CONACAMI: Gobierno buscaría aliados en reunión para analizar Decretos de Urgencia 001 y 002

SERVINDI. Frente a la reunión convocada por el Gobierno para analizar los cuestionados Decretos de Urgencia 001 y 002, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Conacami, señaló que es probable que se realice con el fin de que el Ejecutivo busque aliados.
Benito Calixto Guzmán, secretario de Relaciones Internacionales y Exteriores de Conacami Perú, sostuvo que quienes deben decidir sobre los territorios de los pueblos y comunidades no es el Gobierno nacional, ni otras instituciones como la Iglesia y ongs, sino los pueblos originarios.

“Nosotros tenemos autonomía económica, administrativa y por lo mismo se tiene que pasar por un proceso de consulta a las mismas comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos originarios del país”, indicó Calixto Guzmán.

Manifestó que la reunión se efectúa de manera equivocada con algunas instituciones gubernamentales, en referencia a los gobiernos regionales y Defensoría del Pueblo, entidades que junto con la Conferencia Episcopal fueron invitados a la reunión.

Próximas medidas

Tras indicar que no existe algún tipo de conversación con el Gobierno, Calixto Guzmán dijo que su entidad está llevando a cabo una campaña de sensibilización en las comunidades campesinas alejadas de las ciudades respecto al tema.

“En algunas comunidades ni siquiera llegan los medios, los periódicos no llegan con mucha fluidez a las comunidades de la amazonia ni del ande. Por eso, estamos en ese proceso de comunicar a todas las comunidades, que lamentablemente este gobierno neoliberal tiene la intención de vulnerar una vez más los derechos de los pueblos indígenas”.

Finalmente, reiteró la posición de Conacami de rechazo absoluto a los cuestionados decretos de urgencia porque atentan contra los derechos indígenas. “Como Conacami rechazamos la actitud negativa del gobierno central, que preside Alan García conjuntamente con el CM, y seguro con el aval de algunas instituciones del estado”.

Secretario General de la ONU precisó que la situación de los Pueblos Indígenas en Perú es preocupante

En el mismo Palacio de Gobierno y frente al presidente Alan García; el secretario general de las Naciones Unidas – ONU, Ban Kin Moon, dijo que la situación que viven los pueblos indígenas en el país es una preocupación latente para la organización internacional y exhortó al jefe de Estado a que respete los derechos de los pueblos cumpliendo con los procesos de consulta y participación cuando un proyecto se va a ejecutar en sus tierras.

Pero no solo eso, sino que reclamó que el gran reto del gobierno peruano ahora es “diseminar” el progreso que pregona entre la población más vulnerable, especialmente de las áreas rurales donde viven los pueblos indígenas e instó a Alan García, y a quien le suceda en el cargo, a extender los logros del crecimiento económico del país a los pueblos indígenas.

"Aquí en Perú y en otros países de la región (latinoamericana) los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo un motivo de preocupación", señaló.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que para el organismo es de gran importancia el cumplimiento las aspiraciones legítimas de estos pueblos, llamados en Perú "originarios", a través de la consulta y la participación.

La nueva ley aún no se discute en el Congreso Nacional, pero algunos líderes indígenas consideran que existe el peligro de incluir algunas normas que pueden perjudicar los intereses de los pueblos originarios.

La Amazonía y el excremento del diablo

Roger Rumrrill

12 de enero, 2011.- “El petróleo empobrece. Los diamantes, el gas y el cobre también. Los países pobres que cuentan con abundantes recursos naturales suelen ser subdesarrollados. Esto ocurre no a pesar de sus riquezas naturales, sino debido a ellas”, escribe el destacado analista de la globalización Moisés Naím y para reforzar lo dicho cita las palabras del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que decía que el petróleo no es el oro negro sino el excremento del diablo.

En efecto, una suerte de maldición pesa sobre muchos de los países de África, Asia y América Latina ricos en materias primas, pero castigados por una endémica corrupción, con gobiernos autoritarios, altas tasas de pobreza, exportadores sólo de materias primas y con estados capturados por el gran capital nacional y extranjero. Se cuentan con los dedos de la mano los países que siendo ricos en petróleo, han logrado conjurar la maldición. Uno de ellos es Noruega.

El boom minero y la ilusión exportadora que vive el Perú y que le hace fantasear al presidente García soñando que estamos a un paso “del primer mundo” es, para muchos pueblos andinos-andinos, con frecuencia una maldición por los devastadores impactos ambientales en sus tierras, ríos y lagos y porque en vez de mejorar su nivel de vida la minería los está empobreciendo aún más.

