Por Jahvé Mescco
3 de abril, 2011.- A nueve años de entrar en vigencia la Ley 27811: Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas asociados a la Biodiversidad, recién es probable se promulgue el reglamento y se establezcan sus dos comités, uno de los cuales administrará el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Protección Internacional
Además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la protección de los conocimientos ancestrales se respalda en otros acuerdos suscritos por el Perú.
Entre ellos destaca el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (Art. 8 j) (1992); la Decisión Andina 391- Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (1996); y la Decisión Andina 486 (2000).
El fondo recaudará los pagos que realicen las industrias químicas y farmacéuticas por comercializar productos a partir de un conocimiento colectivo (10 por ciento); los pagos de quienes usan conocimientos colectivos conocidos hace menos de 20 años, y algunas donaciones. Con esos recursos, se financiarán proyectos en las comunidades nativas.
Cabe destacar que la norma protege a los pueblos indígenas de la divulgación o uso de su conocimiento sin su consentimiento informado previo, y fomenta la distribución justa y equitativa de los beneficios que genere el uso de los conocimientos a través de contratos de licencia de uso, entre otros aspectos.
Comités en formación
Si bien hubo varios intentos de implementar el Fondo, éste se comenzó a viabilizar el mes pasado, cuando el viceministro de Interculturalidad, José Carlos Vilcapoma, se reunió con representantes de organizaciones indígenas nacionales a fin de empezar las coordinaciones para constituir el Comité de Administración.
A la primera reunión de trabajo, asistieron Antolín Huáscar Flores, de la Confederación Nacional Agraria (CNA); Melchor Lima Hancco, de la Confederación Campesina del Perú (CCP); así como Alberto Pizango Chota y Roberto Espinoza por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
También estuvieron presentes Nely Marco Manrique y Marcos Espinoza, de la Confederación de Nacionalidad Amazónicas del Perú (Conap), y representantes del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa).
“A sugerencia de ellos, ampliaremos la convocatoria a algunas organizaciones regionales para luego hacer una gran reunión de trabajo. La finalidad es que ellos elijan a sus representantes y se arme el comité”, sostiene José Carlos Vilcapoma, vicepresidente de Interculturalidad.
Según el artículo 39 de la Ley, el Comité de Administración lo deben conformar cinco representantes de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y dos del Indepa. En tanto, el Comité de Gestión lo integran especialistas acreditados por los nativos y el Estado, cuya función es brindar recomendaciones para captar más recursos.
De forma paralela a las reuniones, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), elabora el reglamento, que luego será revisado por la entidad que representa Vilcapoma.
“La meta es tener todo listo a junio, queremos dejar los pilares. Por eso nos reunimos con las organizaciones indígenas. En breve sale el reglamento y luego debemos tener los primeros expedientes sancionados por Indecopi”.
Controversias por la tasa
José Carlos Vilcapoma, Viceministro de Interculturalidad
Con la implementación de la Ley, se reconocería el importante rol que cumplen los pueblos originarios en la preservación de conocimientos tradicionales, de productos como el sacha inchi, uña de gato, ayahuasca, maca o el camu camu. Sin embargo, el sector privado se opone a la iniciativa por considerar excesiva la tasa impuesta.
Alejandra Velazco, de la Asociación de Exportadores (Adex) manifestó que el sector que representa no está de acuerdo con el diez por ciento establecido pero si con retribuir a las comunidades indígenas un beneficio por los productos que ellos han manejado ancestralmente.
Por su parte, Armando Rivero, presidente del Instituto Peruano de Productos Naturales, manifestó su preocupación por el impacto económico en la industria del sector, dado que no solo están vinculadas las farmacéuticas, sino las empresas pequeñas y formales que podrían verse afectadas por la regalía del 10 por ciento.
En ese sentido, Vilcapoma dijo que pese a que existen opiniones encontradas, llegará un momento en que exista una horizontalidad de criterio. “El principio de todo desarrollo es que haya equilibrio entre estado, empresa, y comunidades”. Por ser mayoría, serían las organizaciones indígenas quienes determinen si el porcentaje es suficiente, indicó.
Velazco sostuvo que, junto con otras entidades, pedirán al Gobierno representación en el comité administrador del fondo. Al respecto, el vicepresidente de Interculturalidad, afirmó que “La ley no los contempla y no se puede ir sobre ella”, pero reconoció que es necesario incluir a la industria en el proceso de implementación de la norma.
