Por Frederica Barclay
Bagua conmocionó al país. Por su saldo trágico y absurdo de muertos debido al manejo de un operativo desproporcionado y deficiente por el que nadie ha asumido responsabilidad. Por la puesta en evidencia de la forma subrepticia como el Gobierno de Alan García intentó echarse abajo el régimen constitucional relativo a los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía en beneficio de grandes intereses particulares. Después de los acontecimientos, la indignación de la ciudadanía fue proporcional a la magnitud de la conmoción. La reacción de diversos organismos encargados de cautelar el cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos de los que el Perú es signatario tampoco se dejó esperar, y el país quedó expuesto a muy serias llamadas de atención.
Se hubiera esperado que el Gobierno enmendara rumbos. Eso pareció cuando se crearon las cuatro mesas de diálogo con el compromiso de implementar las propuestas que surgieran de ellas. Pero año y medio más tarde resulta claro que se trató de un cambio de actitud para que nada cambie, la receta de Gatopardo…
La mesa 1 concluyó con un informe oficialista de la comisión creada para investigar los sucesos de Bagua. Lejos de explicar las causas del conflicto y de establecer responsabilidades, el informe atribuía todo a unos malos instigadores y a la ignorancia de los indígenas. Si bien el Gobierno no pudo evitar el cambio de Gabinete en su momento, ninguno de los responsables políticos u operativos ha recibido sanciones de cualquier índole luego de que el informe “en minoría” y al menos dos de los informes del Congreso sobre la misma materia documentaran con detalle los vicios de su actuación. El Gobierno podría haber dado por pasada la página si no fuera porque la designación de la candidata de su partido a las elecciones presidenciales ha hecho recordar las manchas de sangre.
La mesa 2 concluyó con el acuerdo, subsecuentemente limitado por los delegados del Gobierno, de dar marcha atrás en relación con todas las normas que habían originado las protestas del 2008 y 2009 que aún no había derogado el Congreso, pero varios asuntos siguen en pie. Además, el régimen parece interesado en evitar por todos los medios que la nueva Ley Forestal sea consultada. No sorprende. No es solo que el proyecto de ley 04141/2009-PE, ya en manos de la Comisión Agraria del Congreso, todavía no ofrece las garantías plenas de respeto de los territorios de los pueblos indígenas, sino que tampoco tiene intención de implementar el procedimiento de consulta previa sobre el cual trató la mesa 3 con empeño y de buena fe. La observación por el Gobierno del proyecto de ley de consulta que aprobó el Congreso, con el único propósito de bloquearlo, no lo exime de la obligación establecida por el Convenio 169 de la OIT, pero le ha valido para seguir actuando arbitrariamente una y otra vez en este periodo. A pesar de las llamadas de atención de la Defensora del Pueblo.
“Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad”.
No de otra manera se puede calificar la ronda de licitación de lotes petroleros que se acaba de llevar a cabo y que ha otorgado 13 nuevas concesiones en la Amazonía sobre territorios indígenas, así como el anuncio de que se pretende conceder 11 más en negociación directa, insistiendo en que la farsa de las reuniones informativas cumple con la obligación fundamental de la consulta.
Peor aún: ahora se propone eliminar el requisito de los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos hidroeléctricos, varios de los cuales se harían sobre territorios indígenas, hasta la concesión definitiva. La lista de proyectos post-Bagua ante los cuales el Gobierno muestra absoluta lenidad, incluida la propuesta de permitir que un ducto atraviese el Santuario Nacional Megantoni, es extensa. No lo es menos la relación de asuntos acordados en la mesa 4 en relación con un plan de desarrollo para la Amazonía que el Gobierno ha incumplido.
Pero no es solo en el plano normativo y administrativo donde se aprecia la falta de voluntad del Gobierno para enmendar rumbos. Los burdos intentos de crear organizaciones indígenas fantasmas en el momento más crítico del conflicto han dado paso al abierto financiamiento de organizaciones paralelas sin representatividad. Es vergonzoso que ello se ejecute en territorio del pueblo awajún, víctima del operativo de Bagua. Allí el Gobierno ha creado una “Coordinadora” que tiene de padrino nada menos que al almirante Giampietri (ver foto) y cuyo único propósito es quebrar voluntades, corromper líderes y dirigentes para que acepten los proyectos mineros y debilitar así a las organizaciones que están decididas a defender sus tierras, mientras se hostiliza a los que se oponen. Para los awajún, no es poco lo que está en juego. Aparte de las concesiones mineras en la frontera, para las que el Gobierno aprista sancionó el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, y del lote petrolero 116, que, con un área de 856 mil Ha, se superpone a casi un centenar de comunidades awajún y wampis de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva y Marañón, se acaba de conceder a Emerald Energy el lote 165 y están pendientes de concesión dos más (172 y 163).
Las consecuencias de esto incluyen un grave incremento de la conflictividad que pone en riesgo la paz social en esa región. Pero este estilo de trabajo con financiamiento gubernamental —antes implementado más bien por las empresas petroleras— empieza a verse asimismo en otras zonas donde se quiere empujar proyectos que son rechazados por la población indígena y sus organizaciones. Esperemos que no esté a la vuelta de la esquina otra Bagua
Tomado de SERVINDI
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