Colectivo Nugkui: febrero 2010

jueves, 25 de febrero de 2010

Saúl Puerta, AIDESEP, sostuvo que la policía quiso boicotear movilización amazónica

La movilización de los pueblos andinos y amazónicos, en protesta por la indiferencia del Ejecutivo para solucionar sus demandas, tuvo contundencia en Jaén y Yurimaguas, así lo informó Saúl Puerta, secretario nacional de laAIDESEP y sostuvo que muchos hermanos decidieron no salir a las calles para evitar caer en la provocación del contingente policial que llegó a las diferentes zona.

“Esta fue una movilización anunciada como pacífica, no había razón para trasladar tantos policías, era una clara provocación en la que no queríamos caer.”, expresó.

Asimismo, el líder indígena anunció que la marcha pacífica del 22 de febrero es el inicio de más movilizaciones en todo el país que continuará en los próximos meses hasta lograr que el gobierno escuche las demandas de los pueblos, hasta lograr el retorno libre del Apu Alberto Pizango al Perú, la derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra la amazonía.

“AIDESEP convocará otras marchas pacíficas, realizaremos vigilias hasta lograr que este gobierno acepte que se equivoco, que sigue cometiendo los mismos errores de intentar –con sus políticas- desaparecer a los pueblos indígenas, no cesaremos en nuestra lucha, continuaremos hasta lograr el triunfo final”,concluyó.

miércoles, 24 de febrero de 2010

Perú: El perro glotón y su misterioso capital

- La propiedad comunal en la mira.

Por Alberto Chirif

Los artículos sobre el perro del hortelano preparados para el presidente Alan García por algún escribidor han generado, desde hace cuatro años, una de las mayores conmociones en la Amazonía peruana, al haber enfrentado a organizaciones indígenas con el gobierno. La propuesta para corregir a ese perro fue la creación de otro, un can anti-hortelano, por así decirlo, un perro glotón que come y no deja comer.

Para engordar a la nueva mascota era necesario profundizar la estrategia iniciada por el presidente Fujimori en 1995, con la “ley de tierras” (Nº 26505), consistente en desaparecer a las comunidades campesinas y nativas (los sujetos de derecho indígenas en la legislación nacional) convirtiéndolas en “sociedades de personas”. De este modo quedarían expeditas para parcelar y vender sus tierras. Negocio redondo para inversionistas, como los del grupo Romero y otros que podrían aprovechar la escasa disponibilidad de dinero de la gente del campo (indígenas o no) y su poca comprensión acerca del valor de éste. Así, por pocos soles se lograrían apropiar de grandes extensiones.

Los decretos de 2007, los verdaderos causantes de las protestas (éstas no fueron producto de la manipulación extranjera ni de partidos de oposición, ni de la ignorancia de los indígenas “que no comprendieron el alcance de sus intenciones”), buscaban echarse abajo todos los derechos conquistados por los pueblos indígenas:

anulaban el proceso de consulta para la suscripción de contratos petroleros y mineros en lotes ubicados en territorios comunales;
rebajaban el quórum de la asamblea, de dos tercios al 50%, para la disolución de comunidades y la venta de sus tierras a terceros;
permitían la privatización de los suelos forestales y el cambio de uso a agrícolas en caso de proyectos que fuesen declarados “de interés nacional”;
creaban distintas figuras jurídicas dentro de la comunidad con la finalidad de quebrar la unidad social;
determinaban la expropiación de terrenos comunales usados para servicios públicos;
declaraban como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estuviesen poseídas y fuesen pretendidas por comunidades indígenas u otros pobladores locales; y
permitían que invasores con cuatro años de antigüedad se apropiasen de tierras comunales, con lo cual se anulaba la garantía constitucional que otorga carácter imprescriptible a la propiedad territorial de las comunidades.

La otra parte de la estrategia también ha consistido en continuar y profundizar tendencias anteriores, como la firma de contratos para explotación minera y de hidrocarburos (y otros: forestales, pesqueros, etc.) en territorios de comunidades, tituladas o no (poco importa), sin hacer el menor intento de consulta “previa, de buena fe, mediante procedimientos apropiados, a través de sus organizaciones representativas y que tenga con la finalidad llegar a un acuerdo y obtener el consentimiento de los afectados por la medida”, como señalan el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

De manera perfectamente sincronizada con la estrategia del perro glotón reapareció en la escena nacional el economista Hernando de Soto, adalid del neoliberalismo. Su reentrada fue mediante un video transmitido por la televisión nacional, en el que aparece acompañado por indígenas de Norteamérica y Alaska, supuestamente beneficiados con medidas similares a las que él y el presidente García proponen: individualizar la propiedad comunal para convertir las tierras ancestrales en mercancía, vía hipotecas, arriendos y venta.

Decir que su aparición fue “perfectamente coordinada” no es una expresión descuidada, sino la manera más exacta que encuentro para establecer la colaboración entre el Ejecutivo y de Soto en su común esfuerzo por impulsar la estrategia del perro glotón. En un artículo firmado por Lester Pimentel (Peru Riots Create Reform Opportunity, De Soto Says) (1) , el autor introduce el tema:

“De Soto dijo que su anunciada campaña buscará construir un consenso en torno a la idea de extender derechos de propiedad en el medio rural, allanando el camino para la legislación e implementación de una reforma”.

Luego cita al economista:

“Fui a ver al presidente y le dije ‘voy a hacer esto; ¿me vas a bloquear?, le dijo de Soto. ‘Él dijo no, te vamos a apoyar”. (La palabra utilizada en el original en inglés es “support”, que incluye la idea de “financiar”.)

El autor precisa: “Su instituto [ILD] producirá un video protagonizado por personas de lugares como Alaska y Montana como parte de una campaña, dijo. Él [de Soto] estima el costo total en $ 200.000”.

Bien claro este artículo y las declaraciones que allí hace de Soto, que no dejan dudas sobre su sólida alianza con el presidente para impulsar su estrategia del perro glotón. Ellas ayudan a entender, al menos en parte, el misterioso capital tras de su propuesta. Es probable que la empresa privada financie otra parte de ella. La campaña, como bien se califica en el texto a la operación de de Soto, no está movida por visiones filantrópicas que buscan ayudar a los indígenas a salir de la pobreza, sino por la intención de afianzar las políticas de este gobierno en beneficio de la empresa privada.

En el video, además de los indígenas traídos del Norte, aparecen también líderes de organizaciones indígenas amazónicas y comuneros del llano. De Soto nunca discute su propuesta con ellos, pero sí deja mañosamente la sensación de que la apoyan. Entre los líderes está don Miqueas Mishari, ashaninka, ex presidente de AIDESEP y conductor de uno de los procesos más heroicos de esta organización, como fue la liberación de la esclavitud de miles de indígenas del alto Ucayali (zona de Atalaya), sometidos por “patrones” madereros y ganaderos, y la simultánea titulación de sus tierras, junto con el impulso a su organización. Don Miqueas no sólo no apoya en el video la propuesta de de Soto, sino que reafirma la importancia del territorio (menciona incluso la palabra) para los indígenas. Pero eso poco le importa a de Soto, que debe haber quedado satisfecho con el resultado de dejar la sensación de que su propuesta es apoyada por los indígenas.

Ya antes he comentado las trampas que tiende de Soto en el video. Otros se han referido a los desastres originados en la economía y sociedad de algunos pueblos indígenas del Norte, por haber cedido a los cantos de sirena del mercado. Sobre el tema, ver por ejemplo los análisis de Stefano Varese y del colectivo estadounidense Village Earth (www.servindi.com ywww.viajerosperu.org). También he señalado la irresponsabilidad de de Soto al afirmar que los títulos comunales no sirven para nada, que son apenas papeles. Como dije en anterior oportunidad, se trata de una noticia que, además de falsa, es una convocatoria abierta para la invasión de las tierras comunales.

