Los pueblos indígenas han habitado la Amazonía desde tiempos inmemoriales, el territorio constituye la base de su vida, conviviendo armónicamente con la naturaleza y desarrollando conocimientos y tecnologías que le permiten mantener el equilibrio entre el hombre – mujer - naturaleza, equilibrio que se ha visto alterado por las actividades extractivas promocionadas por los grandes intereses transnacionales del mercado, las cuales conciben a la Selva como una gran “despensa” proveedora de recursos naturales. La visión de una Amazonía desierta de pobladores por parte del Estado, ha llevado a los gobiernos lejos de diseñar planes de desarrollo a favor de esta población, a promover diversos intentos de colonización, en un primer momento por parte de las poblaciones austro húngaras, en un segundo momento incitando la migración de los pobladores andinos y actualmente concediendo la Amazonía al mejor postor sin importarle la vida de las miles de personas y ecosistemas que en ella se encuentran.
Como respuesta a las políticas de invisibilización y exclusión, disfrazadas de proyectos integracionistas que sólo han vulnerado sus derechos colectivos e individuales y resquebrajado sus patrones y estilos culturales, nuestros hermanos amazónicos al igual que los otros pueblos indígenas del mundo llevan una lucha permanente por dejar de ser objetos y pasar hacer sujetos de nuestra historia. Conservando sus sabidurías ancestrales y manteniendo sus vínculos afectivos con la naturaleza para lograr su propio desarrollo, pero un desarrollo que no ponga en peligro su vida, ni de las generaciones futuras, así como de la humanidad en general.
En el año 2008 el presidente García difunde en diversos medios una serie de artículos conocidos como “El Perro del Hortelano”, los cuales tenían como objetivo justificar su política de “desarrollo económico” para la Amazonía, desconociendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por los organismos internacionales. Dichos artículos derivaron en un paquete legislativo denominado la Ley de la Selva (N° 1090, 1020, 1064, 1089, 1015, 1073, 994 y 1081), en el marco de las facultades que le atribuye el Legislativo al Ejecutivo, para la implementación del TLC con EEUU.
Frente a estas medidas inconstitucionales y lesivas para la Amazonía, las comunidades indígenas afiliadas a AIDESEP radicalizan su protesta llamando el primer paro Amazónico que tuvo como finalidad la derogatoria del paquete legislativo “Ley de la Selva”, dicha medida se inicio el 9 de agosto y tuvo como consecuencia la derogatoria de los DL 1015 y 1073 y con el compromiso del gobierno de revisar los demás decretos para su posterior derogación.
Tras las muestras del poco interés del gobierno por solucionar las demandas indígenas los amazónicos deciden retomar la Huelga pacifica indefinida, la que se inicia el 09 de abril, y que tiene su punto de quiebre el día 05 de junio “Día del medio ambiente”, donde el gobierno ordena el desalojo violento de los manifestantes, que trajo como consecuencia la masacre de indígenas y mestizos con un dudoso saldo de 34 muertos y un número indefinido de desaparecidos.
Durante los más de 50 días del levantamiento indígena el gobierno inicio una persecución abierta a los dirigentes de AIDESEP; Alberto Pizango, Saúl y Cervando Puerta, Marcial Mudarra y la dirgenta Teresita Antazú quienes venían liderando la protesta y eran reconocidos como interlocutores válidos por el gobierno. Al día siguiente de los vergonzosos sucesos de Bagua, el poder judicial ordena la captura inmediata de los líderes indígenas por el proceso que se le venía siguiendo como consecuencia del “Llamado a la Insurgencia Indígena Pacifica”, a pesar de que ellos depusieron el llamado a la Insurgencia, imputándoles los cargos de presuntos autores del delito contra la tranquilidad pública y apología respecto a los delitos de sedición y motín en agravio del Estado.
El gobierno durante todo esto proceso no considero a los indígenas como ciudadanos peruanos, lamentando públicamente la muerte de los “heroicos” policías demostrando una vez más su actitud excluyente, racista y segregadora. El Estado cobardemente lejos de asumir responsabilidades en un primer momento busca culpar a otros actores sociales internacionales con los que tiene discrepancias ideológicas como el presidente de Venezuela, Ecuador y Bolivia aduciendo complot, manipulación y financiamiento internacional para frenar el crecimiento y desarrollo económico del país. En segundo lugar culpa a los líderes nativos iniciándose una persecución política que tiene como punto cumbre el pedido de Extradición de los dirigentes con proceso judicial a manos de la Interpol. El Poder Judicial muestra una celeridad no vista en otros casos de delito comprobado como el de los petroaudios.
Ante todo lo expuesto anteriormente exigimos el cese de la persecución política de los lideres y lideresa indígena, el esclarecimiento de los sucesos ocurridos el fatídico 5 de junio mediante el establecimiento de una comisión de la verdad imparcial. Un Trato y juicio justo a los presos indígenas detenidos en los penales del interior del país, así como los intentos de traslado a los penales de Lima. La inmediata derogatoria de los decretos legislativos faltantes del denominado paquete de la “Ley de la Selva” y por último respeto, y trato justo a nuestros a hermanos indígenas amazónicos.
“No a la Criminalización de la Lucha Indígena”
“Los pueblos indígenas también son la nación peruana”
“La Selva no se vende la selva se defiende”
COLECTIVO NUGKUI
Fotografías Eugenio Huite Sejekan - comunicador indígena Awajún
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