“Más allá de tener una posición de interés en la Ley, hay que destinarle recursos, apoyo, convocar a especialistas para que trabajen en su implementación”, afirma Manuel Ruiz, director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Agrega que es necesario brindarle mayor difusión y convocar a los propios pueblos indígenas y sus representantes para continuar con el proceso de sensibilización. “En la SPDA estamos convencidos de que es una herramienta importante que debe aplicarse de una manera mucho más decidida”.
Registro de saberes indígenas
Desde que se emitió la norma, el Indecopi avanza en el registro de los conocimientos indígenas asociados a los usos y propiedades de la biodiversidad, que es otro de los aspectos regulados por la Ley 27811.
El objetivo de los registros es preservar los conocimientos de los pueblos originarios y sus derechos sobre ellos, y sirven como prueba cuando se presenta una denuncia contra un tercero que ha utilizado un conocimiento colectivo sin el consentimiento informado previo (CIP) del pueblo indígena.
Hasta el 2009, esta entidad presentó 92 registros. Del total, 70 pertenecen al Registro Nacional Confidencial, 19 al Registro Nacional Público y 3 a ambos. En el mismo período, se abandonaron 99 solicitudes de registro, debido sobre todo a la dificultad de contar con las muestras del recurso biológico adecuadas.
De los 92 títulos otorgados, 27 pertenecen a comunidades nativas de la selva peruana; y 65 a comunidades campesinas de la sierra del país. En tanto, los pueblos con más títulos son: Comunidad Nativa Kivinaki (26), Comunidad Nativa Bajo Aldea (25); Comunidad Campesina Vischongo (14) y la Comunidad Nativa Callería (12).
Cabe señalar que existen tres tipos de registros, pero solo los dos primeros están a cargo de Indecopi. El primero es el Registro Nacional Público, que está conformado por todos los conocimientos de dominio público, es decir que hayan salido en medios de comunicación masiva (libros, publicaciones en general).
El segundo es el Registro Nacional Confidencial, que contiene los conocimientos que todavía no lo conocen personas ajenas a los pueblos indígenas; y por último figura el Registro Local, que es efectuado por los propios pueblos indígenas en sus comunidades según sus costumbres y forma de organización.
Se espera que la Ley 27811 se implemente efectivamente, puesto que hasta hoy, solo el sector privado se ha beneficiado de los usos de los conocimientos de los pueblos indígenas. En el 2010, en el país se facturaron alrededor de diez millones de dólares por exportaciones de productos naturales.
Parte del valor de estos conocimientos radica en que pueden ser base para la investigación y desarrollo de nuevos productos (principalmente en la industria farmacéutica, cosmética y de productos naturales), y además contribuyen al ahorro de tiempo y costo en esas investigaciones.
Enlaces
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=4911
jueves, 14 de abril de 2011
A EL PROGRAMA REDD (Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal)
Por Cynthia Cárdenas Palacios.
Frente a la crisis ecológica que viene atravesando la humanidad producto de la organización de la vida social bajo el sistema capitalista y la economía consumista y depredadora, trayendo como consecuencia el deterioro del planeta, los países del Norte conciben a la Amazonía, como un potencial para frenar los impactos del cambio climático, partiendo del supuesto “mantenimiento de los bosques tropicales”, a través de un programa que aseguraría la compra de bonos de carbono, a cambio de que los países que poseen bosques vírgenes los conserven. Esta propuesta pretende mostrar una cara más amigable y ecológica de las empresas transnacionales, quienes se encuentran en la obligación moral de reducir las emisiones de CO2 en un 60% a 80%, si quieren verdaderamente frenar el calentamiento global. Hasta el momento las reuniones celebradas en nombre del Cambio climático, han sido orientadas bajo los intereses de los países dominantes, no llegando a un acuerdo claro sobre; cuánto va a reducir cada país, cual es la meta y en que período se hará, actualmente venimos aceptando una temperatura mayor en 2° C, lo que significaría el incremento del calentamiento para algunos países, la desaparición de glaciares para otros, hambruna y extinción de especies vegetales y animales.
La compra de bonos de carbono se presenta para el capitalismo como una salida más barata, en su compromiso por reducir la emisión de gases contaminantes, convirtiéndose los países pobres en los subsidiarios de los países ricos, permitiéndoles seguir contaminado a cambio de pagos, entrando en una suerte de mercantilización de los bosques y la privatización futura de servicios ambientales.