Para varios pueblos indígenas de la Amazonía, el petróleo es el excremento del diablo. Según un reciente estudio efectuado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Propuesta Ciudadana, Loreto ha recibido a lo largo de 31 años 6,400 millones de soles por concepto de canon. Sin embargo, el 56 por ciento de la población es pobre.

Pero entre los pobres extremos están los pueblos indígenas que sobreviven en las provincias y los distritos de donde se extrae el 90 por ciento del petróleo que produce el Perú, particularmente en los distritos de Morona y Andoas, abrumados por la pobreza y los terribles impactos de la contaminación, la hepatitis “b” y otros males.

Es posible conjurar la maldición del petróleo como el excremento del diablo. Lo primero que habría que hacer en Loreto y el resto de la Amazonía, es barrer la hedionda corrupción que infesta la mayoría de los Gobiernos Regionales y buena parte de las alcaldías distritales, distribuyendo con equidad la riqueza, evitando el dispendio en gastos corrientes y en obras suntuarias e invirtiendo en la clave del desarrollo humano: en buena salud y en Educación de calidad.

Al año y medio de Bagua: La receta de Gatopardo

Por Frederica Barclay
Bagua conmocionó al país. Por su saldo trágico y absurdo de muertos debido al manejo de un operativo desproporcionado y deficiente por el que nadie ha asumido responsabilidad. Por la puesta en evidencia de la forma subrepticia como el Gobierno de Alan García intentó echarse abajo el régimen constitucional relativo a los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía en beneficio de grandes intereses particulares. Después de los acontecimientos, la indignación de la ciudadanía fue proporcional a la magnitud de la conmoción. La reacción de diversos organismos encargados de cautelar el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos de los que el Perú es signatario tampoco se dejó esperar, y el país quedó expuesto a muy serias llamadas de atención.

Se hubiera esperado que el Gobierno enmendara rumbos. Eso pareció cuando se crearon las cuatro mesas de diálogo con el compromiso de implementar las propuestas que surgieran de ellas. Pero año y medio más tarde resulta claro que se trató de un cambio de actitud para que nada cambie, la receta de Gatopardo…

La mesa 1 concluyó con un informe oficialista de la comisión creada para investigar los sucesos de Bagua. Lejos de explicar las causas del conflicto y de establecer responsabilidades, el informe atribuía todo a unos malos instigadores y a la ignorancia de los indígenas. Si bien el Gobierno no pudo evitar el cambio de Gabinete en su momento, ninguno de los responsables políticos u operativos ha recibido sanciones de cualquier índole luego de que el informe “en minoría” y al menos dos de los informes del Congreso sobre la misma materia documentaran con detalle los vicios de su actuación. El Gobierno podría haber dado por pasada la página si no fuera porque la designación de la candidata de su partido a las elecciones presidenciales ha hecho recordar las manchas de sangre.

La mesa 2 concluyó con el acuerdo, subsecuentemente limitado por los delegados del Gobierno, de dar marcha atrás en relación con todas las normas que habían originado las protestas del 2008 y 2009 que aún no había derogado el Congreso, pero varios asuntos siguen en pie. Además, el régimen parece interesado en evitar por todos los medios que la nueva Ley Forestal sea consultada. No sorprende. No es solo que el proyecto de ley 04141/2009-PE, ya en manos de la Comisión Agraria del Congreso, todavía no ofrece las garantías plenas de respeto de los territorios de los pueblos indígenas, sino que tampoco tiene intención de implementar el procedimiento de consulta previa sobre el cual trató la mesa 3 con empeño y de buena fe. La observación por el Gobierno del proyecto de ley de consulta que aprobó el Congreso, con el único propósito de bloquearlo, no lo exime de la obligación establecida por el Convenio 169 de la OIT, pero le ha valido para seguir actuando arbitrariamente una y otra vez en este periodo. A pesar de las llamadas de atención de la Defensora del Pueblo.

“Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad”.


No de otra manera se puede calificar la ronda de licitación de lotes petroleros que se acaba de llevar a cabo y que ha otorgado 13 nuevas concesiones en la Amazonía sobre territorios indígenas, así como el anuncio de que se pretende conceder 11 más en negociación directa, insistiendo en que la farsa de las reuniones informativas cumple con la obligación fundamental de la consulta.

