viernes, 30 de octubre de 2009

COMUNICADO

Señores: presidentes y consejo directivo de las federaciones de base, Cah-Odecofroc-Orasi-Orfac-Ciap-Odecuac-Odecinac -Fechorsa-Sud sede Imaza-SUD Sud sede chapiza - lideres, lidérelas y estudiantes del nación awajun y wampis de la región ORPIAN-P amazonas y Cajamarca, ubicados en diferentes cuencas, Cenepa, Santiago, Nieva , marañón, Chiriaco región Amazonas MIRAFLORES Cajamarca, desde centro América capital de Managua de la republica de nicaragua, en nombre del ajutak y el tâjîmat âénts, y grandes visionarios ancestrales, reciban cordiales saludos del consejo directivo de la región ORPIAN-P así mismo quiero comunicarles que el poder judicial de lima a cambiado la orden de detención a orden de comparecencia de mi persona, de Saúl puerta peña, secretario de AIDESEP, Teresita Antazu presidentA de UNAY, Marcial Mudara taki presidente de CORPI san Lorenzo, al mismo tiempo ratifican la detención a nivel nacional e internacional de nuestro presidente de AIDESEP Sr. Segundo Pizango Chota.

Con la ratificación de la detención del presidente de AIDESEP quiere decir que el gobierno Alan García Pérez demuestra que no ha dejado de seguir con la persecución política a los dirigentes de los pueblos indígenas de la amazonía peruana, sabiendo que muestran argumentos legales, nuestras demandas son constitucionales dentro del marco del convenio 169 de la OIT.

Hermanos y hermanas el día 26 de septiembre tuvimos previsto nuestro retorno al Perú, y abandonar el país del asilo, pero la parte legal de nuestra defensa, informo que la jueza de lima la responsable debía notificar a la INTERPOL pero no ha tenido la bendita voluntad de cumplir con la notificación policial a pesar que han pasado mas de 8 días del mandato de comparecencia por lo que se ha postergado el vuelo para nuestro país de origen, que posiblemente estaremos llegando el Perú los días 29 0 30 de este mes .

Actualmente estamos esperando que la jueza de lima cumpla con notificar con lo mencionado para poder salir libremente de la república de Nicaragua hacia el Perú y ponernos a derecho, por las acusaciones que han hecho los procuradores, nosotros los procesados a raíz de los sucesos lamentables ocurridos el cinco de junio, curva del diablo en nuestra amazonía peruana.

Compañeros seguiremos luchando para poder frenar los objetivos de este gobierno vende patria, sordo golpista traidor y violador de derechos humanos, que por los intereses de un grupos de parlamentarios y a favor de las empresas transnacionales, nos han masacrado sin importarles la vida de las personas, de los pueblos indígenas ,campesinos y de la fuerza policial, durante la protesta pacifica que hemos venido reclamando durante 55 días pidiendo la derogatoria de los decretos legislativos que son inconstitucionales y lesivos para nuestra amazonía peruana.

Durante nuestra protesta, Que dejo saldo de muchos heridos y causando muerte de hermanos indígenas y campesinos el 05 de junio del 2009 en la curva del diablo provincia de Utcubamba.

Por eso hermanos y hermanas tenemos que permanecer unidos más que nunca para poder vencer al enemigo, nuestra amazonía peruana cada día es amenazada por los recursos naturales que se encuentran dentro de ella, el gobierno y las empresas transnacionales, pretenden ingresar a nuestros territorios como de lugar, utilizando las fuerzas armadas, y los poderes del estado para poder callarnos, y así poder explotar los recursos naturales irresponsablemente, y eso no lo vamos a permitir.

A si mismo el gobierno viene utilizando muchas técnicas de estrategias para poder confundir a las a las comunidades y dirigentes y ex dirigentes, con la finalidad limpiar la imagen manchadas de sangres de estos grupos de gobernantes vende patrias.
Que en menos tiempo les caerá todo el peso de la ley, por haber ordenado la masacre y violado los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas del Perú a raíz de la masacre del 05 de de junio en la curva del diablo, vamos ha demandar ante la comisión internacional de de derechos humanos demandando la responsabilidad directa del presidente del Perú.