Pero la reaparición de de Soto va para largo, es para quedarse, y ha seguido insistiendo en la falsedad de que los títulos comunales no tienen validez. Quiero ocuparme ahora de esta afirmación que sólo se puede explicar por dos razones: ignorancia acerca de los alcances de las leyes que amparan los derechos indígenas o mala intención. Por el contrario, afirmo que no hay derechos mejor protegidos que los derechos de los pueblos indígenas y dentro de éstos, en especial, su derecho a la propiedad de sus tierras. ¿Por qué?

Lo primero que hay que decir es que los derechos de los pueblos indígenas están protegidos no sólo por la legislación nacional, sino también por acuerdos, tratados, convenios y declaraciones internacionales aprobados en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Siendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas de la ONU los principales instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios, no son los únicos. Éstos también están fortalecidos por la Convención sobre eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados por la ONU en 1966.

Un aspecto fundamental del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus territorios en el Perú es que ésta es anterior al título. Se titula porque son propietarios, no porque no lo son. La titulación es un trámite administrativo de reconocimiento de una propiedad preexistente. ¿Por qué? Por el carácter originario de los pueblos indígenas, es decir, anteriores al Estado.

Esto lo expresa la ley de comunidades nativas (DL 22171) vigente cuando dice:

“El Estado garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas; levantará el catastro correspondiente y les otorgará títulos de propiedad” (Art. 10).

Queda claro que el Estado no les entrega una propiedad que no tienen sino que les reconoce la que ya tienen. Por esta razón, la ley de comunidades nativas establece la diferencia entre titular tierras de comunidades nativas, en el sentido de reconocerles la propiedad preexistente; y adjudicar tierras, es decir, entregar tierras públicas a colonos y otros particulares que recién se convierten en propietarios al recibirlas. Más aun, en el caso de las mismas comunidades cuyas tierras tituladas se han vuelto insuficientes (por crecimiento demográfico de su propiedad o por la razón que fuera), el Estado puede ampliarlas, pero en este caso ya no se las titula, porque no tienen carácter de ancestrales, sino que se las “adjudica”.

El Convenio 169 afirma el mismo principio cuando establece: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre la tierra que tradicionalmente ocupan”. Una vez más se habla de reconocer su propiedad, lo que quiere decir que ya los pueblos indígenas son propietarios y que lo que debe hacer el Estado es formalizarla. Como lo explica claramente el abogado Pedro García (2) :

“Se debe “reconocer” el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorio, o por decirlo de otra manera se debe ratificar un derecho preexistente. Esta es una nota clave. No existe cesión de derechos de parte del Estado sino reconocimiento de la continuidad histórica del derecho. Se titula no para ser dueños sino porque son dueños”.

El carácter ancestral de la propiedad de los pueblos indígenas, como se verá más adelante cuando cite algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es válido en todos los países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT o que tengan una legislación, como la peruana, que reconozca este principio.

La inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas hace que ellos cuenten con tribunales internacionales para su protección, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Washington; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que funciona en San José, Costa Rica.

Las sentencias de la Corte, que son definitivas e inapelables según el Artículo 67 de la Convención Americana, no son sólo vinculantes para el Estado contra el que se ejerce la demanda sino para el resto de los Estados que forman parte de la OEA y que han aceptado la jurisdicción de la Corte. Veamos algunas de estas sentencias y los derechos que reafirman.

El reconocimiento del carácter originario del derecho ha sido reforzado de manera significativa en la sentencia del caso Sawhoyamaxa vs Paraguay, cuando la Corte declara:

“1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; es decir, el derecho de propiedad territorial de los pueblos indígenas se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el propio uso y posesión tradicional de las comunidades y pueblos”.

La misma sentencia señala las tierras o territorios sobre los que se afirma el derecho del pueblo indígena:

“a la totalidad de tierra y recursos que los [pueblos indígenas] han utilizado tradicionalmente”.

En la sentencia del caso Comunidades Mayas vs Guatemala la Corte sostuvo que “los pueblos indígenas tienen derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras tradicionales y recursos bajo el derecho internacional de los derechos humanos; sin importar si éstos son o no reconocidos en el derecho doméstico”.

La CIDH en el caso Awas Tigni vs Nicaragua señaló que:

“al ignorar y rechazar la demanda territorial de la Comunidad y al otorgar una concesión para aprovechamiento forestal dentro de la tierra tradicional de la Comunidad sin consultar su opinión, el Estado violó una combinación de los siguientes artículos consagrados en la Convención: 4 (Derecho a la Vida), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión), 16 (Libertad de Asociación); 17 (Protección a la Familia); 22 (Derecho de Circulación y de Residencia); y 23 (Derechos Políticos)”.

Respecto a la falta de título, frecuentemente alegada por el Estado o por terceros para violar el derecho de propiedad territorial de los pueblos indígenas, la Corte enfatiza que más que un problema del pueblo indígena, la falta de titulación indica una violación estatal por omisión porque, señaló, “2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro”. De esta manera, la Corte desecha la idea de declarar terra nullius aquellas tierras indígenas que aún no fueron tituladas, y el hacerlo lo califica de violación del derecho de propiedad.

En el caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam la Corte sentó un precedente de gran importancia al no vincular el derecho territorial a la posesión actual cuando la pérdida de la posesión se debió a la violencia de terceros o a actos legislativos o administrativos no consentidos. Consideró entonces que los miembros del pueblo N’djuka eran “los dueños legítimos de sus tierras tradicionales” a pesar de no tener su posesión, porque salieron de ellas como consecuencia de actos de violencia que se produjeron en su contra.

En el caso de la comunidad Yakye Axa vs Paraguay la Corte fue más allá al ordenar que, como medida de reparación por lo que considera una violación del derecho, “el Estado deberá identificar el territorio tradicional de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa y entregárselos de manera gratuita”. La justificación de este derecho a la restitución es clara porque los indígenas perdieron su derecho por causas ajenas a su voluntad y por ello mantienen una pretensión válida incluso frente a terceros inocentes.

Así es como concluye la Corte en el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, cuando dice que “los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de titulo legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe”, pero incluso así “los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

La Corte ha precisado el tema de la consulta y el consentimiento en la sentencia del caso Saramanka en el sentido de que “cuando proyectos de desarrollo o inversión a gran escala pudieran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo indígena, el estado tiene el deber no sólo de consultar sino también de obtener su libre consentimiento informado previo de acuerdo con sus costumbres y tradiciones“.

Después de pasar revista a algunas de las sentencias de la CIDH surgen varias preguntas relacionadas con la arbitraria opinión de de Soto que niega la validez de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. ¿Tienen los empresarios a los que él representa un derecho similar? ¿Tienen declaraciones, convenios y tratados internacionales que avalen su propiedad? ¿Su propiedad tiene carácter ancestral, es decir, es anterior a los títulos y se sustenta incluso en ausencia de éstos? ¿Tienen tribunales internacionales en el ámbito de la ONU y la OEA que amparen sus derechos? En suma, ¿se puede afirmar que los derechos de los pueblos indígenas no tienen fundamento y que sus títulos de tierra son apenas papeles inservibles?

Es claro entonces que si los derechos indígenas no están debidamente protegidos no es por falta de legislación, sino de voluntad política de un Estado que no respeta ni el primer artículo de la Constitución que establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, ni menos el segundo, que determina el derecho de las personas de igualdad ante la ley y a la identidad y pluralidad étnica y cultural.

Lo que no tienen los pueblos indígenas es poder y capacidad económica para corromper al poder. Éste es por desgracia el campo en que se define muchas veces la justicia, digo así por llamar de alguna manera a eso que suelen hacer muchos políticos y empresarios para torcer a su favor decisiones que los favorecen.

Notas:

(1) http://www.ild.org.pe/indigenous-peoples-amazon/press

(2) Documento de circulación interna preparado por el abogado Pedro García.

América Latina: Lanzan Pro 169, para implementar Convenio sobre Pueblos Indígenas de la OIT

El viernes pasado se presentó el “Programa para la promoción y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas – PRO169” en la sede institucional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Lima, Perú.