Peor aún: ahora se propone eliminar el requisito de los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos hidroeléctricos, varios de los cuales se harían sobre territorios indígenas, hasta la concesión definitiva. La lista de proyectos post-Bagua ante los cuales el Gobierno muestra absoluta lenidad, incluida la propuesta de permitir que un ducto atraviese el Santuario Nacional Megantoni, es extensa. No lo es menos la relación de asuntos acordados en la mesa 4 en relación con un plan de desarrollo para la Amazonía que el Gobierno ha incumplido.

Pero no es solo en el plano normativo y administrativo donde se aprecia la falta de voluntad del Gobierno para enmendar rumbos. Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad. Es vergonzoso que ello se ejecute en territorio del pueblo awajún, víctima del operativo de Bagua. Allí el Gobierno ha creado una “Coordinadora” que tiene de padrino nada menos que al almirante Giampietri (ver foto) y cuyo único propósito es quebrar voluntades, corromper líderes y dirigentes para que acepten los proyectos mineros y debilitar así a las organizaciones que están decididas a defender sus tierras, mientras se hostiliza a los que se oponen. Para los awajún, no es poco lo que está en juego. Aparte de las concesiones mineras en la frontera, para las que el Gobierno aprista sancionó el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, y del lote petrolero 116, que, con un área de 856 mil Ha, se superpone a casi un centenar de comunidades awajún y wampis de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva y Marañón, se acaba de conceder a Emerald Energy el lote 165 y están pendientes de concesión dos más (172 y 163).

Las consecuencias de esto incluyen un grave incremento de la conflictividad que pone en riesgo la paz social en esa región. Pero este estilo de trabajo con financiamiento gubernamental —antes implementado más bien por las empresas petroleras— empieza a verse asimismo en otras zonas donde se quiere empujar proyectos que son rechazados por la población indígena y sus organizaciones. Esperemos que no esté a la vuelta de la esquina otra Bagua
Tomado de SERVINDI

Presentación de Libro: “Mitología Shipibo. Una travesía en el imaginario shipibo”

Después de su exitosa presentación en Pucallpa, el jueves 13 de enero se presentará en Lima el libro: “Mitología Shipibo. Un viaje en el imaginario de un pueblo amazónico”. La cita es a las 7 p.m. en la Sala Paracas del Museo de la Nación, situado en la Av. Javier Prado Este 2465, San Borja. El ingreso es libre.
La presentación será presidida por Juan Ossio Acuña, Ministro de Cultura, la investigadora francesa y autora del libro Pierrette Bertrand-Ricoveri, y José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad.

La obra será comentada por Gustavo Solís Fonseca, presidente del Centro de Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por Jonás Franco Ahuanari, representante de la Comunidad Shipiba Amaquiria del distrito de Iparía.

Cabe indicar que “Mitología Shipibo” es un libro excepcional sobre la cosmovisión del pueblo shipibo, que está vinculada con la naturaleza y mantiene su estructura holística.

Además, este trabajo contribuye a la aproximación de un pueblo, al dilucidar las ideas y los sueños de quienes los viven.

Pierrette Bertrand-Ricoveri es doctora en Psicología, en Letras y Ciencias Humanas, investigadora y profesora de la Universidad de París.

Ha combinado siempre la experiencia del terreno antropológico y el clínico. En la Amazonía peruana, hizo varios trabajos de campo durante más de diez años.

Sus investigaciones han seguido un itinerario pluridisciplinario acerca de los mitos y de los ritos terapéuticos de la tradición oral.

Por tratarse de una edición en español financiada principalmente por la autora a fin de retribuir moralmente al pueblo Shipibo con el resultado de su investigación el libro tendrá un precio especial en la presentacion.
Tomado de SERVINDI.

Pronunciamiento del Colectivo Nugkui ante la pretensión de eliminar los Estudios de Impacto Ambiental

El colectivo Nugkui, siguiendo la línea del compromiso con las comunidades amazónicas, se pronuncia al respecto:

El Consejo de Ministros mediante el Proyecto de Ley 4335 pretende derogar normas que garantizan la certificación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)[1] en zonas concesionadas para la instalación y operación de centrales hidroeléctricas. Este Proyecto de Ley plantea modificaciones importantes a la Ley de Concesiones eléctricas vigente, Ley N. 25844, como la eliminación de la Concesión Temporal. De la misma manera, pretende no considerar los EIA como requisito previo para otorgar concesiones. Se entiende, entonces, que la propuesta supone:

Eliminar los EIA para la construcción de megaproyectos o en su defecto realizar el estudio una vez otorgada la concesión.

La aplicación de un EIA luego de una concesión definitiva no tiene sentido, pues no permitiría aprovechar las recomendaciones del EIA e incorporarlo al diseño del proyecto ya que este estaría definido. La propuesta del ejecutivo beneficiaría incluso a proyectos hidroeléctricos que se encuentran en trámites.