Hermanos y hermanas una vez reincorporado a nuestro país vamos a convocar una reunión extraordinaria de todas las bases y lideres para evaluar el cumplimiento el compromiso por parte del gobierno a través de las mesas de dialogo a si como el cumplimiento legal del convenio 169 de la OIT

Managua 25 de septiembre del 2009.
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO
PIZANGO VIVE Y LA LUCHA SIGUE
Atentamente
CERVANDO PUERTA PEÑA
Presidente regional de los pueblos indígenas de la amazonía norte del Perú -ORPIAN-P ¨
*Cervando y Saul Puerta exiliados políticos del Gobierno del señor Alan García se encuentran ya en el Perú, Cervando en Bagua retomando sus actividades como presidente de ORPIAN -P y Saul en AIDESEP

¿En defensa de la vida?

Por: Guillermo Valdizán Guerrero
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No debemos olvidar que todo proceso de transformación implica una lucha directa por la hegemonía cultural de la sociedad (en la que vivimos y en la queremos vivir). En tal sentido, los valores, ideales y sentidos comunes son lugares de disputa permanente. Nuestra historia peruana más reciente se ha cansado de aclararnos que un cambio sin progreso moral simplemente no es un cambio. Es por ello que varios regímenes sociales han optado por aumentar su nivel de represión y coerción cuanto más desmoralizado deriva su proyecto (o cuando la fuerza de la coerción ya no basta para mantener entera la ilusión de su poder).
Toda forma de gobierno con una concepción de desarrollo basada en el abuso y la inequidad social sufre originariamente de una debilidad moral. A saber, su crecimiento resulta ser un atentado a las condiciones básicas de la vida de los sectores sociales más vulnerables (que en nuestro país son, históricamente, la mayoría). Es por ello que, tarde o temprano, por más aparatoso que sean sus amagues por el control social, siempre habrá un punto en que destile públicamente la violencia de su mayor principio: La expropiación del poder por unos cuántos en desmedro de la calidad de vida de los marginados del poder, de sus culturas, de sus necesidades materiales para asegurar su existencia, de sus urgencias por participar y decidir.
En el Perú de hoy esta realidad es un problema práctico llamado neoliberalismo, el cual también se traduce además en prácticas, actitudes y valores que dan sentido a nuestras relaciones sociales. La clase dirigente de la derecha en el poder político legislativo y ejecutivo, los altos mandos de las fuerzas armadas y la iglesia católica han sido las principales instituciones que han asumido esta “batalla moralista” por la consolidación de un sentido común neoliberal en el país (subrayando, claro está, los matices de posiciones en cada una de estas instituciones).