El proyecto busca lograr que los derechos de los pueblos indígenas -en el marco del Convenio 169- de la OIT sean aplicados en América Latina y fue presentado por José Luis Daza, Director de la Oficina Subregional para los Países Andinos.

Durante la presentación Xavier Beaudonnet, Especialista en normas internacionales, dijo que el proyecto tomará en cuenta las observaciones que hace el comité de expertos de la OIT y que Perú, recibió 4 recomendaciones en el 2009.

Agregó que posiblemente en los próximos días los organismos de control presentaran una nueva observación al Perú, y que sería tomada en cuenta por el proyecto.

Ver información relacionada:

América latina: OIT lanza programa para aplicar Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas (20 feb. 2010)

ServindiTv: Presentación Pro169- OIT
por servindi

Proyecto de desplazamientos forzados con nombre propio

Indican que proyecto de ley es para evitar protestas.

DETALLE

Según dijo Cabieses son obras de mucho interés para Brasil ya que parte de la energía que generen las hidroeléctricas –toda, según dijo- se exportará a ese país. Brasil está haciendo mucha presión e invirtiendo grandes sumas para que salgan estos proyectos, anotó.

El proyecto que ha presentado con carácter de urgencia el Ejecutivo para permitir desplazamientos forzados cuando se trate de grandes proyectos está dirigido a facilitar el desarrollo de mega-obras que generan gran oposición de las poblaciones por su grave impacto ambiental y social, como las seis hidroeléctricas que Brasil pretende instalar en el Perú, señaló Hugo Cabieses, experto en temas amazónicos.

“¿Por qué la urgencia?”, preguntó el especialista, quien manifestó su seguridad de que la iniciativa enviada al Congresocon las firmas del presidenteAlan García y el premier Javier Velásquez, busca evitar que la población se movilice y proteste como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Como se ha denunciado, el proyecto remitido el 4 de febrero al Congreso busca modificar al artículo 8º de la Ley Nº 28223, Ley sobre desplazamientos internos, para introducir como causal de desplazamiento forzado de poblaciones el que se produce “a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial (…)”.

El proyecto indica también que la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del ministerio de la Mujer, después que lo hagan las instancias de cada sector que adecuarán sus procedimientos para resolver con la “mayor celeridad posible” la calificación de los promotores o ejecutores de proyectos.

Mega proyectos

Cabieses dijo que si se aprueba un proyecto de esta naturaleza sería inconstitucional, pues va en contra de la exigencia de consulta previa a las poblaciones nativas como lo establece el Convenio 169 de la OIT, aprobado en el año 1993, que es vinculante para nuestro país.

Entre los proyectos “de desarrollo” que podrían ser beneficiados con esta norma está la Hidroeléctrica de Inambari, obra sumamente controversial y absurda según algunos expertos, que ha motivado una fuerte oposición de las poblaciones de los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios. Cabieses dijo que otro gran proyecto que el gobierno busca empujar y que tiene la oposición de las comunidades nativas fundamentalmente es la Hidroeléctrica de Paquitzapango en Junín. Así también contratos petroleros que están en fase de exploración y explotación, a pesar que no han concluido los estudios de impacto ambiental y socio cultural.

En este rubro están también tres carreteras que unirán al Perú con Brasil, como son la Multimodal del norte, la Carretera IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) del centro y la Interoceánica del sur.

Esvieta Topovich
Redacció

martes, 23 de febrero de 2010

Pueblos indígenas protestaron contra el Informe del gobierno sobre los hechos de Bagua y el retorno de Alberto Pizango

Y a pesar que el gobierno decidió mal en militarizar las principales ciudades de la Amazonía, mientras que en la capital desplegó un inusual número de policías, los pueblos indígenas demostraron que no son violentos y marcharon por calles en forma pacífica en una plataforma que demandaba el rechazo al Informe del Ejecutivo sobre los lamentables hechos de Bagua y el retorno inmediato del Apu Alberto Pizango, presidente de laAIDESEP.

Al promediar las 4.30 p.m. –y concentrados en la Plaza San Martín del Centro de Lima- los centenares de protestantes iniciaron su camino hacia el Congreso de la República que, convocados por AIDESEP, FRENVIDAS, CNA, CCP, CONACAMI, llevaban como voz de reclamo también el respeto al Convenio 169 de la OIT para que la consulta a los pueblos indígenas sea una acción necesaria e impostergable antes de entregar sus territorios a empresas extractivas.

El Apu Saúl Puerta Peña, secretario nacional de la organización indígena, sostuvo que esta marcha será la primera de un inicio de movilizaciones pacíficas hasta lograr que el gobierno y la ciudadanía de la capital entiendan que los pueblo no están protestando por intereses creados, sino por conservar intacto su territorio ancestral, salvaguardando así la salud del planeta, afectada hoy por el cambio climático debido a la contaminación agresiva de las grandes empresas mineras, petroleras y la tala ilegal de madera.

En Bagua, Jaén y Yurimaguas

En Bagua y Jaén, alrededor de 600 hermanos indígenas partieron desde la Plaza de Armas para recorrer varias arterias de la ciudad, reclamando además de la plataforma de lucha principal, el retiro inmediato de la minera Afrodita de la Cordillera del Cóndor. Cervando Puerta Peña, presidente de ORPIAN, regional de la AIDESEP en la amazonía norte, subrayó que los pueblos aún están de luto por la muerte de 34 peruanos el cinco de junio del año pasado y aseguró que seguirán insistiendo en el diálogo para que el Gobierno atienda las demandas.

Mientras tanto, en Yurimaguas, se movilizaron alrededor de mil manifestantes. En esta zona, los pueblos Shawis, Cocama – Cocamillas, Candoshi salieron a las calles desde la Plaza de Moralillo para recorrer las calles de la ciudad y pedir al gobierno que no siga entregue sus tierras al grupo Romero que está deforestando toda la zona para generar cultivos de biocombustible.

Denuncian actitud represiva del gobierno, militarizando el distrito de Imacita

Carlos Navas del Águila, alcalde de Imacita, denunció –una vez más- la represión del gobierno peruano contra los pueblos indígenas, pues Chiriaco, capital del distrito, amaneció hoy militarizada por orden del Ejecutivo después del anuncio de una Movilización Pacífica en rechazo al Informe gubernamental sobre los hechos de Bagua y pidiendo el retorno libre del Apu Alberto Pizango Chota.

Este acto, subraya Navas, es una persecución torpe del gobierno por intentar callar la voz de los pueblos indígenas. Informó que la ciudad amaneció con un grupo mayor de efectivos del orden de lo normal, una actitud represiva en lugar de buscar canales de diálogo para lograr la reconciliación nacional.

“No me sorprende ya que este gobierno y el partido aprista funcionen con su escopeta de dos cañones; siempre fue así, pues por un lado anula en parte las concesiones mineras (Afrodita) y por otro lado, persiguiendo a los dirigentes a través del Ministerio Público, queriendo sorprender al pueblo con esa denuncia de la fiscal Bobadilla, denuncia endeble y que sirve solo para despistar”, subrayo

lunes, 22 de febrero de 2010

Organizaciones andinas, amazónicos y sindicales ratifican movilización para el 22

Dirigentes indígenas nacionales ratificaron la decisión de impulsar una Gran Jornada Pacífica de Movilización para rechazar el informe del gobierno sobre los sucesos de Bagua y exigir la aprobación de la Ley sobre el proceso de Consulta, entre otras demandas (foto Conacami).

Los dirigentes Henderson Rengifo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Juan Navarro de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y Melchor Lima de la Confederación Campesina del Perú (CCP) ratificaron tal decisión en una rueda de prensa realizada esta semana.

Entre las exigencias también se encuentra la conformación de una nueva Comisión Investigadora integrada por instituciones representativas y de solvencia moral, que realice una autentica investigación y la ampliación de las mesas de diálogo sobre los temas vinculados a los derechos indígenas.