Aunque las modificaciones hechas fueron en 4 de los 171 artículos, la trascendencia de estos no debe verse del punto de vista cuantitativo. La magnitud de estos cambios debe ser observada en las verdaderas implicancias y motivos de las modificaciones.

El nefasto proyecto de ley 4335 significa un retroceso en políticas medioambientales. De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, el país registra un alto índice de conflictos socio ambientales (60% del total de conflictos son ambientales). Reluce, entonces, la poca voluntad del gobierno peruano de resolver dichos conflictos, por el contrario en nombre de los “beneficios” de la inversión privada pretende menoscabar el derecho de las comunidades campesinas e indígenas a desarrollarse en un espacio saludable y a decidir libremente la aceptación o rechazo de la instalación de megaproyectos.

Los luctuosos sucesos de Bagua no han servido para que el gobierno reflexione y reconsidere su visión de "desarrollo". De aprobarse el decreto 4335, las HIdroeléctricas deI Nambari, (Madre de dios), Pakitzapango (Junín), Rentema (Amazonas), Cumba 4 (Cajamarca), Chadin 2 (Amazonas), La Balsa (Amazonas), Pambo- Puerto Prado (Junín), Cuquipampa (Huancavelica), Vizcatán (Huancavelica), y la de Urubamba (Cusco) entrarían en funcionamiento sin la mínima de garantías para la población receptora, perfilándose como nuevos focos de convulsión social en nuestro país.

Lamentablemente, las verdaderas intenciones de estas modificaciones tienen que ser literalmente descifradas de las sutiles declaraciones en los artículos, que al “buen ojo” del ciudadano común lo tiende a engañar y a confundir.

Hacemos pública esta pretensión del Proyecto de Ley que sólo tiene un beneficiario: el poseedor del poder económico y de las decisiones que queremos denunciar.

Así mismo, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Ancash quienes en defensa de la laguna Conococha y los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca, vienen siendo violentamente reprimidos. Exigimos al gobierno peruano la nulidad de la constancia de aprobación expedida por el MEM a favor de Chancadora Centauro. Respeto a la Ley de Recursos hídricos y Ley de Medio Ambiente. Apelamos a que se instalen los canales de comunicación necesarios sin ningún tipo de condicionamientos por parte del estado.

Colectivo Nugkui.

[1]Análisis de los impactos ambientales que incluyen aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución puede producir impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el ambiente y/o que pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas o fácilmente aplicables. El EIA forma parte de la certificación ambiental previa a cualquier proyecto de inversión pública y que implique actividades o construcciones que puedan causas impactos ambientales. El EIA es de carácter obligatorio para todos los sectores. (SEIA, 2001. Ley 27446)

Explota conflicto social en Áncash por exploraciones de minera Chancadora Centauro

Paralización contra la minera es total en Huaraz. Carretera Pativilca-Huaraz está bloqueada. El lunes murió un manifestante, hay siete civiles y 14 policías heridos. Concesión otorgada a la minera Centauro pone en peligro la laguna de Conococha y a tres ríos en esa región.

El riesgo que se cierne sobre la mítica laguna Conococha por la explotación minera, puso en pie de lucha a todo el pueblo ancashino que continúa en la brega desde hace una semana en defensa de la cabecera de las cuencas de los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca, las que se verían afectadas en perjuicio de las actividades agrícolas y piscícolas de la zona.

La protesta ha cobrado el lunes la muerte de un manifestante y hasta ayer se contaban siete civiles y 14 policías heridos. Gremios de transportistas, construcción civil, universitarios y otros sectores se movilizaron ayer en rechazo a la concesión otorgada irresponsablemente por el gobierno a la minera Chancadora Centauro, en los alrededores de la laguna Conococha, en Recuay, Áncash.

Ilegal
Efraín Rodríguez Rivera, miembro del Frente Regional de Defensa de la Laguna Conococha (Fedec), explicó a LA PRIMERA que la Ley de Recursos Hídricos establece que la presencia de actividad minera en las cabeceras de cuencas, como es el caso de Conococha, no es factible. De igual modo, mencionó que esa prohibición también está contemplada en la Ley de Medio Ambiente, que agrega restricciones en bofedales y humedales naturales.

Para el dirigente ese argumento normativo es suficiente para demostrar que la minera aurífera está ilegalmente instalada en la laguna, por lo que cabe pedir la nulidad de la constancia de aprobación automática (Nº 068-2010), expedida por el Ministerio de energía y Minas (MEM) a favor de Chancadora Centauro, luego que la minera presentara un estudio de impacto ambiental simple.