Frente a esta propuesta, los pueblos indígenas vienen desarrollando planteamientos que contengan mecanismos para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques, y lograr una gestión sostenible de los mismos, no solamente estimando a los bosques en términos de captura de CO2, sino en cuanto ciertamente se necesita para conservar el bosque, y evitar que la humanidad desaparezca.
Las Propuestas de una REDD indígena implicarían:
1. Atención inmediata del reconocimiento y titulación del territorio ancestral indígena por parte del Estado, completando la titulación de comunidades que ocupan áreas solo como posesionarias, y ampliación de los títulos comunales que por el crecimiento poblacional se pone en riesgo su sobrevivencia.
2. Pleno control de los bosques por los pueblos indígenas, promoviendo un manejo integral, no sólo como medios para absorber CO2, sino también considerando las posibilidades de recursos para los pueblos indígenas y la humanidad, Respetando la regeneración y continuación de los ciclos naturales, estructuras y procesos vitales de la tierra, no amenazando la integridad del territorio.
3. Incorporar la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizando su cumplimiento y respeto, mediante precauciones efectivas sobre el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incorporándolos no sólo en los procesos, sino articulando las propuestas elaboradas por ellos.
4. Énfasis en la reducción de los gases de efecto invernadero y no sólo en el mercado de carbono, los países desarrollados deben descolonizar la atmosfera, ha sido ocupada por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
5. Equidad y no colonialidad en la distribución de los beneficios, no a las desigualdades que sólo beneficiarían a las empresas, para ello debe haber una relación directa entre los pueblos indígenas y empresas contaminantes, evitando entrar al mercado de los bonos de carbono, que serían capturados por los especuladores de valores de estos bonos.
6. Capacitación de la población indígena en torno a temas de carbono y sobre los problemas de la contaminación.
7. Para hablar de crecimiento del PBN, se debe tomar en cuenta la destrucción y derroche de los recursos naturales, adoptándose indicadores que permitan considerar de manera combinada, el índice de desarrollo humano y la huella ecológica para medir nuestra situación ambiental.
Los planteamientos propuestos por los pueblos indígenas no pretenden retomar las formas tradicionales indígenas, sino por el contrario proponer un nuevo sistema, más equilibrado entre la naturaleza y el ser humano, basado en los principios de complementariedad, solidaridad, equidad y respeto no sólo de los derechos humanos, sino también de los derechos de la madre tierra, si queremos salvar al planeta y por ende evitar la destrucción de la especie humana.
Frente a la crisis ecológica que viene atravesando la humanidad producto de la organización de la vida social bajo el sistema capitalista y la economía consumista y depredadora, trayendo como consecuencia el deterioro del planeta, los países del Norte conciben a la Amazonía, como un potencial para frenar los impactos del cambio climático, partiendo del supuesto “mantenimiento de los bosques tropicales”, a través de un programa que aseguraría la compra de bonos de carbono, a cambio de que los países que poseen bosques vírgenes los conserven. Esta propuesta pretende mostrar una cara más amigable y ecológica de las empresas transnacionales, quienes se encuentran en la obligación moral de reducir las emisiones de CO2 en un 60% a 80%, si quieren verdaderamente frenar el calentamiento global. Hasta el momento las reuniones celebradas en nombre del Cambio climático, han sido orientadas bajo los intereses de los países dominantes, no llegando a un acuerdo claro sobre; cuánto va a reducir cada país, cual es la meta y en que período se hará, actualmente venimos aceptando una temperatura mayor en 2° C, lo que significaría el incremento del calentamiento para algunos países, la desaparición de glaciares para otros, hambruna y extinción de especies vegetales y animales.
La compra de bonos de carbono se presenta para el capitalismo como una salida más barata, en su compromiso por reducir la emisión de gases contaminantes, convirtiéndose los países pobres en los subsidiarios de los países ricos, permitiéndoles seguir contaminado a cambio de pagos, entrando en una suerte de mercantilización de los bosques y la privatización futura de servicios ambientales.
Frente a esta propuesta, los pueblos indígenas vienen desarrollando planteamientos que contengan mecanismos para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques, y lograr una gestión sostenible de los mismos, no solamente estimando a los bosques en términos de captura de CO2, sino en cuanto ciertamente se necesita para conservar el bosque, y evitar que la humanidad desaparezca.