Asimismo, demandan “conformar un nueva mesa sobre el informe de Bagua, pues la actual, no cumple las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas” destacó Cervando Puerta, Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), filial de AIDESEP.

Juan Navarro, de la CONACAMI, denunció que la marcha se realiza también en protesta por la persecución de dirigentes campesinos en todo el Perú, registrándose alrededor de 1500 casos de criminalización de lideres comunales.

Por su parte, Perpetua Mejía, representante de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE), ratificó la voluntad de su gremio de adherirse a la movilización manifestando su rechazo a la política privatizadora del gobierno. “Los trabajadores Estatales también somos perseguidos. El gobierno quiere privatizar la tierra, la salud, etc.”, indicó.

Las organizaciones AIDESEP, CONACAMI y CCP forman parte del Frente para la Vida y la Soberanía (FRENVIDAS) que ha convocado a una concentración en la Plaza de Acho a partir de las 3 de la tarde.

ECOticias.com, 19 de febrero, 2010.- Una rápida proliferación de concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas sin precedentes amena

ECOticias.com, 19 de febrero, 2010.- Una rápida proliferación de concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas sin precedentes amenaza la Amazonia peruana. La cantidad de superficie bajo concesión va camino de cubrir el 70% de la región, amenazando la biodiversidad y las poblaciones indígenas de la región.

Esta es una de las principales conclusiones a que han llegado dos investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la ONG Save America’s Forests, con sede en Washington DC, que han documentado por primera vez toda la historia de actividades hidrocarburíferas de la región y han realizado proyecciones de futuro para los próximos cinco años.

La investigación ha sido realizada por Martí Orta y Matt Finer, investigadores del ICTA y Save America’s Forests, repectivamente, y publicada en “Environmental Reserach Letters”. Los investigadores han encontrado que recientemente se ha otorgado en concesión a compañías de petróleo y gas natural más Amazonia peruana que en ningún otro momento.

En la actualidad hay 52 concesiones de hidrocarburos activas, que cubren más del 41% de la región, frente al 7% que lo hacía el año 2003. Los autores alertan de que en la actualidad la región se encuentra en las etapas iniciales de un segundo “boom” de exploración de hidrocarburos y que la superficie de concesiones va camino de cubrir el 70% de la región.

Los datos recogidos revelan una extensa historia hidrocarburífera en una de las selvas tropicales más grandes del mundo: más de 100.000 Km de líneas sísmicas y cerca de 700 pozos que han producido unos 1.000 millones de barriles de petróleo en los últimos 70 años en la Amazonia del Perú, el segundo país en extensión amazónica tras Brasil. El primer momento álgido de las exploraciones de hidrocarburos tuvo lugar a principios y mediados de la década de 1970, procediéndose posteriormente a su explotación, entre finales de los 70 y principios de los 80.

Los autores han descubierto también tendencias interesantes, como que ha habido una disminución constante en la producción de petróleo de la Amazonia desde el punto máximo, alcanzado a principios de los 80. En cambio, la producción de gas natural se ha disparado desde 2004, con el inicio de la producción en el proyecto Camisea. 2009 fue el año de menos producción de petróleo en 30 años, pero el sexto consecutivo de un rápido incremento de la producción de gas natural.

La mayor parte de las concesiones se superponen a zonas sensibles, como áreas naturales protegidas por el estado peruano y territorios oficialmente reconocidos de los pueblos indígenas. En concreto, una quinta parte de las áreas protegidas y más de la mitad de todas las tierras indígenas tituladas de la Amazonia peruana están cubiertas por concesiones de hidrocarburos. Y lo más preocupante, según los investigadores, es que las concesiones cubren también más del 60% de la zona propuesta como reserva territorial para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Los autores subrayan que uno de los aspectos más preocupantes es la expansión de la frontera hidrocarburífera, que hace que las últimas regiones remotas y vírgenes de selva tropical que hay en la Amazonia estén ahora al alcance de las compañías de gas y petróleo.

Como ejemplo, los investigadores mencionan el Bloque 67, operado por Perenco y sito en uno de los rincones con más biodiversidad de la Amazonia, sobre más de 300 millones de barriles de reservas probables de petróleo. Su desarrollo para la extracción de hidrocarburos ya está programado. Este bloque se solapa también con una reserva territorial propuesta para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Lo mismo sucede con el vecino bloque 39, cedido en concesión a Repsol-YPF, que, aun encontrándose todavía en fase de exploración, afecta a la misma área y al mismo territorio indígena.

El primer “boom” de los años 70 tuvo graves impactos ambientales y sociales y, según los investigadores, todo parece indicar que el segundo también los comportará. De hecho, el año 2009 ya se produjeron trágicos enfrentamientos entre manifestantes indígenas y fuerzas gubernamentales en la localidad de Bagua, debidos, en gran parte, a los esfuerzos del gobierno por otorgar concesiones o vender las tierras indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

Los autores creen necesario un debate político riguroso, que incluya un análisis más exhaustivo de los impactos medioambientales y sociales de la actividad hidrocarburíferas en la región, con soluciones para evitarlos o al menos minimizarlos de manera efectiva. Como ejemplo, mencionan la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT de Ecuador, que espera contribuciones internacionales como contrapartidas para no explotar los ricos campos de petróleo del ITT que se encuentran en el inmenso y diverso parque nacional amazónico. Teniendo en cuenta que el Bloque 67 se encuentra justo al otro lado de la frontera del ITT, los investigadores concluyen sugiriendo utilizar una estrategia similar en Perú.

Para hacer la investigación, los investigadores han recopilado documentación oficial de las diferentes entidades responsables a lo largo de la historia petrolera peruana. Han analizado los datos oficiales del gobierno peruano y las empresas energéticas estatales Petroperú y Perupetro, con respecto a contratos, pruebas sísmicas, perforación de pozos y explotación de petróleo y gas natural en la región durante los últimos 40 años. La información de las actividades previas a 1970, en qué sólo hubieron dos concesiones petroleras en explotación, han sido reconstruidas a partir de datos presentes en estos documentos.

El impacto en las poblaciones indígenas y en la biodiversidad ha sido analizado mediante Sistemas de Información Geográfica, para el cálculo de superposiciones entre las actividades de hidrocarburos y las diferentes categorías de usos del suelo: áreas naturales protegidas, territorios indígenas titulados y reservas territoriales de los pueblos en aislamiento voluntario.

América latina: OIT lanza programa para aplicar Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas

a Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó ayer que comenzó a operar su primer programa de cooperación técnica destinado a facilitar la aplicación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en América Latina.

El programa, conocido como PRO169 se desarrollará en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

El objetivo central del programa es lograr que los derechos de los pueblos indígenas -en el marco del Convenio 169- de la OIT sean aplicados en América Latina.

De una manera más específica la intención es que los Estados y los pueblos indígenas promuevan y apliquen el Convenio de una forma más “coordinada, sistemática y participativa”.

El programa, que también se implementa en Africa y Asia, tendrá una duración inicial de cuatro años y cuenta con un portal informativo: www.pro169.org.

Su desarrollo es posible al auspicio de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y desde entonces lo han ratificado 20 Estados. Catorce de ellos son de América Latina, incluido el Perú.

Sin embargo, los Órganos de la OIT encargados de controlar la buena aplicación del Convenio han emitido observaciones en donde señalan serios incumplimientos del Convenio en varios países de la región.

En América Latina existen más de 600 pueblos indígenas que representan alrededor de 40 millones de personas, según el informe de Naciones Unidas sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el Mundo.

Resultados esperados

Entre los resultados esperados se encuentra haber promovido la ratificación del Convenio 169 OIT en países como Panamá o Nicaragua que aún no lo han hecho.