Durante la mañana, los manifestantes atentaron contra el local de la municipalidad provincial de Huaraz, la Corte Superior de Áncash y la Fiscalía, así como contra algunas entidades bancarias que sufrieron destrozos de vidrios. Debido a ello, los mercados y centros de abastos de la ciudad permanecieron cerrados para evitar saqueos y otros actos vandálicos.

Incendio
Sin duda el hecho más grave fue el incendio de la fachada del local de Hidroandina, la empresa que brinda servicios de electricidad en la zona norte. Tras el incendio, el jefe de la Dirección Territorial de la PNP en Huaraz, general PNP César Mendoza, responsabilizó a la compañía de bomberos por no acudir al llamado para sofocar el siniestro.

Como resultado de la jornada de protesta, cinco estudiantes universitarios fueron heridos, uno de ellos de gravedad, luego de un enfrentamiento con la Policía que quiso hacer retroceder a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas. Una decena de comuneros y pobladores de Huaraz fueron detenidos durante los enfrentamientos.

Mientras tanto unos dos mil comuneros mantuvieron bloqueadas algunas vías de entrada a Huaraz, sobre todo la carretera Pativilca –Huaraz, donde no se permitió el pase de ningún vehículo. Los integrantes del Frente de Defensa de Huaraz, junto a las organizaciones sociales y la población en general, informaron que hasta que no reciban la visita de una comitiva especial del Ejecutivo, no cesarán las medidas de fuerza.

MEM respalda a minera
En diálogo con una emisora local, el ministro Pedro Sánchez defendió la autorización otorgada a la minera Centauro para realizar actividades mineras cerca de la laguna, tras aducir que sólo se trata de una actividad exploratoria para determinar si existen minerales en la zona.

“Esta exploración es cercana a la laguna de Conococha y al río Santa, pero definitivamente no compromete estas áreas. El tema que se argumenta es que esto va a contaminar. Esto no es cierto. Lo que va hacer la empresa es una búsqueda de mineral y luego de eso es que se entraría a una fase de un estudio de impacto ambiental para ver si el proyecto es factible”, adujo.

Pero ante el incremento del conflicto, Sánchez se vio en la necesidad de remitir una carta al presidente regional encargado de Áncash, Roy Ypanaqué Otta, en la que informó que una delegación de alto nivel viajará al departamento para entablar un diálogo directo con las autoridades y representantes de la sociedad civil que se oponen a los trabajos de exploración minera en la provincia de Recuay.

En la misiva, exhortó a los manifestantes a deponer la medida de fuerza que acatan desde el 6 de diciembre. “Este ministerio ha dispuesto que una delegación de alto nivel presidida por el viceministro de energía y Minas se constituya en la zona para entablar diálogo directo con las autoridades y representantes de la sociedad civil”, señaló.

No hay voluntad de diálogo
El congresista nacionalista de la región Áncash, Freddy Otárola, cuestionó que el ministro Sánchez condicione el diálogo y no encabece la comisión de alto nivel para resolver el conflicto y en su lugar envíe al viceministro de energía, Daniel Cámac.

“Yo responsabilizo al ministro Sánchez y al presidente Alan García de lo que pueda ocurrir en Huaraz. Una vez más están ignorando un conflicto que amenaza con expandirse. Pedimos que el diálogo se dé sin condiciones y los mismos ministros se hagan presentes, la población tiene ganas de dialogar y llegar a una solución. Las medidas de protesta pueden parar, pero también deben parar las actividades de Centauro en la zona”, indicó.

Hay que instalar mesa de diálogo
Vladimir Meza, electo alcalde de Huaraz, llegó a Lima para exigir al gobierno la instalación de una mesa de diálogo a fin de solucionar el conflicto en esa zona del país. Dijo que no debemos esperar que ocurran sucesos como los hechos luctuosos de Bagua para resolver los conflictos sociales.

Meza reclamó, asimismo, que el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, y el ministro del Ambiente, Antonio Brack, se preocupen por el grave problema suscitado por la concesión otorgada a la minera Chancadora Centauro, que explorará en un sector de la laguna Conococha, en Recuay, y que ya ha cobrado una vida, 7 heridos civiles y 14 policías heridos.

Brack, sin embargo, no afrontará los problemas, pues está de viaje en la Cumbre de Cambio Climático, en Cancún, donde -como siempre- su presencia es inadvertida y, donde, además no ha planteado nada novedoso.