Las Propuestas de una REDD indígena implicarían:
1. Atención inmediata del reconocimiento y titulación del territorio ancestral indígena por parte del Estado, completando la titulación de comunidades que ocupan áreas solo como posesionarias, y ampliación de los títulos comunales que por el crecimiento poblacional se pone en riesgo su sobrevivencia.
2. Pleno control de los bosques por los pueblos indígenas, promoviendo un manejo integral, no sólo como medios para absorber CO2, sino también considerando las posibilidades de recursos para los pueblos indígenas y la humanidad, Respetando la regeneración y continuación de los ciclos naturales, estructuras y procesos vitales de la tierra, no amenazando la integridad del territorio.
3. Incorporar la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizando su cumplimiento y respeto, mediante precauciones efectivas sobre el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incorporándolos no sólo en los procesos, sino articulando las propuestas elaboradas por ellos.
4. Énfasis en la reducción de los gases de efecto invernadero y no sólo en el mercado de carbono, los países desarrollados deben descolonizar la atmosfera, ha sido ocupada por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
5. Equidad y no colonialidad en la distribución de los beneficios, no a las desigualdades que sólo beneficiarían a las empresas, para ello debe haber una relación directa entre los pueblos indígenas y empresas contaminantes, evitando entrar al mercado de los bonos de carbono, que serían capturados por los especuladores de valores de estos bonos.
6. Capacitación de la población indígena en torno a temas de carbono y sobre los problemas de la contaminación.
7. Para hablar de crecimiento del PBN, se debe tomar en cuenta la destrucción y derroche de los recursos naturales, adoptándose indicadores que permitan considerar de manera combinada, el índice de desarrollo humano y la huella ecológica para medir nuestra situación ambiental.
Los planteamientos propuestos por los pueblos indígenas no pretenden retomar las formas tradicionales indígenas, sino por el contrario proponer un nuevo sistema, más equilibrado entre la naturaleza y el ser humano, basado en los principios de complementariedad, solidaridad, equidad y respeto no sólo de los derechos humanos, sino también de los derechos de la madre tierra, si queremos salvar al planeta y por ende evitar la destrucción de la especie humana.
miércoles, 16 de febrero de 2011
CONACAMI: Gobierno buscaría aliados en reunión para analizar Decretos de Urgencia 001 y 002
SERVINDI. Frente a la reunión convocada por el Gobierno para analizar los cuestionados Decretos de Urgencia 001 y 002, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Conacami, señaló que es probable que se realice con el fin de que el Ejecutivo busque aliados.
Benito Calixto Guzmán, secretario de Relaciones Internacionales y Exteriores de Conacami Perú, sostuvo que quienes deben decidir sobre los territorios de los pueblos y comunidades no es el Gobierno nacional, ni otras instituciones como la Iglesia y ongs, sino los pueblos originarios.
“Nosotros tenemos autonomía económica, administrativa y por lo mismo se tiene que pasar por un proceso de consulta a las mismas comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos originarios del país”, indicó Calixto Guzmán.
Manifestó que la reunión se efectúa de manera equivocada con algunas instituciones gubernamentales, en referencia a los gobiernos regionales y Defensoría del Pueblo, entidades que junto con la Conferencia Episcopal fueron invitados a la reunión.
Próximas medidas
Tras indicar que no existe algún tipo de conversación con el Gobierno, Calixto Guzmán dijo que su entidad está llevando a cabo una campaña de sensibilización en las comunidades campesinas alejadas de las ciudades respecto al tema.
“En algunas comunidades ni siquiera llegan los medios, los periódicos no llegan con mucha fluidez a las comunidades de la amazonia ni del ande. Por eso, estamos en ese proceso de comunicar a todas las comunidades, que lamentablemente este gobierno neoliberal tiene la intención de vulnerar una vez más los derechos de los pueblos indígenas”.
Finalmente, reiteró la posición de Conacami de rechazo absoluto a los cuestionados decretos de urgencia porque atentan contra los derechos indígenas. “Como Conacami rechazamos la actitud negativa del gobierno central, que preside Alan García conjuntamente con el CM, y seguro con el aval de algunas instituciones del estado”.
Secretario General de la ONU precisó que la situación de los Pueblos Indígenas en Perú es preocupante
En el mismo Palacio de Gobierno y frente al presidente Alan García; el secretario general de las Naciones Unidas – ONU, Ban Kin Moon, dijo que la situación que viven los pueblos indígenas en el país es una preocupación latente para la organización internacional y exhortó al jefe de Estado a que respete los derechos de los pueblos cumpliendo con los procesos de consulta y participación cuando un proyecto se va a ejecutar en sus tierras.