Asimismo, desarrollar capacidades y procesos en gobiernos y organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Honduras, Chile y Perú para una planificación concertada en la implementación del convenio

Otro resultado esperado es desarrollar capacidades y procesos en gobiernos y organizaciones indígenas para elaborar planes de cumplimiento de las observaciones hechas por los órganos de control de la OIT en Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Guatemala.

Para lograr esos y otros resultados Pro169 desarrollará diálogos nacionales, elaborará material especializado, brindará asistencia técnica, realizará talleres nacionales y de acompañamiento, módulos de capacitación, planes de acción, boletines, etc.

El Coordinador Regional es Jesús Carrasco, Liliam Landeo la Coordinadora para Sudamérica y Carlos Lacán el Coordinador para Centroamérica. El correo electrónico del Prograa es: lim_pro169_al@oit.org.pe

jueves, 18 de febrero de 2010

Perú: Suspenden actividades de minera Afrodita en Cordillera del Cóndor

Servindi, 17 de febrero, 2010.- El Ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez y el Presidente del Consejo de Ministros Javiér Velásquez Quesquén anunciaron hoy la suspensión indefinida de las actividades exploratorias de minera Afrodita en la Cordillera del Cóndor.

- Autoridades sobre Afrodita, 17 Feb. 2010 (descargar archivo mp3 con clic en el enlace y elegir guardar como)

El anunció obedeció a una decisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergin), que el gobierno decidió acatar y comunicar ante la inminente protesta programada para el 22 de febrero en el norte y oriente del país.

Según informaron las autoridades políticas la empresa no pudo acreditar el derecho de uso del terreno a ser explorado.

Las actividades de Afrodita se venían desarrollando en la Cordillera del Cóndor, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, territorio ancestral del pueblo Awajún y Wampis, sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades indígenas.

El presidente del Consejo de Ministros enfatizó que esta suspensión “tiene mucho que ver con la movilización que preparaban algunas comunidades indígenas en la zona de la Cordillera del Cóndor, con el propósito de mostrar su desacuerdo con las operaciones de esta minera”.

Precisamente 52 comunidades indígenas desarrollaban una campaña contra la actividad de Minera Afrodita por poner en grave riesgo los ríos Cenepa y Marañón, afectando a más de trece mil pobladores indígenas que viven en la zona fronteriza con el Ecuador.

Sin embargo, las demandas de las comunidades indígenas no se reducen a las actividades de Minera Afrodita. Ellas demandan se restablezca la ampliación e intangibilidad del Parque Nacional Ichikat Muja.

Como lo denunció la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) el diseño original del Parque Nacional fue recortado en más de 80 mil hectáreas únicamente para favorecer concesiones mineras.

Tal es así que existen 84 concesiones mineras sobre un área de extrema fragilidad ambiental y que es cabecera de cuencas de varios ríos que abastecen un territorio de gran biodiversidad y donde viven los pueblos indígenas Awajun y Wampis.

Precisamente, el 5 de febrero se celebró en la comunidad de Huampami un acuerdo entre los representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SENARP) y las organizaciones indígenas para gestionar la ampliación del Parque Nacional Ichigkat Muja.

El anuncio de la suspensión de las actividades de Minera Afrodita no informó algún acuerdo del Consejo de Ministros sobre dicha petición.

Pronunciamientos

COORDINADORA MACRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS, ANDINOS Y COSTEROS DEL NORTE Y

ORIENTE DEL PERU

Fundada el 26 de octubre del 2008

Convocatoria:

22 DE FEBRERO,

GRAN MOVILIZACION PACÍFICA

EN RECHAZO AL INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05 DE JUNIO EN BAGUA, EN DEFENZA DE LAVIDA, LOS RECURSOS NATURALES Y LA PATRIA

SEÑOR:……………………………………………………………………………

Frente a los acontecimientos y hechos gubernamentales que está implementando el gobierno central y su persistencia en seguir entregando nuestros recursos naturales a las transnacionales, con el fin de dar luz verde a los TLC con países imperialistas en especial con los EE.UU. sin respetar las decisiones y voluntades de los pueblos amazónicos, andinos y costeros de nuestro país, al ser burlados y vulnerados nuestros derechos comunales, sociales, políticos e incluso económicos; por la aplicación de las políticas neoliberales e imperialistas nos vemos en la obligación de reiterar nuestras luchas pacificas en todo el norte y oriente del Perú, por esta razón las organizaciones sociales, sindicales, frentes de defensa, Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Norte del Perú (ORPIAN-P) con sus respectivas bases de los pueblos indígenas que las respaldan, Comunidades Campesinas, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) también con sus respectivas bases de las Federaciones regionales de Rondas Campesinas de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Piura, La libertad, Lambayeque, así como los productores agrarios; reunidos a través de la Coordinadora Macro regional, el día 29 de enero por unanimidad, se acordó realizar una jornada de lucha pacífica para el día 22 de febrero en toda la macro región norte y oriente del Perú, en tal sentido hacemos un llamado a todos los sectores sociales de la población a acatar e implementar estas movilizaciones pacificas en todo el norte y oriente del Perú.

¡ALTO A LA PERSECUCION POLITICA Y LIBERTAD DE NUESTROS LIDERES AMAZONICOS Y ANDINOS!

¡POR UNA VIDA DIGNA Y SALUDABLE!, ¡NUEVA CONSTITUCION POLITICA!

ATENTAMENTE

PLATAFORMA DE LUCHA

22 DE FEBRERO EN EL NORTE Y ORIENTE DEL PERU.

1. RECHAZO total al informe que hace el gobierno central sobre los hechos ocurridos el 05 de junio en Bagua, acusando a los pueblos indígenas, campesinos y la iglesia.

2. DENUNCIAMOS la actitud cómplice de la Fiscal de la Nación Dra. Gladis Margot Echaiz Ramos, en contubernio con el gobierno para librar de toda responsabilidad a los VERDADEROS RESPONSABLES de estos hechos del 05 de junio del 2009.

3. CESE a la persecución de nuestros líderes y actitudes racistas en contra de nuestros hermanos indígenas de la amazonía peruana; INDEMNIZACIÓN a los deudos de las víctimas del 05 de junio; ATENCIÓN OPORTUNA y atención médica adecuada a los heridos que siguen agonizando en su lecho de dolor; CESE de la intromisión de las empresas mineras que continúan ingresando a nuestros territorios SIN CONSULTA previa, conforme a Ley. Exigimos el retorno inmediato de nuestro presidente de AIDESEP Alberto Pizango Chota asilado en Nicaragua, acusado injustamente de propiciar los hechos ocurridos el pasado 05 de junio, solicitando se varíe su condición jurídica y este libre de toda presión, para poder afrontar todas las acusaciones malintencionadas por parte del gobierno de Alan García Pérez.

4. CONDENAMOS la discriminación y desprecio con que se nos trata, desde las más altas esferas de gobierno, pues siguen creyendo que somos ciudadanos DE TERCERA CATEGORIA, en vista que han querido engañarnos al conformar una COMISION para “investigar» lo que no necesita de tanto esfuerzo, puesto que los hechos del 05 de junio estuvieron y están a la vista de todo el mundo.

5. LIBERTAD INMEDIATA de nuestros hermanos Feliciano Kahuasa Rolin, Danny López Shawit, Asterio Pujupat Wachapea, que han sido acusados injustamente por hechos que no han cometido.

6. ALTO a las concesiones mineras y petroleras en la Cordillera El Cóndor, La Amazonía y en zonas alto andinas en el norte y oriente del Perú; las mismas que ya se han dado en 70 %.

7. RESPETO a las leyes las comunidades indígenas, comunidades campesinas, rondas campesinas y respeto a lo establecido por el convenio 169 de la OIT.

8. Retiro inmediato de la minería Buena Ventura, Proyecto La Zanja de la Provincia de Santa Cruz – Cajamarca, minera Majas hoy la Sijin en Carmen de la Frontera – Huancabamba Ayabaca Región Piura, la Empresa Murelet, pron Perú S.A, concesión Lote Nº 116 en la zona de Dominguza Provincia de Nieva – Amazonas.

