RESUMEN EJECUTIVO del INFORME EN MINORÍA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y ANALIZAR LOS SUCESOS DE BAGUA.

Antecedentes:
1. La Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua nombrada por el Poder Ejecutivo presentó el llamado Informe Final sin pleno consenso. El Presidente de la Comisión, Jesús Manacés Valverde, y la Comisionada Carmen Gómez Calleja, considerando que no se respetaron los principios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad acordados por la Comisión, presentaron un conjunto de observaciones en disenso que fueron insertadas al informe donde aparte de señalar las principales deficiencias y omisiones del informe y explicar las razones por las que no lo suscribieron, anticiparon la elaboración de un informe en minoría basado en un análisis exhaustivo y riguroso del material recopilado por la Comisión. El 12 de enero del 2010, durante la presentación de los informes de las Mesas de Trabajo, se reiteró tal intención y el Ministro de Agricultura, en su condición de presidente del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, anunció que lo remitiría a la Presidencia del Consejo de Ministros.

2. El presente Informe, que suscriben Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, presenta datos, indagaciones y consideraciones que, a juicio de los suscritos, no fueron tomadas debidamente en cuenta en el Informe Final y que, a su parecer, modifican de manera determinante la visión de los hechos que dicho documento presentó en su momento al Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y, a través de éste, a la ciudadanía.

3. Para la elaboración del presente Informe se ha trabajado fundamentalmente con la metodología acordada y con la documentación recabada por la Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua. Sin embargo, ante la necesidad de cruzar información de los testimonios obtenidos mediante entrevistas y profundizar en algunos aspectos, requerimientos que habían aconsejado postergar la presentación del Informe Final, los suscritos realizaron una salida al campo adicional, en febrero del 2010, en el curso de la cual se pudo acceder además a nuevos materiales fílmicos, fotografías y audios que contribuyen considerablemente a precisar las informaciones. Además, con el fin de comprender mejor el tratamiento político de la cuestión de los decretos cuestionados por los pueblos indígenas se entrevistó al ex Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien ejerció el cargo entre octubre del 2008 y julio del 2009. Para la elaboración del presente Informe se ha valorizado cuidadosamente la información para poder establecer qué puede ser probado y qué no puede ser probado a partir de las evidencias disponibles. En la redacción del Informe se ha tenido particular cuidado en documentar cada una de las afirmaciones.

4. El presente informe ha buscado acercarse a la verdad mediante lo que los suscritos estiman como una mejor aproximación a la realidad de lo sucedido para recuperar un clima de confianza en las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas a fin de poder afrontar sin tensiones la solución de los conflictos que dieron lugar a los sucesos. Con ello espera contribuir a que el Estado y la sociedad peruana alcancen una mejor comprensión de las condiciones que el país requiere para lograr un desarrollo con inclusión de los pueblos indígenas, en armonía con las demandas de la naturaleza que ellos protegen como base primordial de sus reivindicaciones y coherente con los estándares del moderno derecho internacional de los derechos humanos

Conclusiones
La investigación llevada a cabo y el análisis de la documentación obtenida permiten establecer varias conclusiones importantes para clarificar lo ocurrido:

Causas
5. La protesta de los pueblos indígenas amazónicos del 2008-2009 tuvo su origen en el progresivo deterioro de la seguridad jurídica de sus territorios cuyo hito inicial se ubica en las innovaciones introducidas en la Constitución de 1993 al régimen de propiedad especial de las comunidades nativas (especialmente la supresión de las garantías constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad de sus territorios). A medida que se pretendía modernizar el régimen de propiedad afectando los derechos colectivos de poblaciones originarias no hubo una pareja modernización de las garantías ambientales ni se desarrolló una adecuación de la normativa nacional al derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Estado no brindó atención ni adecuada ni oportuna a las inquietudes que de manera continua y persistente le fueron planteadas por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos demandado el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la necesidad de adecuar la legislación nacional, las instituciones y las prácticas del mismo Estado en relación con las obligaciones emanadas de los Tratados y Acuerdos internacionales relativos a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

6. La serie de artículos del Presidente de la República, iniciada con “el Perro del Hortelano” desarrolla conceptualmente el enfoque político que se encuentra implícito en las nuevas normas impulsadas desde 1993 para afirmar un tipo de aprovechamiento de los recursos naturales de la Amazonía el cual es insostenible y se contrapone a los derechos territoriales de las comunidades y Pueblos Indígenas. El artículo es, y fue percibido como ofensivo, provocativo y amenazador por los pueblos indígenas y por amplios sectores de la población amazónica.