Pero no solo eso, sino que reclamó que el gran reto del gobierno peruano ahora es “diseminar” el progreso que pregona entre la población más vulnerable, especialmente de las áreas rurales donde viven los pueblos indígenas e instó a Alan García, y a quien le suceda en el cargo, a extender los logros del crecimiento económico del país a los pueblos indígenas.
"Aquí en Perú y en otros países de la región (latinoamericana) los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo un motivo de preocupación", señaló.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que para el organismo es de gran importancia el cumplimiento las aspiraciones legítimas de estos pueblos, llamados en Perú "originarios", a través de la consulta y la participación.
La nueva ley aún no se discute en el Congreso Nacional, pero algunos líderes indígenas consideran que existe el peligro de incluir algunas normas que pueden perjudicar los intereses de los pueblos originarios.
Pero no solo eso, sino que reclamó que el gran reto del gobierno peruano ahora es “diseminar” el progreso que pregona entre la población más vulnerable, especialmente de las áreas rurales donde viven los pueblos indígenas e instó a Alan García, y a quien le suceda en el cargo, a extender los logros del crecimiento económico del país a los pueblos indígenas.
"Aquí en Perú y en otros países de la región (latinoamericana) los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo un motivo de preocupación", señaló.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que para el organismo es de gran importancia el cumplimiento las aspiraciones legítimas de estos pueblos, llamados en Perú "originarios", a través de la consulta y la participación.
La nueva ley aún no se discute en el Congreso Nacional, pero algunos líderes indígenas consideran que existe el peligro de incluir algunas normas que pueden perjudicar los intereses de los pueblos originarios.
miércoles, 12 de enero de 2011
La Amazonía y el excremento del diablo
Roger Rumrrill
12 de enero, 2011.- “El petróleo empobrece. Los diamantes, el gas y el cobre también. Los países pobres que cuentan con abundantes recursos naturales suelen ser subdesarrollados. Esto ocurre no a pesar de sus riquezas naturales, sino debido a ellas”, escribe el destacado analista de la globalización Moisés Naím y para reforzar lo dicho cita las palabras del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que decía que el petróleo no es el oro negro sino el excremento del diablo.
En efecto, una suerte de maldición pesa sobre muchos de los países de África, Asia y América Latina ricos en materias primas, pero castigados por una endémica corrupción, con gobiernos autoritarios, altas tasas de pobreza, exportadores sólo de materias primas y con estados capturados por el gran capital nacional y extranjero. Se cuentan con los dedos de la mano los países que siendo ricos en petróleo, han logrado conjurar la maldición. Uno de ellos es Noruega.
El boom minero y la ilusión exportadora que vive el Perú y que le hace fantasear al presidente García soñando que estamos a un paso “del primer mundo” es, para muchos pueblos andinos-andinos, con frecuencia una maldición por los devastadores impactos ambientales en sus tierras, ríos y lagos y porque en vez de mejorar su nivel de vida la minería los está empobreciendo aún más.
Para varios pueblos indígenas de la Amazonía, el petróleo es el excremento del diablo. Según un reciente estudio efectuado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Propuesta Ciudadana, Loreto ha recibido a lo largo de 31 años 6,400 millones de soles por concepto de canon. Sin embargo, el 56 por ciento de la población es pobre.
Pero entre los pobres extremos están los pueblos indígenas que sobreviven en las provincias y los distritos de donde se extrae el 90 por ciento del petróleo que produce el Perú, particularmente en los distritos de Morona y Andoas, abrumados por la pobreza y los terribles impactos de la contaminación, la hepatitis “b” y otros males.
Es posible conjurar la maldición del petróleo como el excremento del diablo. Lo primero que habría que hacer en Loreto y el resto de la Amazonía, es barrer la hedionda corrupción que infesta la mayoría de los Gobiernos Regionales y buena parte de las alcaldías distritales, distribuyendo con equidad la riqueza, evitando el dispendio en gastos corrientes y en obras suntuarias e invirtiendo en la clave del desarrollo humano: en buena salud y en Educación de calidad.
martes, 11 de enero de 2011
Al año y medio de Bagua: La receta de Gatopardo
Por Frederica Barclay
Bagua conmocionó al país. Por su saldo trágico y absurdo de muertos debido al manejo de un operativo desproporcionado y deficiente por el que nadie ha asumido responsabilidad. Por la puesta en evidencia de la forma subrepticia como el Gobierno de Alan García intentó echarse abajo el régimen constitucional relativo a los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía en beneficio de grandes intereses particulares. Después de los acontecimientos, la indignación de la ciudadanía fue proporcional a la magnitud de la conmoción. La reacción de diversos organismos encargados de cautelar el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos de los que el Perú es signatario tampoco se dejó esperar, y el país quedó expuesto a muy serias llamadas de atención.