9. RESPETO a la libertad de prensa de todos lo medios de comunicación e inmediata Libertad para El periodista Alejandro Carrascal, encarcelado por decir la verdad sobre los hechos del 05 de junio del 2009.

10. Inmediata apertura de Radio La Voz de Bagua.

11. DESTITUCIÓN de Ronald Ibarra Secretario de Coordinación de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, por acusar de azuzadores a los dirigentes Indígenas de la Amazonía Peruana.

12. DEROGATORIA de los Decretos Legislativos que son lesivos y afectan los pueblos amazónicos, andinos y costeros.

13. RESPETO a la jurisdicción especial de las rondas campesinas, que es obstaculizado por el gobierno y el poder judicial (alto a la persecución judicial).

14. RECHAZAMOS las versiones dadas por el Presidente del Consejo de Ministros Velásquez Quesquén, que pretende instalar una base militar en Carmen de la frontera, considerando una provocación más a la población e imponer la explotación minera en la mencionada zona.

15. Rechazamos la actitud de “comisiones de investigación de los hechos de Bagua” que envía el gobierno, ya que todos los ofrecimientos se han politizado y no está cumpliendo con los verdaderos objetivos para los cuales se creó dicha comisión especial.

16. Basta de proteger a Jueces y Fiscales corruptos, a funcionarios de gobierno que se coluden con los grandes poderes económicos y mafias corruptas y delincuenciales.

ATENTAMENTE

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Idelso Hernadez Llamo Serbando Puertas Peña

Coordinador de los Pueblos Andinos Coordinador de los pueblos indígenas

Amazónicos

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO.

Los Presidentes de las Organizaciones Representativas de los Pueblos Awajún y Wampís, organizados en torno a la Sub - Sede del C.A.H, FECORSA, FECAS APUS de las comunidades, Jóvenes Lideres, Intelectuales Indígenas, Sabios Indígenas, Mujeres Líderes e Hispano Hablantes, así como 204 delegados participantes conformantes del Distrito de Río Santiago, Provincia de Concorcanqui, Región Amazonas, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

PRIMERO.- Denunciamos al actual Gobierno del Dr. Álan García Pérez y a sus Ex Ministros de Estado, Dr. Yehude Simon Munaro, Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante y al ex Presidente del Congreso y Actual Primer Ministro Dr. Javier Velásquez Quesquén por la política genocida de exclusión y marginación a los pueblos indígenas Wampís y Awajún del distrito de Río Santiago y otros pueblos de la Amazonia Peruana, por violar el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, así como el Art. 19 de la Declaración Universal de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que garantiza el derecho de consulta por cuanto después de los sucesos del 5 de junio del año 2009, cada día se reprime más a los representantes de nuestras organizaciones y para ocultar la verdad de los hechos, ha nombrado una comisión mal llamada de la “verdad”, que tiene como objetivo interferir la investigación que viene realizando el Poder Judicial.

SEGUNDO.- Rechazamos la maniobra política del Gobierno Nacional al proponer a algunos “Representantes Indígenas”, como miembros de las comisiones, sin que fueran elegidos por el pueblo en forma legal ni democrática.

TERCERO.- Rechazamos tajantemente las conclusiones de la comisión de la verdad, por ser falsas y tendenciosas, que pretenden responsabilizar directamente a los indígenas por las muertes injustas del suceso del 05 de junio, ya que no se dice, quien dio la orden para dicha matanza. Pero, el memorando No 711-2009 de fecha 03 de junio pasado, demuestra que la ex – Ministra Mercedes Cabanillas, fue quien dio la orden en nombre del gobierno aprista y el Consejo de Ministros, para dicha masacre.

CUARTO.-Denunciamos y rechazamos las maniobras de la Fiscal Provincial de Utcubamba Olga Bobadilla Terán quien, cumpliendo órdenes del gobierno aprista, pretende involucrar al hermano Asterio Pujupat, a quien, se le viene imputando la camisón del delito de muerte del Mayor PNP Bazán Soles, a pesar de que sus declaraciones son claras y contundentes, en negar que en ningún momento lo ha asesinado; sin embargo dicha fiscal corrupta pretende encontrar en dicho hermano a un cabeza de turco, para justificar el genocidio del gobierno de Álan García Pérez.

QUINTO.- El odio del gobierno aprista hacia los indígenas, no cesa, desde que nos llamó: “perros del hortelano” en sus artículos de los días 27 y 28 de noviembre del 2008, porque nuestra acción firme y decidida, puso coto a su afán de seguir enajenando nuestras riquezas y recursos naturales a las transnacionales, como se hace con el petróleo, en base a coimas y prebendas, con grandes beneficios para los funcionarios corruptos y, en perjuicio de los pueblos indígenas, por lo que rechazamos los decretos legislativos inconstitucionales, y seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias, porque la defensa de nuestros derechos, son la defensa de la vida, nuestro territorio, y nuestra cultura.

SEXTO.- Responsabilizamos al gobierno aprista por la muerte de nuestros líderes y apus, así como de los hermanos policías, fallecidos en la matanza del 05 de junio del 2009, siendo el único culpable el presidente Álan García y sus ministros, asimismo, denunciamos la persecución que se ha desatado contra nuestro líderes y apus, a pesar que el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén firmó un acuerdo de paz, pero, lo hizo sólo para burlarse del pueblo indígena. Estas maniobras son las que pintan de cuerpo entero a un gobierno genocida y entreguista que prefiere enriquecer a las transnacionales a costa del sacrificio y la miseria de nuestros pueblos.

SÉPTIMO.- Exigimos al Poder Judicial la Inmediata Libertad de los hermanos Feliciano Cahuasa Rolin y Dany López por considerárselos inocentes de los delitos que se le imputan toda vez que las pruebas de absorción atómica han dado negativos, exhortando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que haciendo uso de sus buenos oficios y al amparo de los Instrumentos Jurídicos Internacionales haga cumplimiento de la verdadera justicia en el País.

¡Viva los pueblos indígenas!

Puerto Galilea, 11 de enero del 2010.

Distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui,

Región Amazonas, República del Perú.

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE

LA MAZONIA NORTE DEL PERU ORPIAN-P

PRONUNCIAMIENTO.

PRIMERO: Los pueblos awajún y Wampis de los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martin, después del nefasto episodio histórico de los caucheros en nuestra Amazonía, en el siglo XIX, nuevamente los pueblos amazónicos del Perú nos toca afrontar una de las etapas más triste de todos los tiempos, al haber lotizado y vendido este gobierno nuestros territorios en los que vivimos miles de años a las empresas mineras que ahora pugnan por ingresar, para lo cual pagaron su dinero comprando lotes mediante los conocidos FAENONES y exigen a sus vendedores cumplan con los términos pactados en sus contratos.

SEGUNDO: Ante estos aprietos en los que se han puesto nuestros gobernantes y la resistencia de los pueblos amazónicos para defender sus legítimas y milenarias posesiones territoriales, empezó la represión con arremetidas usando la fuerza pública para despojarnos de lo nuestro, habiendo resistido brutales enfrentamientos, desde el año 2008 en toda la Amazonía; en mayo y en junio del 2009 con el saldo trágico que conocemos y las secuelas funestas que seguimos afrontando,

TERCERO: Traducidas en persecuciones, encarcelamientos y una casería sin tregua para capturar a nuestros hermanos indígenas y con ello justificar sus compromisos con sus clientes, los empresarios y grandes consorcios que compraron nuestra selva lotizada.

CUARTO: Han pretendido descabezar y liquidar nuestra organización AIDESEP, la única que se mantiene solida, fuerte e indestructible, reflejo palpable de apoyo colectivo de sus bases compuesta por ocho organizaciones regionales de toda la Amazonía peruana que agrupa a más de 1500 comunidades indígenas y 56 organizaciones de base de las diversas culturas y no han podido ni podrán debilitarla. Hicieron salir del país a nuestros dirigentes y los tienen procesados usando para ello al Ministerio Público y al Poder Judicial, aún así los pueblos amazónicos nos mantenemos cada vez más sólidos, pese a la compra de algunos dirigentes traidores, que fueron desenmascarados oportunamente y serán juzgados de acuerdo a nuestras leyes consuetudinarias del tribunal indígena.