7. En ese marco, y con el argumento de fomentar la inversión privada, otorgar mayores facilidades para la adquisición de tierras y recursos amazónicos, posibilitar el cambio de uso de los bosques, privatizar el agua o los ecosistemas vitales para la alimentación de la población amazónica - como las restingas y los barrizales -, proteger la extracción de minerales e hidrocarburos y regular otros asuntos colaterales en apoyo del capital (como la criminalización de la protesta social o la inmunidad frente a su represión), se presenta un conjunto de proyectos de decretos legislativos a partir del segundo semestre del 2007, que, considerados como altamente contradictorios con los derechos adquiridos por los pueblos y comunidades indígenas, fue formulado sin consultarles, contradiciendo compromisos internacionales del Perú que son ley interna de rango constitucional. Paradójicamente este proceso se da en paralelo a un progresivo reconocimiento del sistema internacional e interamericano de los derechos de los pueblos indígenas.

8. El conjunto de decretos legislativos fue el fruto de una delegación especial de poderes desde el Congreso al Poder Ejecutivo justificada en la necesidad de adecuar la normativa nacional a los compromisos asumidos para la firma del TLC con Estados Unidos y otras futuras contrapartes comerciales del Perú. Este objetivo, de alta prioridad nacional y cuyo contenido no fue explicado ni debatido nunca con la población peruana y menos con la población indígena, fue aducido sistemáticamente por la Ministra responsable de conducir las negociaciones y por el resto del Poder Ejecutivo para obstaculizar el debate relativo a la legitimidad y constitucionalidad de los proyectos, primero, y de los decretos legislativos después. Insistencia que generó apresuramiento en las decisiones conducentes a la tragedia del día 4 de junio del 2009 en la Curva del Diablo. Posteriormente se reconoció que los apremios y la publicitada vinculación entre las normas denunciadas y la puesta en marcha del TLC fueron infundados. Igualmente ha
quedado establecido que, en buena parte de los decretos legislativos el Poder Ejecutivo sobrepasó el alcance de la delegación de poderes.

9. La ofensiva argumental del Presidente de la República y la gestión de los proyectos normativos (y la posterior emisión de los decretos) tienen lugar al tiempo en que los pueblos indígenas del Perú se encuentran inmersos en un proceso avasallador de intervenciones económicas externas en sus territorios; intervenciones que son inconsultas, de alto riesgo, poco controlables y consideradas amenazantes para la continuidad de las formas de vida tradicionales - tales como la acelerada escalada de otorgamiento de concesiones mineras, la masiva lotización petrolera de la Amazonía, el anuncio de una serie de represas sobre tierras indígenas o la creciente ocupación de áreas de bosque para usos agroindustriales –, configurando un entorno de tensión previo a la crisis. Los pueblos amazónicos viven en la actualidad un proceso traumático ante el deterioro sustantivo de sus recursos vitales y los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna. Un caso especialmente ilustrativo fue el irregular otorgamiento de derechos mineros a la Compañía Minera Afrodita, en la Cordillera del Cóndor irrespetando un proceso prolongado de acuerdos entre la población Awajún y las dependencias del Estado para proteger áreas consideradas de vulnerabilidad ecológica extrema que son, además, zonas sagradas del territorio tradicional.