Se hubiera esperado que el Gobierno enmendara rumbos. Eso pareció cuando se crearon las cuatro mesas de diálogo con el compromiso de implementar las propuestas que surgieran de ellas. Pero año y medio más tarde resulta claro que se trató de un cambio de actitud para que nada cambie, la receta de Gatopardo…
La mesa 1 concluyó con un informe oficialista de la comisión creada para investigar los sucesos de Bagua. Lejos de explicar las causas del conflicto y de establecer responsabilidades, el informe atribuía todo a unos malos instigadores y a la ignorancia de los indígenas. Si bien el Gobierno no pudo evitar el cambio de Gabinete en su momento, ninguno de los responsables políticos u operativos ha recibido sanciones de cualquier índole luego de que el informe “en minoría” y al menos dos de los informes del Congreso sobre la misma materia documentaran con detalle los vicios de su actuación. El Gobierno podría haber dado por pasada la página si no fuera porque la designación de la candidata de su partido a las elecciones presidenciales ha hecho recordar las manchas de sangre.
La mesa 2 concluyó con el acuerdo, subsecuentemente limitado por los delegados del Gobierno, de dar marcha atrás en relación con todas las normas que habían originado las protestas del 2008 y 2009 que aún no había derogado el Congreso, pero varios asuntos siguen en pie. Además, el régimen parece interesado en evitar por todos los medios que la nueva Ley Forestal sea consultada. No sorprende. No es solo que el proyecto de ley 04141/2009-PE, ya en manos de la Comisión Agraria del Congreso, todavía no ofrece las garantías plenas de respeto de los territorios de los pueblos indígenas, sino que tampoco tiene intención de implementar el procedimiento de consulta previa sobre el cual trató la mesa 3 con empeño y de buena fe. La observación por el Gobierno del proyecto de ley de consulta que aprobó el Congreso, con el único propósito de bloquearlo, no lo exime de la obligación establecida por el Convenio 169 de la OIT, pero le ha valido para seguir actuando arbitrariamente una y otra vez en este periodo. A pesar de las llamadas de atención de la Defensora del Pueblo.
“Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad”.
No de otra manera se puede calificar la ronda de licitación de lotes petroleros que se acaba de llevar a cabo y que ha otorgado 13 nuevas concesiones en la Amazonía sobre territorios indígenas, así como el anuncio de que se pretende conceder 11 más en negociación directa, insistiendo en que la farsa de las reuniones informativas cumple con la obligación fundamental de la consulta.
Peor aún: ahora se propone eliminar el requisito de los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos hidroeléctricos, varios de los cuales se harían sobre territorios indígenas, hasta la concesión definitiva. La lista de proyectos post-Bagua ante los cuales el Gobierno muestra absoluta lenidad, incluida la propuesta de permitir que un ducto atraviese el Santuario Nacional Megantoni, es extensa. No lo es menos la relación de asuntos acordados en la mesa 4 en relación con un plan de desarrollo para la Amazonía que el Gobierno ha incumplido.
Pero no es solo en el plano normativo y administrativo donde se aprecia la falta de voluntad del Gobierno para enmendar rumbos. Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad. Es vergonzoso que ello se ejecute en territorio del pueblo awajún, víctima del operativo de Bagua. Allí el Gobierno ha creado una “Coordinadora” que tiene de padrino nada menos que al almirante Giampietri (ver foto) y cuyo único propósito es quebrar voluntades, corromper líderes y dirigentes para que acepten los proyectos mineros y debilitar así a las organizaciones que están decididas a defender sus tierras, mientras se hostiliza a los que se oponen. Para los awajún, no es poco lo que está en juego. Aparte de las concesiones mineras en la frontera, para las que el Gobierno aprista sancionó el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, y del lote petrolero 116, que, con un área de 856 mil Ha, se superpone a casi un centenar de comunidades awajún y wampis de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva y Marañón, se acaba de conceder a Emerald Energy el lote 165 y están pendientes de concesión dos más (172 y 163).