QUINTO: Pero el caso que ahora ocupa nuestro interés y la atención de la nación y de los demás países del mundo, es el abuso que está cometiendo el gobierno, al haber encarcelado a nuestro hermano ASTERIO PUJUPAT WACHAPEA, utilizando a la Fiscal Olga Bobadilla y al Juez Provisional de la provincia de Utcubamba Francisco Miranda Caramutti, detención.

SEXTO: Por demás absurda, arbitraria, antijurídica e ilegal, puesto que para ello se han basado en una fotografía muy cuestionada en autenticidad y peor aún, sin la presencia del cuerpo del delito y la cerrada negativa del padre y familiares del desaparecido mayor PNP Felipe Bazán Soles, que consideramos PÌEZA CLAVE, algo así como EL ESLAVON PERDIDO, de llegar a encontrase su cadáver o con vida; porque con él se sabrá TODA LA VERDAD que hoy quieren ocultar, acudiendo a métodos vedados, exactamente iguales como los usados por el fujimontesinismo.

SEPTIMO: DENUNCIAMOS la actitud cómplice de la Fiscal de la Nación Dra. Gladis Margot Echáis Ramos, en contubernio con el gobierno para liberar de toda responsabilidad a los VERDADEROS AUTORES de estos hechos, para cuyo propósito CAMBIO a la Fiscal Titular Dra. Marlene Rojas Méndez, que fue la que formuló la denuncia penal debidamente fundamentada, en la que hacía constar que los nativos NO USARON ARMAS DE FUEGO y fueron agredidos por la policía señalando responsables en un total de 220 incluyendo desde generales hasta suboficiales. Por lo que la hizo llamar y la amenazó encarcelarla y destituirla, además de otras amenazas contra su vida que fueron conocidas en todos los medios de prensa nacional e internacional, colocando en su lugar a una fiscal provisional, con un año de experiencia en el Ministerio Público, con el único objetivo de obstruir, invalidar y liberar de toda culpa a los causantes reales.

OCTAVO: Paralelo a estas acciones, el gobierno implementó las conocidas MESAS DE DIALOGO O DE TRABAJO que como consta, nos han entretenido desde el año paso sin haber llegado a ninguna conclusión POSITIVA ni efectiva y para que puedan blindarse mejor, han pretendido utilizar a ciertos líderes nuestros en la ya fracasada COMISION ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS SUCESOS DEL 05 DE JUNIO en la que no se ha enfocado los hechos en forma objetiva, imparcial y exhaustiva, siendo que además, no entrevistaron al papá del desaparecido, no llamaron a la Fiscal Marlene Rojas Méndez, ni a las autoridades que estuvieron presentes el 05 de junio como fue el Obispo de Jaén Mon. Santiago García de la Rasilla, al Comisionado de la Defensoría del Pueblo de Jaén, Dr. Abel Chiroque Becerra, no se cumplió las recordaciones del relator de las naciones unidas James Anaya entre otros. Hicieron, lo que el gobierno les indicó. Por eso es que nuestro Delegado Jesús Manasés y la Hna. Carmen Gómez se ha retirado y no firmaron ese informe de ejecutivo. Estaremos a la expectativa del informe alternativo ofrecido por el presidente de la comisión Jesús manases.

NOVENO: Igualmente denunciamos, ante la colectividad nacional y mundial, la manipulación maquiavélica del gobierno al instalar las supuestas mesas de dialogo distritales, utilizando a los indígenas adscrito a su partido como esta sucediendo e el distrito de Imaza.

DECIMO: Por último, una vez mas, expresamos nuestro respalda al consejo directivo nacional y avalamos el desarrollo de las conferencias de prensa que viene realizando para el país y el mundo. ¡SEPA LA VERDAD!.

Consejo Directivo de ORPIAN-P, AMAZONAS, PERU.

LOS PERUANOS UNIDOS EXIGEN LA VACANCIA

Y CARCEL PARA LOS GENOCIDAS ALAN GARCIA Y YEHUDE SIMONS, POR LA MUERTE DE INOCENTES INDIGENAS-AMAZONICOS

“La más sórdida alianza entre el Apra, el MRTA, el Fujimorismo y UN ha sembrado dolor y muerte en la heroica Amazonía : 55 muertos, 225 heridos, mas de 105 detenidos y aprox. 20 desaparecidos hombres dignos de inquebrantable moral ejemplo de un alto nivel de desprendimiento y sacrificio por amor al Perú pasan a engrosar la gloriosa lista de mártires peruanos, las calumnias e infamias contra nuestra web vertidas por el asesinos Yehude Simons no nos callaran siempre estaremos al servicio del pueblo….”

PRONUNCIAMIENTO

Una vez más la derecha ha envilecido y ensangrentado la política peruana en la oscuridad antidemocrática mas inimaginable que cualquier sociedad del mundo pudiera esperar, los crímenes contra los indígenas amazónicos se suman a la larga lista de atrocidades como las de Cayara, el Fronton, Putis, Accomarca, Los Cabitos, Uchuraccay, Los Molinos, Barrios Altos, etc, contra un pueblo indefenso con aspiraciones de libertad. Queda demostrado que en el Perú hay un ESTADO FALLIDO donde el dialogo es una voz de las balas y bombas, que la pacificación es sinónimo de impunidad que la reconciliación solo se da entre las mafias que ostentan el poder.

Los decretos legislativos impuestos a sangre y fuego son inconstitucionales por cuanto atentan contra los derechos legítimos de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que durante cientos de años han sabido cuidar donde lo que el corrupto Estado y la sociedad solo vieron y ven placeres turísticos y museos artesanales mientras que el imperialismo internacional y la burguesía criolla organizaba como apoderase de los bosques, el agua, los hidrocarburos y los ricos ingentes recursos naturales de esta zona. Es duro decirlo; pero, es necesario, esta situación arrastrada por la indiferencia y el miedo solo REFLEJA UNA SOCIEDAD ENFERMAen la que se han perdido los códigos naturales de convivencia de verdad, justicia, bien, decencia, solidaridad y libertad.

Hay una urgente exigencia de despertar, de tomar conciencia, los peruanos hoy estamos llamados a UNIRNOS Y MOVILIZARNOS contra la más sórdida alianza entre el Apra liderada por el Delincuente Alan García, el MRTA solapado por el terrorista Yehude Simons, el Fujimorismo y UN que ha sembrado dolor y muerte en la heroica Amazonía : 55 muertos, 225 heridos, mas de 105 detenidos y aprox. 20 desaparecidos entre ellos niños, mujeres y ancianos indefensos, hombres dignos de inquebrantable moral, ejemplo de un nivel de desprendimiento y sacrificio por amor al Perú pasan a engrosar la gloriosa lista de mártires peruanos que la historia sabrá redimirlos y un gobierno del pueblo de DIGNIDAD NACIONAL les hará justicia.

La doctrina socialdemócrata de un burguesía servilista y apátrida siempre será enemiga de la verdad y de la humanidad, hablan de democracia y no respetan la voluntad popular llaman a defender el estado de derecho y son los primeros en pervertir y aplastar todo intento de legalidad institucional, de sus corrompidas fauces solo salen mentiras hasta su presencia es una gran mentira impuesta en la realidad.