10. Los acuerdos alcanzados con el gobierno y las autoridades del poder legislativo tras las movilizaciones del año 2008 en orden a revisar la constitucionalidad de los decretos legislativos denunciados por las organizaciones indígenas no fueron honrados; y las permanentes dilaciones y desplantes con que fueron tratados los reclamos de estas condujeron a la reanudación de las movilizaciones amazónicas a nivel nacional que se reiniciaron el 9 de abril del 2009, cuando ya la propia Comisión Multipartidaria designada al efecto había ya dado un dictamen que recomendaba la derogación de todos los decretos por inconstitucionales, la Comisión de Constitución había dictaminado otros e incluso se habían ya derogado algunos de ellos por razones válidas para el resto. El Congreso de la República, y en particular la bancada oficialista, fueron renuentes a cumplir con sus obligaciones y, especialmente, postergaron el anunciado debate sobre la constitucionalidad de los decretos en la misma fecha en que el poder Ejecutivo preparaba un contundente operativo de desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry ocupada por los manifestantes indígenas.

11. En lugar de concentrarse en la revisión de los decretos y la atención oportuna de las demandas indígenas, algunas instituciones del Estado prefirieron alentar divisiones internas, críticas públicas e inculpaciones a los dirigentes que causaron profundo malestar y encono contra el manejo de la situación de parte del Estado entre las organizaciones indígenas de representación mayoritaria en la Amazonía. La prolongada situación de los huelguistas a la espera de una respuesta estatal y la cerrada negativa al tratamiento legal de las demandas indígenas ocasionaron expresiones airadas de alguno de los dirigentes, fruto de la presión del momento, que fueron retiradas de inmediato pero que luego fueron utilizadas como pretexto para la vinculación de esas expresiones con supuestos intereses extremistas y con los resultados del nefasto operativo policial.

12. Las conclusiones del Informe Final que atribuyen las protestas de las comunidades y organizaciones a la falta de comprensión de los decretos legislativos por parte de los indígenas o a la manipulación por agentes externos nacionales o extranjeros, sin mostrar evidencias al respecto, carecen de sustento; es claramente apreciable que las comunidades estaban plena y masivamente identificadas con las demandas de derogación de los decretos y comprendían no sólo las potenciales afectaciones generales de éstos sino su relación con las violaciones de los derechos territoriales que ya se venían produciendo a niveles locales y cuyas denuncias no tenían efectos en las autoridades del gobierno. En razón de ello no tiene sentido desviar las responsabilidades de quienes provocaron la protesta indígena con sus iniciativas
inconstitucionales, sus artículos ultrajantes, sus omisiones o sus apremios, hacia instituciones -civiles y religiosas - gremios, partidos, medios de comunicación y pobladores que se solidarizaron con sus legítimas demandas.

13. El Informe Final no ha dado cuenta exacta del carácter de la representación que asumen los dirigentes nacionales y regionales de las organizaciones indígenas en el contexto de este conflicto. Ellos fueron voceros de la protesta indígena y estuvieron permanentemente sujetos a escrutinio por parte de los comuneros y organizaciones locales para velar en todo momento para que los acuerdos que pudieran establecer con el gobierno no desvirtuaran las demandas por las que la población llevaba a cabo la prolongada protesta. La Comisión ha tenido acceso a una amplia variedad de documentos que dan fe de la naturaleza de esta representación y del control, que la población indígena movilizada ejercía sobre sus dirigentes. En ese sentido la atribución directa de responsabilidades personales en estos dirigentes, incluso a nivel penal, resulta injusta y totalmente desproporcionada.

14. Por tanto:
- Las causas mediatas del conflicto hay que buscarlas en el momento traumático que viven en la actualidad los pueblos indígenas del Perú. Existen problemas estructurales por resolver en la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas, principalmente, la adecuación de su Constitución, su normativa y sus instituciones a los estándares fijados por el sistema internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos indígenas; los pueblos indígenas no cuentan con mecanismos jurídicos adecuados para definir, proteger y gobernar sus territorios frente a las iniciativas económicas de terceros; y no se han desarrollado los mecanismos de diálogo democrático, consulta y participación al acceso de los pueblos indígenas en el Perú, tal y como los que se señalan en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- La emisión de un conjunto de proyectos normativos y la posterior promulgación de decretos que afectaban significativamente los derechos territoriales indígenas, como se demuestra en el presente informe, debió ser consultada en conformidad con preceptos de rango constitucional; la insistencia en eludir el tratamiento correcto para estos decretos es la causa inmediata de la protesta y de las tensiones entre las organizaciones indígenas y los poderes del Estado.
- La imperiosa necesidad de mantener inalterables los decretos para evitar poner en riesgo el TLC, defendida a ultranza por la entonces Ministra de Comercio, y posteriormente desmentida, y la persistente renuencia del Congreso a iniciar el debate parlamentario sobre los decretos impusieron apremios inconvenientes y, a posteriori, nefastos, a las decisiones políticas.