Las consecuencias de esto incluyen un grave incremento de la conflictividad que pone en riesgo la paz social en esa región. Pero este estilo de trabajo con financiamiento gubernamental —antes implementado más bien por las empresas petroleras— empieza a verse asimismo en otras zonas donde se quiere empujar proyectos que son rechazados por la población indígena y sus organizaciones. Esperemos que no esté a la vuelta de la esquina otra Bagua
Tomado de SERVINDI
Bagua conmocionó al país. Por su saldo trágico y absurdo de muertos debido al manejo de un operativo desproporcionado y deficiente por el que nadie ha asumido responsabilidad. Por la puesta en evidencia de la forma subrepticia como el Gobierno de Alan García intentó echarse abajo el régimen constitucional relativo a los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía en beneficio de grandes intereses particulares. Después de los acontecimientos, la indignación de la ciudadanía fue proporcional a la magnitud de la conmoción. La reacción de diversos organismos encargados de cautelar el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos de los que el Perú es signatario tampoco se dejó esperar, y el país quedó expuesto a muy serias llamadas de atención.
Se hubiera esperado que el Gobierno enmendara rumbos. Eso pareció cuando se crearon las cuatro mesas de diálogo con el compromiso de implementar las propuestas que surgieran de ellas. Pero año y medio más tarde resulta claro que se trató de un cambio de actitud para que nada cambie, la receta de Gatopardo…
La mesa 1 concluyó con un informe oficialista de la comisión creada para investigar los sucesos de Bagua. Lejos de explicar las causas del conflicto y de establecer responsabilidades, el informe atribuía todo a unos malos instigadores y a la ignorancia de los indígenas. Si bien el Gobierno no pudo evitar el cambio de Gabinete en su momento, ninguno de los responsables políticos u operativos ha recibido sanciones de cualquier índole luego de que el informe “en minoría” y al menos dos de los informes del Congreso sobre la misma materia documentaran con detalle los vicios de su actuación. El Gobierno podría haber dado por pasada la página si no fuera porque la designación de la candidata de su partido a las elecciones presidenciales ha hecho recordar las manchas de sangre.
La mesa 2 concluyó con el acuerdo, subsecuentemente limitado por los delegados del Gobierno, de dar marcha atrás en relación con todas las normas que habían originado las protestas del 2008 y 2009 que aún no había derogado el Congreso, pero varios asuntos siguen en pie. Además, el régimen parece interesado en evitar por todos los medios que la nueva Ley Forestal sea consultada. No sorprende. No es solo que el proyecto de ley 04141/2009-PE, ya en manos de la Comisión Agraria del Congreso, todavía no ofrece las garantías plenas de respeto de los territorios de los pueblos indígenas, sino que tampoco tiene intención de implementar el procedimiento de consulta previa sobre el cual trató la mesa 3 con empeño y de buena fe. La observación por el Gobierno del proyecto de ley de consulta que aprobó el Congreso, con el único propósito de bloquearlo, no lo exime de la obligación establecida por el Convenio 169 de la OIT, pero le ha valido para seguir actuando arbitrariamente una y otra vez en este periodo. A pesar de las llamadas de atención de la Defensora del Pueblo.
“Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad”.
No de otra manera se puede calificar la ronda de licitación de lotes petroleros que se acaba de llevar a cabo y que ha otorgado 13 nuevas concesiones en la Amazonía sobre territorios indígenas, así como el anuncio de que se pretende conceder 11 más en negociación directa, insistiendo en que la farsa de las reuniones informativas cumple con la obligación fundamental de la consulta.
Peor aún: ahora se propone eliminar el requisito de los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos hidroeléctricos, varios de los cuales se harían sobre territorios indígenas, hasta la concesión definitiva. La lista de proyectos post-Bagua ante los cuales el Gobierno muestra absoluta lenidad, incluida la propuesta de permitir que un ducto atraviese el Santuario Nacional Megantoni, es extensa. No lo es menos la relación de asuntos acordados en la mesa 4 en relación con un plan de desarrollo para la Amazonía que el Gobierno ha incumplido.