El conflicto indígena amazónico no es una lucha entre subversivos, abigeos o delincuentes contra el Estado, es nauseabundo e indigno invertir los roles de los causantes y las causas de la rebelión como se nos pretende hacernos ver. Esta es una legitima lucha de nativos indígenas contra un Estado corrupto y traidor que los ha olvidado, marginado y explotado históricamente, por eso todos los peruanos debemos expresar nuestra plena solidaridad condenar el terrorismo de Estado y sumarnos a su lucha para derogar estos lesivos decretos que rompen la soberanía nacional y ponen en peligro nuestra amazonia. JUNTOS EN UNA SOLA VOZ EXIGAMOS LA DEROGACION DE LOS DRETOS DE LA MUERTE (1) El Decreto Legislativo 994: Promoción de Inversión Privada en Proyectos de Irrigación: que pone en peligro las tierras comunales sin título de propiedad, que compromete a más de 1200 comunidades campesinas, podrían revertir a favor del Estado y este, al amparo de la norma, entregarla en concesión o venta al gran capital privado. Lo mismo puede pAsar con Comunidades Nativas,(2) El Decreto Legislativo 1064: Aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario: lo cual dejaría sin efecto el requisito del acuerdo previo y afectaría directamente a los propietarios de las tierras rurales, (3) El Decreto Legislativo 1020: Promoción de la Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural para el Crédito Agrario: que embusteramente regula la conformación de las Entidades Asociativas Agrarias, así como su inscripción en el Registro Administrativo, que llevará el Ministerio de Agricultura; para lograr el apoyo al Crédito Agrario Nacional, (4) El Decreto Legislativo 1083: Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos: que pretende la privatización del agua a favor de los grandes grupos de poder económico (entiéndase mineras), (5) Decreto Legislativo 1081: Creación de Sistema Nacional de Recursos Hídricos: que entrega a la inversión privada el aprovechamiento del agua, otorga seguridad jurídica de contrato ley de uso y usufructo de este preciado recurso, lo que conllevaría al incremento del precio de su consumo en desmedro del humilde poblador peruano, (6) El Decreto Legislativo 1089 Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales: Norma que allana el camino a la expropiación y explotación de predios rústicos a nivel nacional, (7) El Decreto Legislativo 1079, supedita las medidas que garantizan el patrimonio de las áreas naturales protegidas, al marco del Acuerdo de Promoción Comercial: ablanda el marco regulatorio, simplificación administrativa, debilita el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental, y propicia la modernización del Estado solo de forma y no de fondo. Esta medida criminal origina la disponibilidad de nuestras áreas naturales, con la finalidad de aprovechamiento del recurso renovable y no renovable (Concesiones Forestales, mineras y Petroleras), (8) Decreto Legislativo 1090,Ley Forestal y de Fauna Silvestre, reduce la definición del patrimonio forestal dejando fuera del régimen forestal a cerca de 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal, es decir el 64% de los bosques del Perú incluida la valiosa biodiversidad de flora y fauna que serian rematadas a las transnacionales, (9) La Ley Nº 29317, Ley que modifica el DL 1090 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, orientada hacia a la privatización de los bosques y la promoción y el cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas transnacionales que de manera criminal propiciarían el cultivo para la industria energética abandonando el cultivo de alimentos básicos de pan llevar, (10) Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos; ley que regula el uso y gestión de los Recursos Hídricos, norma que regula no solo el uso del agua como un recurso sino los bienes asociados a el, sean estos naturales (fajas marginales cauces, glaciares, etc) o artificiales(captaciones, almacenamiento, conexión, étc) llegando así a su privatización, estos son los argumentos por los cuales los nativos se mantiene en lucha y están muriendo y el resto del Perú no puede aceptar con normalidad semejantes crímenes.

La tenacidad y firmeza del compañero Alberto Pizango y todos los líderes de AIDESEP es un ejemplo a seguir, los mártires entregados en esta gloriosa lucha amazonia no debe ser en vano, su sangre derramada es una enseñanza que solo cuando el pueblo se moviliza es oído, que los mártires nos guíen no solo hasta alcanzar la victoriosa derogación de los decretos lesivos a la amazonia y al Perú sino que se cumpla el mandato popular de la VACANCIA Y CÁRCEL AL DELINCUENTE TERRORISTA ALAN GARCÍA PÉREZ Y MRTA YEHUDE SIMONS, ambos por haber dado la orden de matar y encarcelar a indefensos indígenas; además, el primero debe rendir cuentas ante la justicia sobre todos los crímenes cometidos en su primer y segundo gobierno hasta hoy, debe aclarar cómo se convirtió en rico sin trabajar, el segundo debe aclarar si es verdad que se convirtió en rico con el dinero de las extorciones y secuestros del MRTA y siendo agente infiltrado de la C.I.A. respaldado por el inútil Polay Campos un vago instigador que ordeno que asesinaran cobardemente al dirigente AsháninKa Alejandro Calderón el 8 de diciembre de 1989, Alan, Simon y Polay están enfermos comparten un instinto criminal.

El 05 de junio día mundial del Medio Ambiente Alan García y Yehude Simons han sembrado de cadáveres inocentes la amazonia, frente a ello daremos una contundente respuesta este 11 de Junio todos los peruanos nos movilizaremos, para derrotar este intento genocida de desaparecer a la población nativa amazónica con la finalidad de entregar sus riquezas a las transnacionales y al imperialismo, este 11 de Junio acabaremos con esa sórdida Alianza Apra-MRTA-Fujimoristas-UN, juntos exigimos la creación de una comisión internacional independiente liderada por las ONU, AI, CIDH, CPI, CRUZ ROJA para esclarecer y juzgar a los responsables de los crímenes, juntos exijamos el respeto a la libertad y vida, los derechos humanos del compañero Alberto Pizango y todos los lideres de AIDESSEP, juntos impulsaremos una Asamblea Popular Nacional que tome las riendas de la administración del Estado hasta convocar nuevas elecciones limpias y verdaderamente democráticas.

EL pueblo debe saber que nuestra organización MDP: DIGNIDAD NACIONAL, siempre luchamos a favor de los derechos fundamentales del pueblo peruano, todos los muertos son hijos del pueblo enfrentados en una guerra fraticida alentada por la derecha y la oligarquía, mas de mil infamias se viene diciendo de nosotros y seguro que mas calumnias vendrán de las malolientes fauces de la derecha y de la prensa oligárquica, nuestra organización DIGNIDAD NACIONAL cree oportuno deslindar con el parasito Yehude Simon que en acusación temeraria acusa a nuestra web de ser instigadora de la rebeldía amazónica es tan imbécil que no distingue la realidad de su paranoia emerretista, solo sabe calumniar y difamar ocultándose cobardemente en las faldas de los militares. Nuestra web es plural y dará voz a todas las organizaciones populares e intelectuales progresistas y no nos callaran los compañeros nativos-indigenas amazónicos no están solos ellos tienen el respaldo activo y militante de todos los peruanos, su lucha debe entenderse como el fermento social revolucionario que exige cambios, libertad y dignidad para todos.

¡HONOR Y GLORIA A LOS MARTIRES DEL PUEBLO CAIDOS EN LA GLORIOSA LUCHA INDIGENA - AMAZONICA!

¡ALAN GARCIA Y YEHUDE SIMONS NO OLVIDEN QUE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN Y YA TIENES LAS MANOS MANCHADAS DE SANGRE DEL HONORABLE PUEBLO!

NI UN PASO ATRÁS LA LUCHA AMAZONICA VENCERA!!!

NI OLVIDO NI PERDON….NO A LA IMPUNIDAD

MDP: DIGNIDAD NACIONAL

DIRECCION POLITICA NACIONAL

VIDEOS SOBRE LA LUCHA AMAZONICA

http://www.youtube.com/watch?v=kUWdLrhXeU0

http://www.youtube.com/watch?v=w05nZd1Y9Co

http://www.youtube.com/watch?v=9pXLvlXZR6I

http://www.youtube.com/watch?v=oExgvnif0pA

http://www.youtube.com/watch?v=bgKveliyF6Y

Parte I
http://www.youtube.com/watch?v=X0shiOMiKVM
Parte II
http://www.youtube.com/watch?v=iFzW6O7sFWI

http://www.youtube.com/watch?v=nRxpn2CUKD4