Un ejemplo claro de ello es la derecha peruana respecto a ciertos puntos de la agenda pública reciente. El ministro Rafael Rey Rey, la ministra Mercedes Araoz, monseñor Cipriani, varios congresistas de diversas bancadas, entre muchos otros reconocidos voceros derechistas, se han crucificado mediáticamente, con el más burdo de los cinismos, en las últimas semanas. Lo irónico es que sus posturas éticas sobre la defensa de la vida se contradecían entre sí al cambiar de un tema a otro:
1. Defienden la idea de vida asumiéndose en contra de la despenalización del aborto para casos específicos que pongan en riesgo la vida de la gestante y del feto. En los hechos, pretenden cerrar la discusión pública sobre opciones que no vulneren la salud y el derecho de vivir a las madres gestantes que pasan por un aborto (por el contrario, se las tacha de asesinas, inconscientes e irresponsables). La necesidad de legislar este tema está siendo empujado al maniqueísmo de “la vida o la muerte”, obviando que muchas mujeres (la mayoría de escasos recursos) mueren al año por abortos ilegales. Ante esto cabe resaltar que en el debate público ha sido notoria la ausencia de una comunidad médica y científica que brinde otros registros a la discusión. En resumen, quiero resaltar que la discusión ética sobre la legislación no se concentra, en última instancia, en los límites del individuo (“o los derechos de la mujer o los derechos del feto”) sino dentro de una problemática de salud pública (que incluye diversas formas de credo o pensamiento, pero también incluyen la realidad palpable). Una vez más, la intención de dichas instituciones es evidente en este debate.
2. Niegan el derecho a ampliar los espacios de discusión política sobre el período de conflicto armado interno (como, por ejemplo, en la iniciativa del Museo de La Memoria) esgrimiendo una defensa ciega sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de fuerzas empresariales y políticas que estaban en el poder en aquel entonces (y hasta hoy). En este punto su “derecho a la vida” sí exige diferencias, entre “los enemigos de la democracia” (cuya vida no vale ni siquiera pasar por un proceso judicial) y entre “las fuerzas del orden” (dándoles el rol de principales defensores de la democracia y el modelo económico, y por lo tanto su vida sí contempla derechos). La memoria no es un proceso de fosilización de interpretaciones dominantes, sino una manera cotidiana de discrepar y concordar. Rey Rey, ministro de defensa del Perú, plantea que no es bueno discutir sobre el tema, sino simplemente ponerse del lado correcto (es decir “a favor de la impunidad”). Esta visión autoritaria niega de cuajo la posibilidad de debatir políticamente nuestra historia más sensible en las últimas décadas.
3. Traicionan las condiciones mínimas para una vida digna de las comunidades nativas peruanas dando su visto bueno al monopolio incondicional a las grandes empresas extractivas transnacionales sobre nuestros recursos (con las consecuencias respectivas en salud, medio ambiente y en planificación nacional de una economía sostenible). Veamos que en los sucesos ocurridos recientemente en Bagua (en donde hasta hoy los entes reguladores de justicia no han dado un avance real en torno a los desaparecidos nativos) la vida de los miembros de las comunidades nativas valía políticamente menos que la vida de los soldados (que utilizó el gobierno como carne de cañón). Más aún, la explotación de los recursos naturales para beneficio mayoritario de las empresas extranjeras vale más que las condiciones de salud a las que se enfrentan por décadas las comunidades nativas. Es obvia y física la desproporción moral.
¿Es acaso posible defender la "idea" de la vida, sin defender las "condiciones" más básicas de la misma? Niños en nuestra selva y sierra morirán temprano debido a las cantidades de minerales que galopan en su sangre por la irresponsabilidad de la gran minería. La impunidad militar es celebrada como un símbolo patrio más, sin tomar en cuenta que de tal forma se está alentando el prestigio de la fuerza como inminente reemplazo de la dimensión política. Este año muchas mujeres seguirán sumando cifras a una muerte invisible y estigmatizada socialmente. ¿Quién entiende que en todo esto exista un respeto a la vida?
Más allá de las diversas posiciones que tengamos sobre estos tres temas (y de la manera en cómo debe resolverse), es importante señalar que estamos frente a una de las derechas más conservadoras de la región: Ella no debate, silencia (sea con represión directa o con el monopolio de los principales medios de comunicación). Su dimensión ética está en abierta descomposición y esto se luce en su moral de camaleones. Cuando el derecho a la vida de los menos implica el deber a la muerte de los más, principio fundamental del capitalismo, la vida muere antes de tiempo y en toda su dignidad. La salud pública como fenómeno integral y diverso, la memoria como ecología de la dimensión política de nuestra sociedad y los recursos naturales como derechos humanos inalienables, son necesidades incondicionales para seguir existiendo dignamente. Asegurar estas necesidades no debe desligarse, a la vez, de la visión proyectiva de una transformación social que elimine las condiciones de explotación y marginación sobre las que se funda este proyecto neoliberal. Defendamos nuestras posiciones sobre estos temas con integridad y no con la conveniencia liberal.

Por eso, combatir moralmente a la burguesía implica un problema práctico, no sólo una creencia o una convicción contraria sino, ante todo, una praxis política distinta, con solidez y convocatoria tal que permita que una sola grieta pueda demostrar la inmensa fragilidad del muro que conforman. No sostengamos una fidelidad efímera a nuestros ideales. Seamos fieles al desarrollo práctico y cotidiano de nuestros mismos ideales y necesidades, de nuestros más ansiosos sueños y realidades. Ser críticos y autocríticos respecto a nuestro ejercicio colectivo de transformación es un deber. Los objetivos revolucionarios sólo pueden ser reconocidos como tales si es que radican en prácticas colectivas y organizadas, firmemente adecuadas a principios revolucionarios.

Lima, Octubre de 2009.