El operativo del 5 de Junio

15. El operativo policial fue mal planificado y la forma en que fue conducido solo podía llevar a un desastre. En este caso, y lamentablemente, con pérdida de 33 vidas humanas y un desaparecido.

- Los recambios policiales en el alto mando de la PNP el 2.6.09, efectuados por la Ministra del Interior dos días antes de la fecha señalada inicialmente para el operativo, indican un cambio en relación al talante con el que se planteó el paro indígena a partir de esos momentos; estaban destinados a imponer un tipo de desalojo de gran contundencia y efecto mediático, resultando contraproducentes al desencadenar un fracaso previsible y de trágicas consecuencias.

- Hubo precipitación injustificada en apurar la realización del operativo de desalojo que el ejecutivo sugirió se realizara el 4.6, siendo que estaban en marcha varias iniciativas para
resolver el conflicto. Esta precipitación coincide, en simultáneo, con la decisión del Congreso de no debatir la legislación en la víspera a los sucesos.

- La insistencia en llevar a cabo el operativo de forma perentoria, derivada de órdenes emitidas al más alto nivel, a pesar de las múltiples señales de que se avecinaba un retiro voluntario de los manifestantes, y la deficiente planificación del operativo fueron, a juicio de los suscritos, lo que ocasionó que se desatara la violencia con un alto costo de vidas humanas, tanto en la Curva del Diablo como en las Estación Nº 6 y en las localidades urbanas cercanas.

16. La descoordinación en el comando del operativo y entre éste y las autoridades civiles a cargo resulta desconcertante y deja muchas zonas oscuras acerca de las características de la cadena de mando antes y durante el operativo.

- No se ha podido establecer con qué nivel de precisión se discutió en el Consejo de Ministros de ese día el operativo para “restablecer el orden”, ni el tono y contenido de las órdenes impartidas desde el sector al nuevo mando policial encargado del comando operativo. La Ministra del Interior ha negado en todo momento haber participado en esas órdenes pese a que el Memorandum Nº 711, explícitamente señalaba la necesidad de informarle del avance del planeamiento y operaciones “para tomar decisiones”, lo que implicaría que se desacató esa obligación. Tratándose de un operativo de tanta envergadura y trascendencia política y humanitaria como el de Bagua, que había sido objeto de decisiones en el Consejo de Ministros, y que había sido precedido de cambios radicales en la cadena de mando, no pudo haber recibido una atención tan superficial de parte de la Ministra responsable del sector. Si ocurrió un desacato con efectos tan desastrosos para el país resulta inexplicable que la Ministra condecorara a quienes desacataron órdenes y desataron un enfrentamiento letal entre peruanos.

- Los cambios introducidos por el Gral. Muguruza el día 4.6.09 en el concepto del operativo transformaron a nivel de órdenes de comando la lógica de dicho operativo, al incluir la segunda dimensión terrestre consistente en la toma de la cima por un escuadrón fuertemente armado con fusiles de guerra, lo que introdujo considerables factores de riesgo en el operativo.

- No se puede concluir que haya habido plena claridad acerca de la función del escuadrón encargado de la toma de la cima del cerro de la Curva del Diablo; las ventajas tácticas que pudiera tener ese posicionamiento se vieron anuladas y contrarrestadas por la deficiencia de los equipos de comunicación asignados que no permitían una comunicación desde esa posición con los demás escuadrones, el comando y el cuartel operativo de Corral Quemado.

