Pueblos indígenas protestaron contra el Informe del gobierno sobre los hechos de Bagua y el retorno de Alberto Pizango

Y a pesar que el gobierno decidió mal en militarizar las principales ciudades de la Amazonía, mientras que en la capital desplegó un inusual número de policías, los pueblos indígenas demostraron que no son violentos y marcharon por calles en forma pacífica en una plataforma que demandaba el rechazo al Informe del Ejecutivo sobre los lamentables hechos de Bagua y el retorno inmediato del Apu Alberto Pizango, presidente de laAIDESEP.

Al promediar las 4.30 p.m. –y concentrados en la Plaza San Martín del Centro de Lima- los centenares de protestantes iniciaron su camino hacia el Congreso de la República que, convocados por AIDESEP, FRENVIDAS, CNA, CCP, CONACAMI, llevaban como voz de reclamo también el respeto al Convenio 169 de la OIT para que la consulta a los pueblos indígenas sea una acción necesaria e impostergable antes de entregar sus territorios a empresas extractivas.

El Apu Saúl Puerta Peña, secretario nacional de la organización indígena, sostuvo que esta marcha será la primera de un inicio de movilizaciones pacíficas hasta lograr que el gobierno y la ciudadanía de la capital entiendan que los pueblo no están protestando por intereses creados, sino por conservar intacto su territorio ancestral, salvaguardando así la salud del planeta, afectada hoy por el cambio climático debido a la contaminación agresiva de las grandes empresas mineras, petroleras y la tala ilegal de madera.

En Bagua, Jaén y Yurimaguas

En Bagua y Jaén, alrededor de 600 hermanos indígenas partieron desde la Plaza de Armas para recorrer varias arterias de la ciudad, reclamando además de la plataforma de lucha principal, el retiro inmediato de la minera Afrodita de la Cordillera del Cóndor. Cervando Puerta Peña, presidente de ORPIAN, regional de la AIDESEP en la amazonía norte, subrayó que los pueblos aún están de luto por la muerte de 34 peruanos el cinco de junio del año pasado y aseguró que seguirán insistiendo en el diálogo para que el Gobierno atienda las demandas.

Mientras tanto, en Yurimaguas, se movilizaron alrededor de mil manifestantes. En esta zona, los pueblos Shawis, Cocama – Cocamillas, Candoshi salieron a las calles desde la Plaza de Moralillo para recorrer las calles de la ciudad y pedir al gobierno que no siga entregue sus tierras al grupo Romero que está deforestando toda la zona para generar cultivos de biocombustible.

Denuncian actitud represiva del gobierno, militarizando el distrito de Imacita

Carlos Navas del Águila, alcalde de Imacita, denunció –una vez más- la represión del gobierno peruano contra los pueblos indígenas, pues Chiriaco, capital del distrito, amaneció hoy militarizada por orden del Ejecutivo después del anuncio de una Movilización Pacífica en rechazo al Informe gubernamental sobre los hechos de Bagua y pidiendo el retorno libre del Apu Alberto Pizango Chota.

Este acto, subraya Navas, es una persecución torpe del gobierno por intentar callar la voz de los pueblos indígenas. Informó que la ciudad amaneció con un grupo mayor de efectivos del orden de lo normal, una actitud represiva en lugar de buscar canales de diálogo para lograr la reconciliación nacional.

“No me sorprende ya que este gobierno y el partido aprista funcionen con su escopeta de dos cañones; siempre fue así, pues por un lado anula en parte las concesiones mineras (Afrodita) y por otro lado, persiguiendo a los dirigentes a través del Ministerio Público, queriendo sorprender al pueblo con esa denuncia de la fiscal Bobadilla, denuncia endeble y que sirve solo para despistar”, subrayo

Organizaciones andinas, amazónicos y sindicales ratifican movilización para el 22

Dirigentes indígenas nacionales ratificaron la decisión de impulsar una Gran Jornada Pacífica de Movilización para rechazar el informe del gobierno sobre los sucesos de Bagua y exigir la aprobación de la Ley sobre el proceso de Consulta, entre otras demandas (foto Conacami).

Los dirigentes Henderson Rengifo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Juan Navarro de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y Melchor Lima de la Confederación Campesina del Perú (CCP) ratificaron tal decisión en una rueda de prensa realizada esta semana.

Entre las exigencias también se encuentra la conformación de una nueva Comisión Investigadora integrada por instituciones representativas y de solvencia moral, que realice una autentica investigación y la ampliación de las mesas de diálogo sobre los temas vinculados a los derechos indígenas.

Asimismo, demandan “conformar un nueva mesa sobre el informe de Bagua, pues la actual, no cumple las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas” destacó Cervando Puerta, Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), filial de AIDESEP.

Juan Navarro, de la CONACAMI, denunció que la marcha se realiza también en protesta por la persecución de dirigentes campesinos en todo el Perú, registrándose alrededor de 1500 casos de criminalización de lideres comunales.

Por su parte, Perpetua Mejía, representante de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE), ratificó la voluntad de su gremio de adherirse a la movilización manifestando su rechazo a la política privatizadora del gobierno. “Los trabajadores Estatales también somos perseguidos. El gobierno quiere privatizar la tierra, la salud, etc.”, indicó.

Las organizaciones AIDESEP, CONACAMI y CCP forman parte del Frente para la Vida y la Soberanía (FRENVIDAS) que ha convocado a una concentración en la Plaza de Acho a partir de las 3 de la tarde.