CIDH realizará Audiencia sobre impactos de la IIRSA en los Pueblos Indígenas

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, ArgentinaCIDH realizará Audiencia sobre impactos de la IIRSA en los Pueblos IndígenasMegaproyectos de infraestructura regional suramericana jamás fueron consultados a las comunidades afectadas e impactan severamente en sus territorios, cultura, bienes naturales, biodiversidad, provocando desplazamientos forzados.
A solicitud de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas e Indian Law Reource Center, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el lunes 2 de noviembre una Audiencia Especial en la que analizará los impactos de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) sobre los pueblos indígenas.
Una delegación encabezada por el Coordinador General de la CAOI Miguel Palacín Quispe e integrada por representantes del Perú, Bolivia y Brasil, viajará a Washington DC, Estados Unidos, para presentar en la Audiencia de la CIDH los informes técnicos y jurídicos que sustentan la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas amparados por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las constituciones y leyes de cada país.
La IIRSA nació en agosto del año 2000, por acuerdo de la Reunión de Presidentes de los Países Suramericanos. Su objetivo central es conectar la infraestructura suramericana para facilitar la extracción de los bienes naturales. Comprende alrededor de 500 megaproyectos cuya ejecución impacta territorios indígenas y provoca severos daños al medio ambiente y la biodiversidad. Además, implica la multiplicación geométrica de la deuda externa de los países de la región. Es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES).
La propuesta central de la CAOI y sus organizaciones es la reestructuración estratégica de la IIRSA sobre la base de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sobre cada uno de los megaproyectos de esta iniciativa. En tanto se realice dicha consulta, la ejecución de los megaproyectos debe ser suspendida. Además, la conducción de esta iniciativa no debe estar en manos de las instituciones financieras, sino de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), de acuerdo con sus postulados declarados de respeto al medio ambiente y a la pluriculturalidad de sus países integrantes.
La delegación de CAOI presentará ante la CIDH sus denuncias contra la IIRSA en general, pero también sobre algunos de sus megaproyectos específicos, como la Carretera Interoceánica Sur, la Central Hidroeléctrica de Inambari, la represa hidroeléctrica de Yacyretá, el gasoducto noreste argentino, entre otros.Lima, 28 de octubre de 2009.Coordinación General CAOI

martes, 27 de octubre de 2009

La orden de disolver Aidesep

Roger Rumrrill

En una crónica que está circulando en la red, el notable antropólogo peruano Stéfano Varese, autor de La sal de los cerros. Resistencia y utopía en la Amazonía peruana (Lima, 2006, Fondo Editorial del Congreso del Perú), un estudio fundacional de la etnografía peruana, expresa su asombro de que cuarenta años después de la promulgación de la ley 20653, de Comunidades Nativas y Promoción Agropecuaria de la Selva, “una de las leyes más progresistas y avanzadas del continente”, el Perú del 2009 haya retrocedido tanto en la reivindicación, reconocimiento y justicia con los pueblos indígenas.
Cuando el destacado estudioso de las culturas indígenas del Perú y México exteriorizó su consternación sobre la situación dramática de los pueblos indígenas amazónicos aún la Procuradora Pública del Ministerio de Justicia, doctora Lourdes María del Carmen Rivera Santander Medina, no había recibido la orden de solicitar la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) porque “esta organización viene infringiendo flagrantemente sus propios principios al venir realizando acciones que contravienen el orden público y el estado de derecho”.
Como Varese, la opinión pública nacional e internacional no encuentra explicación racional a este acoso y feroz ensañamiento del gobierno contra los pueblos indígenas amazónicos. Mi hipótesis, formulada desde que se inició esta especie de “correría” como la que efectuaban los caucheros contra los indígenas en la Amazonía, es que el doctor García no perdona y no perdonará nunca a los pueblos indígenas el descalabro político que le infligieron éstos en los meses de mayo y junio de este año.
Para eso, para cobrarse la venganza “ojo por ojo y diente por diente” el gobierno ha armado una maquinaria de guerra judicial, económica y política que funciona las 24 horas del día en todo el país. La orden que ha recibido la Procuradora Pública del Ministerio de Justicia para disolver Aidesep es apenas una de las acciones del aparato de demolición.
La otra es la denuncia formulada por un juez de Yurimaguas contra el apu Bladimiro Tapayuri Murayari, el coordinador de la mesa 2. Tapayuri es inflexible en la defensa de los derechos indígenas y esa actitud es intolerable para el gobierno. La maquinaria también está apuntando a Carlos Navas, alcalde de Imacita e influyente líder de la causa indígena. Sus 7 proyectos de obras con código SNIP han sido totalmente paralizados por Óscar Altamirano Quispe, el presidente regional de Amazonas.
Los apus saben que el gobierno irá hasta el final para disolver Aidesep. Pero saben también que nunca podrán disolver la unidad y la resistencia indígena que ha prevalecido a través de los siglos sobre todos sus opresores