- Aunque se atribuye la decisión de incorporar la segunda dimensión terrestre a los reconocimientos aéreos y terrestres del día 4.6.09, éstos fueron inadecuados e incompletos y llevaron a que no se tuviera suficiente conocimiento del terreno, lo que no permitió la retirada segura de los efectivos del escuadrón Nº 1 evitando las muertes.

- Debe investigarse las responsabilidades y consecuencias del hecho de que el inicio de la hora del desplazamiento de la columna y el helicóptero se retrasara. Así como también del hecho de que los llamados de auxilio del jefe del escuadrón Nº 1 no fueran respondidos oportunamente.

- Existe grave responsabilidad en el hecho de que los responsables de operativo desconocieran que en la cima del cerro de la Curva del Diablo existía un abismo al que se dirigió la escuadra del Cdte. del Carpio bloqueándose a sí mismos sin posibilidad de escape. Para eludir esa responsabilidad se ha falseado la información de lo que ocurrió en la parte alta del cerro y se ha imputado a los indígenas haber arrojado a los efectivos al abismo, siendo que no se produjo contacto físico en esa zona del cerro.

- Las necropsias estudiadas permiten establecer que 4 efectivos murieron en la lucha cuerpo a cuerpo con indígenas que ascendieron desde la carretera y que salvo un caso se trató de enfrentamientos singulares, uno a uno, sin que los indígenas sacaran provecho de su mayor número frente a los efectivos apostados en el cerro.

- Las necropsias e informes de levantamiento de cadáveres no permiten establecer dónde ocurrieron la mayor parte de las muertes de los efectivos porque el levantamiento de cadáveres de los policías no se hizo con presencia del ministerio público.

- Se debe aclarar las informaciones aportadas por M. Cabanillas, confirmadas por un testimonio indígena y uno de una autoridad mestiza de la localidad aledaña a la Curva del Diablo, de la muerte de un efectivo (técnico de primera) en el helicóptero – cuya muerte no registran los informes policiales. De confirmarse e identificarse al efectivo debe hacerse pública su necropsia los resultados de la prueba de absorción atómica para establecer la veracidad de la denuncia de que hubo un tirador en el helicóptero que disparó con fusil a la población civil desarmada y determinarse quién dio la orden de incorporar ese tipo de arma y un francotirador al helicóptero, y aún, quién dio la orden de esconder el hecho.

- Aún cuando la Defensoría del Pueblo ha reportado el retorno de los manifestantes a sus comunidades, con un nivel de confiabilidad reconocido, el caso arriba señalado de un muerto en uno de los helicópteros, y los reiterados testimonios, aunque no reportes, con relación a desaparecidos llevan a la necesidad de una verificación de muertes no registradas.

- La información proporcionada por los oficiales policiales y los documentos oficiales no están en condiciones de explicar lo ocurrido en el desalojo de la Curva del Diablo porque omiten, tergiversan y falsean información (de todo tipo, incluyendo información de cómo se desarrolló el operativo, a qué hora ocurrió cada hecho, las armas disponibles, los movimientos de los manifestantes, las reacciones policiales, qué órdenes se impartieron, dónde y cómo ocurren las muertes, etc.); las contradicciones entre los altos mandos, policiales y militares, involucrados en los hechos son asimismo frecuentes, lo que confirma que se trató de un operativo anormal de cuya responsabilidad todos buscan evadirse.

17. El operativo fue desproporcionado y pudo desatar una masacre innecesaria; si bien no se conoce el exacto tenor y el talante implícito de las órdenes recibidas no es creíble que un operativo de esta envergadura se haya diseñado sin intervención de las autoridades civiles a cargo de las fuerzas del orden, militares y policiales.

- No hay en los memoranda Nº 711 y 712 del 3.6.09 ni en las notas de información de la DIRIN PNP/DIVBUS I –DEPBUSOC de los días previos referencias a un agravamiento de la situación ni mención alguna en las fuentes oficiales previas al operativo a que los manifestantes estuvieran armados y que representaran un riesgo para la seguridad o que aconsejara el uso de armas letales. No se ha explicado por qué si en el Consejo de Ministros del día 3.6.09 se recomendó, como se ha afirmado, que no se usaran armas letales, en el operativo hubo 208 fusiles AKM con 830 cacerinas que equivalen a 24,900 tiros.

