El “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil” no traería necesariamente beneficios tangibles al Perú. La posibilidad, por el contrario, de perder irreversiblemente gran parte de sus ecosistemas, quedarse sin fuentes de energía y afectar la totalidad de sus derechos de miles de comunidades ashaninkas no resulta descabellada.Y es que según el Director de Pro Naturaleza, José Serra, la ausencia de una Planificación Energética Nacional da una señal sobre lo apresurado que resultaría la firma de este acuerdo. “Sin un adecuado plan que determine cuánta energía necesitemos en los próximos 50 años y de qué fuentes la obtendremos, entonces ¿cómo podemos pensar en exportar o ceder nuestras fuentes energéticas a otro país sin satisfacer nuestra demanda nacional”, dijo Serra.
El experto consideró la firma como “apresurada”, ya que aún no hemos identificado nuestras necesidades sobre la energía potencial que el Perú posee.
Dicho acuerdo consiste en el compromiso de nuestro país para generar hasta 7200 megavatios de capacidad acumulada de todas las hidroeléctricas que puedan construirse y sus líneas de transmisión en territorio peruano. La firma del mismo está a la espera de su aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República con el Proyecto de Ley 00391/2011-PE.
La planta de Inambari es la que se vería perjudicada con la construcción de represas. Al respecto, Serra cuestionó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el mismo que fue presentado por la empresa Brasileña EGASUR a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de energía y Minas, en octubre del año pasado.
“El EIA no contempla una serie de consideraciones sobre el medio ambiente y las personas que viven en el lugar. Por ejemplo, en los últimos cinco años, la Amazonía ha sufrido dos sequías, más de 9 mil personas serían afectadas al ser desplazadas de su territorio. Hay además una serie de análisis incompletos sobre los impactos económicos y sociales que no están siendo incluidos”, señaló Serra.
Por su parte, la Presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene, Ruth Buendía, pidió a las autoridades la reglamentación de la ley de consulta previa, a fin de que su comunidad sea respetada ante la mediación del proyecto extranjero. “Si el proyecto se lleva a cabo, llevaremos el caso a la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) para que emita una sentencia final sobre el mismo. No vamos a permitir que se dañe nuestro pueblo”, subrayó Buendía.
El temor de la lideresa ashaninka se sustenta en lo señalado por la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR): la realización del proyecto implicaría la deforestación de aproximadamente un millón de hectáreas de selva amazónica por la construcción de cinco hidroeléctricas y sus líneas de transmisión propuestas para la exportación.
Para la coordinadora del Programa energía Sostenible de DAR, Vanessa Cueto, este proyecto resulta inequitativo, al considerar que Brasil tomaría “la mejor parte, llevándose casi todas las fuentes energéticas de nuestro país”.
Llamó la atención, además, sobre la ausencia de una estrategia amazónica. “Si nuestro país carece de un plan sobre nuestras comunidades amazónicas, Brasil, en cambio, sí lo tiene. Aún no sabemos que hacer con nuestra Amazonía. El Perú firma tratados y no pide nada a cambio”, apuntó Cueto.
Gabriel Mazzei
Fuente: Diario La Primera