miércoles, 21 de octubre de 2009

El otro sendero (¿despistado?) de Hernando de Soto

Alberto Chirif

Para cualquiera que haya seguido el devenir político del Perú en las últimas décadas, le queda suficientemente claro que Hernando de Soto es el inspirador del planteamiento del “perro del hortelano” expuesto por el presidente García. La diferencia es sólo de estilo. Mientras éste se lanzó al tema con una propuesta agresiva desde la metáfora, que causó la indignación de muchos indígenas que rechazaron ser calificados de perros, aquél ha montado un espectáculo, con Bobby y otros indígenas traídos del Norte, con la intención de demostrar que la propiedad colectiva no es verdadera propiedad y que además constituye un freno para el progreso y la superación de la pobreza. La aparición de Hernando de Soto en este momento, post Bagua y en el contexto de unas mesas de diálogo (de sordos), indica que su relación con el presidente no sólo es ideológica sino también estratégica y tiene por finalidad insistir en las ideas que ambos comparten para ver si consiguen ponerlas en práctica. ¿Financia el gobierno este nuevo intento? ¿Lo paga la empresa privada? Éste es otro misterio del capital.
El video elaborado por de Soto está bien hecho y es un buena tentativa para reforzar los prejuicios de sus feligreses e impresionar a un público poco conocedor de la realidad de la Amazonía y de los pueblos indígenas, Jaime de Althaus a la cabeza, que dice haber descubierto que las comunidades no son la Arcadia que le habían pintado. ¿Quién le habrá contado tremenda mentira al periodista? ¿Algún antropólogo despistado? ¿O será fruto de recuerdos de infancia, en los que buenos salvajes habitan parajes edénicos? ¿Cómo puede ser una idílica la situación de pueblos indígenas diezmados por epidemias en la época de las reducciones misionales, que luego sufrieron el genocidio del caucho y la férula de patrones que los sometieron a feroz servidumbre y esclavitud, con castigos físicos incluidos que causaron muchas muertes? Esto último pasaba hasta los primeros años de la década de 1990 en el alto Ucayali (está bien documentado en libros y artículos y en un informe elevado al gobierno de entonces), y fue a raíz de un proceso liderado por AIDESEP que la gente fue liberada. ¿Cómo puede ser paradisiaca la situación de indígenas de las zonas petroleras y mineras, que tienen metales pesados en la sangre por encima de los estándares máximos permisibles determinados por la OMS ?

El mensaje del video es caritativo y consiste en señalar que los indígenas son pobres a pesar de estar sentados en un banco de oro, frase que don Antonio Raimondi jamás dijo, pero esto poco importa. Las trampas que pone a un público desinformado son varias. Una de ellas es la presentación de indígenas con vestidos que ya no usan cotidianamente. Aparece así un joven shipibo, líder de una organización urbana, con cushma, esa especie de hábito característico de varios pueblos indígenas, pero hoy muy poco usado, salvo por las mujeres ashanincas y, en algunas zonas, también por los hombres. Hoy ni siquiera en las comunidades shipibas es común ver un hombre con dicho vestido (las mujeres nunca lo usaron). Más manipuladora aun es la presentación de un grupo de hombres (aparentemente huitotos o boras), vistiendo unos faldellines de llanchama (especie de tela preparada con corteza de árbol) y con vistosas coronas de plumas. Se trata de un traje que ellos usan exclusivamente para fiestas tradicionales o para hacer demostraciones “típicas” a grupos de turistas. Digamos que en este caso es coherente que hayan usado esos vestidos para agradar a los turistas del instituto que lidera de Soto y, sobre todo, para demostrar al público que a pesar de “conservar su cultura, tienen ideas modernas y hablan del mercado”. Pero la cultura, que por cierto es dinámica y cambiante, es algo mucho más complejo que el uso de vestidos. Para seguir con el turismo, en el video se presenta a un grupo de boras de San Andrés, asentados en el río Momón, a minutos de Iquitos, que no es comunidad titulada, sino un pequeño grupo de personas desarraigadas por los patrones de su territorio, situado en el Putumayo y al norte de este río (Colombia), que eventualmente realiza algún espectáculo para los visitantes. Como éstos hay varios ejemplos, pero considero largo e inútil detallarlos.