Pero no es solo en el plano normativo y administrativo donde se aprecia la falta de voluntad del Gobierno para enmendar rumbos. Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad. Es vergonzoso que ello se ejecute en territorio del pueblo awajún, víctima del operativo de Bagua. Allí el Gobierno ha creado una “Coordinadora” que tiene de padrino nada menos que al almirante Giampietri (ver foto) y cuyo único propósito es quebrar voluntades, corromper líderes y dirigentes para que acepten los proyectos mineros y debilitar así a las organizaciones que están decididas a defender sus tierras, mientras se hostiliza a los que se oponen. Para los awajún, no es poco lo que está en juego. Aparte de las concesiones mineras en la frontera, para las que el Gobierno aprista sancionó el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, y del lote petrolero 116, que, con un área de 856 mil Ha, se superpone a casi un centenar de comunidades awajún y wampis de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva y Marañón, se acaba de conceder a Emerald Energy el lote 165 y están pendientes de concesión dos más (172 y 163).
Las consecuencias de esto incluyen un grave incremento de la conflictividad que pone en riesgo la paz social en esa región. Pero este estilo de trabajo con financiamiento gubernamental —antes implementado más bien por las empresas petroleras— empieza a verse asimismo en otras zonas donde se quiere empujar proyectos que son rechazados por la población indígena y sus organizaciones. Esperemos que no esté a la vuelta de la esquina otra Bagua
Tomado de SERVINDI
Presentación de Libro: “Mitología Shipibo. Una travesía en el imaginario shipibo”
Después de su exitosa presentación en Pucallpa, el jueves 13 de enero se presentará en Lima el libro: “Mitología Shipibo. Un viaje en el imaginario de un pueblo amazónico”. La cita es a las 7 p.m. en la Sala Paracas del Museo de la Nación, situado en la Av. Javier Prado Este 2465, San Borja. El ingreso es libre.
La presentación será presidida por Juan Ossio Acuña, Ministro de Cultura, la investigadora francesa y autora del libro Pierrette Bertrand-Ricoveri, y José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad.
La obra será comentada por Gustavo Solís Fonseca, presidente del Centro de Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por Jonás Franco Ahuanari, representante de la Comunidad Shipiba Amaquiria del distrito de Iparía.
Cabe indicar que “Mitología Shipibo” es un libro excepcional sobre la cosmovisión del pueblo shipibo, que está vinculada con la naturaleza y mantiene su estructura holística.
Además, este trabajo contribuye a la aproximación de un pueblo, al dilucidar las ideas y los sueños de quienes los viven.
Pierrette Bertrand-Ricoveri es doctora en Psicología, en Letras y Ciencias Humanas, investigadora y profesora de la Universidad de París.
Ha combinado siempre la experiencia del terreno antropológico y el clínico. En la Amazonía peruana, hizo varios trabajos de campo durante más de diez años.
Sus investigaciones han seguido un itinerario pluridisciplinario acerca de los mitos y de los ritos terapéuticos de la tradición oral.
Por tratarse de una edición en español financiada principalmente por la autora a fin de retribuir moralmente al pueblo Shipibo con el resultado de su investigación el libro tendrá un precio especial en la presentacion.
Tomado de SERVINDI.
La presentación será presidida por Juan Ossio Acuña, Ministro de Cultura, la investigadora francesa y autora del libro Pierrette Bertrand-Ricoveri, y José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad.
La obra será comentada por Gustavo Solís Fonseca, presidente del Centro de Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por Jonás Franco Ahuanari, representante de la Comunidad Shipiba Amaquiria del distrito de Iparía.
Cabe indicar que “Mitología Shipibo” es un libro excepcional sobre la cosmovisión del pueblo shipibo, que está vinculada con la naturaleza y mantiene su estructura holística.
Además, este trabajo contribuye a la aproximación de un pueblo, al dilucidar las ideas y los sueños de quienes los viven.
Pierrette Bertrand-Ricoveri es doctora en Psicología, en Letras y Ciencias Humanas, investigadora y profesora de la Universidad de París.
Ha combinado siempre la experiencia del terreno antropológico y el clínico. En la Amazonía peruana, hizo varios trabajos de campo durante más de diez años.
Sus investigaciones han seguido un itinerario pluridisciplinario acerca de los mitos y de los ritos terapéuticos de la tradición oral.
Por tratarse de una edición en español financiada principalmente por la autora a fin de retribuir moralmente al pueblo Shipibo con el resultado de su investigación el libro tendrá un precio especial en la presentacion.
Tomado de SERVINDI.
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