celeste los agresores y se apostaron frente de la sede”, declara Germán Huanira.

Gritaban a viva voz lemas contra el presidente de AIDESEP, lo tildaron de asesino y reclamaban que debería estar en la cárcel.

Es así que intentaron comunicarse al instante con la policía del sector, pero lamentablemente recién después de 40 ó 50 minutos la policía se hizo presente en el lugar.

Estos hechos se producen a pesar que en su primer mensaje Alberto Pizango Chota, señaló que lamenta la pérdida de cada una de las vidas de los hermanos policías e indígenas y pidió una investigación imparcial de los hechos de Bagua.

Bagua NO se olvida