La selección de las comunidades presentadas como ejemplo de que la idea de títulos mancomunados es un invento de líderes mal asesorados (como de Soto califica a Alberto Pizango, quien no ha hecho otra cosa que cumplir con el mandato de sus bases), es otra muestra de la poca objetividad del video. Maranquiari, por ejemplo, es un caso entre varios de los que se puede encontrar en el Perené, una cuenca sometida a intensos procesos de colonización desde la segunda mitad del siglo XIX, donde los pocos indígenas que han quedado en ese asentamiento se han casado con población colona y, efectivamente, han individualizado las tierras. Si la gente del ILD se hubiera tomado la molestia de buscar un poco más, apenas en los alrededores y en zonas de fácil acceso, hubiera encontrado otros ejemplos que ilustran mejor el problema de la tierra en la cuenca, sin necesidad de recurrir a la filmación de un asentamiento casi totalmente de colonos, en los cuales la presión de éstos y las imposiciones del mercado han llevado a la fragmentación y deterioro de la tierra, a la desaparición del bosque y de la fauna, a la contaminación del Perené (con la generosa contribución de las mineras que operan en la provincia) y al empobrecimiento de la gente. Por lo demás, el hecho de que muchos colonos tengan allí títulos individuales y sean pobres, demuestra lo contrario de lo que de Soto intenta probar en su presentación.

Otro ejemplo citado en el video es la comunidad awajun de Shampuyacu (no existe “Alto Shampuyacu”, como se la llama en el video), ubicada muy cerca de Nueva Cajamarca, en la cuenca del Mayo, en San Martín. En la zona donde ella se ubica, atravesada por la Carretera Marginal , existen muchas otras comunidades similares en problemática a la citada y miles de colonos que han desarrollado principalmente el cultivo de arroz. Animados por el mercado, muchos awajun han alquilado sus tierras a estos colonos mediante contratos que demuestran su poco conocimiento del valor de ellas en el mercado y su total ingenuidad de haber pensado que por ese medio lograrían mejorar su situación. Después de casi dos décadas, hoy ven el incremento de colonos dentro de sus tierras y comienzan a darse cuenta de su error, y algunos están buscando medidas que les permitan reapropiarse de ellas.

Los pueblos indígenas no son ahora, ni nunca lo han sido, colectivistas, pero sí basan su organización social en vastas redes familiares de reciprocidad, en las que intercambian bienes (principalmente carne de monte) y servicios (las llamadas mingas), que tienen como escenario un territorio ancestral, con una geografía propia, con nombres que identifican diferentes lugares que han sido el teatro de eventos históricos o mitológicos. Algunos han habitado en grandes chacras familiares (malocas), pero el trabajo de las chacras es individual familiar. Las purmas (chacras en abandono para que los suelos se regeneren) pertenecen a quien las trabajó, cosa que todos respetan. Antiguamente, una persona que moría era enterrada con sus bienes (vestidos, armas y otros), aunque aquí el sentido de la propiedad era místico y no mercantil. Esto ha cambiado, y hoy ningún muerto es enterrado con su radio, escopeta o motor fuera de borda, que ahora heredan sus deudos. Si alguien le ha contado a de Soto y a otras personas ajenas al tema que los indígenas eran colectivistas, los ha engañado o no conoce esa realidad. Hay cientos de etnografías que los productores del video podrían haber consultado sobre esta materia.

Los pueblos indígenas no están entrando al mercado: lo están hace muchos años, pero lo están en la única manera como el mercado lo permite en zonas marginales, libradas a la matonería de los más fuertes, amigos de las autoridades locales, con quienes trabajan al alimón para explotarlos. El Estado es un espectador activo, de esos que tiran piedras desde la tribuna al actor más débil y se solidariza con el opresor. ¿Qué hace para promover mejoras en educación, salud (reconozco como positivas las campañas de vacunación que se realizan de manera regular), producción, manejo de recursos y otros? Nada más que bloquear las iniciativas realizadas por AIDESEP o por instituciones de apoyo. La famosa nota 14, por ejemplo, barrera impuesta por el ministro de educación para el acceso a pedagógicos, impide, desde hace tres años, que jóvenes indígenas, víctimas de la pésima educación que han recibido en la escuela y el colegio secundario, ingresen al programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), promovido por AIDESEP, y a otros institutos similares. El ministro castiga a las víctimas de la inoperancia de su sector.

No es que los indígenas no quieran ser profesionales. Precisamente AIDESEP montó un programa en este sentido hace una década, apoyado por la cooperación internacional, para que jóvenes egresados de los colegios se formaran en diversas disciplinas. Si el intento no produjo todos los frutos que se esperaba fue porque los estudiantes no pudieron superar las exigencias que les planteaba la educación universitaria por provenir de precarios colegios estatales.

Los programas de manejo de bosque son bloqueados, antes por el INRENA y ahora por el Ministerio de Agricultura, y los de manejo de cuerpos de agua de la selva baja, el principal recurso de esta región, por Produce y otros inútiles acompañantes. Precisamente el tema de los cuerpos de agua es una buena razón para explicar por qué la parcelación de las tierras no es una alternativa para la región y, por el contrario, el apoyo a grupos organizados de las comunidades es la única alternativa viable para manejar este recurso de manera sostenible, mejorar los ingresos de la población y proteger el patrimonio ambiental de la nación.

Si bien la visión presentada por el video es superficial y basada en prejuicios, hay un aspecto de éste que califico de irresponsable y hasta de criminal. Afirma de Soto que los títulos son “pedazos de papel que no tienen ninguna función” y que “sólo valen dentro de los linderos de la comunidad”. Esto es una invocación al zafarrancho de combate y al festín de quienes esperan, detrás de esos linderos, que se les dé el disparo de partida para lanzarse sobre su presa. Es cierto que los títulos tienen errores porque fueron hechos basándose en una cartografía deficiente y con instrumentos poco precisos o inadecuados para la región amazónica, pero éste es el problema de todos los títulos del área rural del país, incluyendo las concesiones mineras y de hidrocarburos y los nuevos latifundios que se van constituyendo. ¿Considera también de Soto que éstos son únicamente “pedazos de papel que sólo valen dentro de sus respectivos ámbitos”?

No, no es despistado el sendero de Hernando de Soto, sino que está claramente orientado para apoyar la política de este gobierno, diseñada para servir a empresas que ambicionan los territorios de los indígenas, a fin de poner en marcha diversos planes. De Soto declara ufano que el Perú se ha comprometido a respetar a las empresas mineras y petroleras para promover el desarrollo. Si los pueblos indígenas contaran con garantías similares y no tuvieran, además de todas las otras adversidades antes mencionadas, que defenderse de la agresión de empresas de hidrocarburos, madereras y mineras, y del autoritarismo oficial, sin duda podrían abocarse con mayor dedicación a construir un mejor presente.

Para terminar, una última cuestión relacionada con algo que, al parecer, tampoco de Soto conoce. De acuerdo a la Constitución , las comunidades nativas y campesinas “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece” (Art. 89). El argumento, entonces, de que ellas están condenadas por una legislación obsoleta a permanecer eternamente como comunidades no es cierto. De hecho, los ejemplos que doy al comienzo de estas líneas demuestran lo contrario: que hay comunidades parceladas, que alquilan sus tierras y que en la práctica van perdiendo la propiedad de éstas. Son libres de hacer lo que quieran y nadie se los puede impedir, aunque las experiencias actuales demuestran que la pérdida de dominio sobre sus territorios sólo les proporciona ingresos miserables, que luego de gastados deja a los pobladores verdaderamente pobres, cosa que antes no eran, porque a pesar de tener magros ingresos en efectivo, disponían de recursos y de un medio ambiente sano para vivir bien. Los pueblos indígenas actualmente son libres de disolver su identidad parcelando sus territorios, pero también lo son para defender el legado de sus ancestros, a fin de trabajarlo dentro de otra visión de desarrollo basada en el respeto entre la gente y de ella hacia el medio ambiente.

Por tanto, queda claro que lo que quieren el presidente García y el Sr. de Soto no es impulsar una ley que dé libertad a los indígenas para enajenar sus tierras, sino promocionar la voluntad de los indígenas para que se desprendan de su heredad.

De Soto, los mosaicos de propiedad en la Amazonía y el cebo de culebra

Carlos Soria, Ph. D.

La Amazonía es muy diversa y los procesos históricos que la han afectado, como bien señala Chiriff han configurado una situación difícil de deterioro permanente y progresivo de los derechos de los pueblos indígenas, mientras que en el discurso de los gobernantes y de sistema jurídico estos derechos se han fortalecido.
Los lamentables sucesos de Bagua explican en parte el desencuentro entre la acción oficial en este caso violenta, provocadora y agresiva, con el desarrollo de una ciudadanía indígena que demanda respeto a la propiedad comunal protegida por la Constitución de 1993 en sus artículos 70, 88 y 89.
Considero que la hipótesis que un titulo de propiedad individual permite generar riqueza es falsa. Ningún banco presta dinero por tener propiedad. Se presta dinero a quien tiene un ingreso asegurado, por pequeño que sea, pero ingreso permanente. Si un banco presta dinero sólo con el merito de su titulo, hace una pésima operación pues luego tendrá que rematar la tierra, desalojar al titular y recién vender la propiedad a un tercero interesado. Este es un método enrevesado y socialmente costoso de crear un mercado de tierras aprovechándose de los más desprevenidos que usaran mayoritariamente el préstamo para consumo y no para inversión.
Sin embargo, el grupo Romero representante del sector empresarial está interesado en generar oportunidades de inversión en gran escala en tierras que desea adquirir en propiedad. Para ello, mejor que desposeer al poseedor los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales amazónicas, es promover asociaciones exitosas entre actividades empresariales y comunidades nativas algunas de ellas deseosas de intercambiar en el mercado como ya lo vienen haciendo hace 500 años con la producción de cueros, látex, turismo y otros bienes y servicios ambientales, particularmente aquellas alternativas que suponen dejar el bosque en pie.
Como señalaron Benavides (2009) y Chiriff (2009), De Soto se enfoca en Marankiari un asentamiento de parceleros que se han unido en comunidad. Una de las muchas situaciones por las que atraviesan las 1550 comunidades de la Amazonía peruana.
Para ilustrar algunas comunidades ubicadas en la parte alta de una cuenca, por ejemplo, conviviendo con pueblos indígenas en aislamiento como en el caso de los Cacataibo, son mas tradicionales y mantienen constumbres, lengua y autoridades de acuerdo a su cosmovision; en la parte media de la cuenca se encuentran comunidades relativamente mas integradas al mercado mientras que los ubicados en las bocas de los ríos están mas articulados a una dinámica comercial local. Esto sin embargo es también una simplificació n, pues la complicada geografía de la Amazonía y los procesos históricos que la han afectado constituyendo mosaicos de propiedad comunal e individual sobre el paisaje natural de propiedad de indígenas, de colonos y de ribereños. Es en este contexto que presentar un par de comunidades visitadas, siendo una de ellas un asentamiento de parceleros resulta siendo una exageración.
Peor aun De Soto y sus asistentes invocan los planteamientos del articulo de 1968 de Garret Hardin titulado ‘La Tragedia de los Comunes’ sin tomar en cuenta que el propio Hardin en un texto de 1998 reconoce que una gran deficiencia de su texto de 1968 es que no puede ser tomado como una expresión general sino únicamente referido a casos de comunes no manejados. Esta es una salvedad importantísima pues nuestra propia investigación en el río Neguache muestra que las comunidades nativas en su interacción dinámica con parceleros individuales están buscando gestionar, por ejemplo, los recursos hídricos y han establecidos áreas de protección de la pesca con reglas que en algunos casos tienen 25 años de vigencia y en otros solo 5. En otras áreas del mundo Ostrom (2000) y otros autores han encontrado recursos comunes de larga duración, algunos con mil años de prácticas de gestión común, sean irrigaciones, pesquerías, pastos.
Como bien señala De Soto no importa si el titulo es de propiedad o concesión o cesión lo importante es que atributos confiere y cuan parecidos son estos con el derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad no vale por si solo si no por la capacidad coercitiva del Estado para hacerlo respetar, pero a la luz de Bagua parecería que el Estado esta mas interesado solo en garantizar algunas concesiones aun por encima de derechos de propiedad saneados. La solución como también señalo De Soto tiene que ver por un lado con títulos que sean respetados por el Estado, con beneficios que lleguen a las comunidades y con oportunidades para que en ejercicio del derecho a la autonomía las poblaciones indígenas decidan cuando como y de que manera quieren adaptarse a la modernidad sin ser vulnerados desde aislados en sus bosques hasta los mas mercantiles y urbanos de los indígenas.
Referencias
Benavides, Margarita 2009, Analizando el Misterio del Capital en http://www.cepes. org.pe/prueba_ site.shtml? -&s=a
Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science 162: 1, 243-48.
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