- Por el altísimo número de heridos de bala, el absoluto descontrol de la situación y a la confusión generada, el operativo contó con todos los elementos necesarios para alcanzar las proporciones de una verdadera masacre de civiles y de policías; es inquietante pensar en cuál pudiera haber sido el resultado de este operativo, equívoco, desproporcionado e improvisado.

- El tratamiento informativo de los hechos, que pretende hacer ver que la estadística final de los muertos -esto es, el mayor número de muertos de uno u otro lado- explica suficientemente de quién fue la culpa de lo sucedido, constituye una afrenta más contra las víctimas del nefasto operativo y ratifica que quienes llevaron a civiles y policías a la muerte no han centrado su atención en evitar que hechos como éstos se vuelvan a dar, sino que han mantenido la actitud irresponsable y acusatoria que ha caracterizado todo este conflicto.

- La no presencia de los fiscales al momento que la columna terrestre ingresó a la zona bloqueada y el hecho de que no se detuviera para invocar a los manifestantes a desalojar la carretera, como precaución habitual en los desalojos, muestra que el diseño del operativo no priorizó el objetivo de evitar la confrontación ni la intervención precautoria.

- De la forma en que se desarrolló el operativo se concluye que éste no pretendía únicamente desalojar, facilitando para ello la salida de los manifestantes; más bien hubo interés explícito en “entubarles” a fin de conducirlos, sin escapatoria, hacia la columna terrestre al mando del Gral. Muguruza de modo de generar para los Awajún y Wampis una situación indigna que los propios manifestantes no podían aceptar.

18. Las autoridades civiles, militares y policiales que intervinieron de una u otra manera en la definición del carácter del operativo no tomaron en cuenta la moral, la capacidad de resistencia y la cultura de aquellos a quienes se pensaba imponer un desalojo humillante, sin entender los manifestantes indígenas estaban allí por razones trascendentes para su vida y la de sus generaciones futuras, personas culturalmente aguerridas, incluyendo numerosos Héroes de Cenepa.

- Las autoridades de Lima creyeron que encaraban el desalojo de simples manifestantes sin entender que planificaban un operativo frente a personas que estaban allí por razones trascendentes para su vida y la de sus generaciones futuras, personas culturalmente aguerridas, incluyendo numerosos Héroes de Cenepa.

- En este sentido, la presencia de reservistas o licenciados entre los manifestantes Awajún y Wampis no puede considerarse anormal ya que sus territorios se hallan en una región fronteriza que tiene diversos campamentos y puestos militares y que es común que la mayoría de sus jóvenes, desde hace al menos 5 décadas, sirvan a su patria.

- Ni en el operativo de la Curva del Diablo ni en las precauciones omitidas en la evacuación del personal de la Estación Nº 6, las autoridades, civiles y militares a cargo del operativo tuvieron en cuenta las características de la cultura y las previsibles reacciones de los Awajún y Wampis allí presentes.

19. Se prescindió por completo de los acuerdos previos y de la voluntad explícita de los ocupantes de la Curva de que iban a desalojar pacíficamente sus emplazamientos en cuanto tuvieran las condiciones logísticas apropiadas, generando innecesariamente, a partir de este desacierto, un lamentable saldo de víctimas humanas.
Existen suficientes indicios, corroborados por altas autoridades de la zona, de que los manifestantes Awajún y Wampis que bloqueaban la carretera se aprestaban a desalojarla voluntariamente y retirarse de la vía. La decisión de dar el comando operativo al Gral. Muguruza, jefe de la DIROES, sustituyendo al Gral. Uribe, jefe de la IV DITERPOL Tarapoto que había construido relaciones de confianza con los manifestantes, evitado brotes de violencia y había persistido en el camino del diálogo, constituyó, en este mismo sentido, un grave error.
Lo más acertado hubiera sido el respeto de los compromisos y negociaciones en curso y no el de la represión violenta frente a quienes demostraron estar decididos a defender, a cualquier costo, su dignidad.

20. No puede admitirse la afirmación del Informe Final de que el uso de las armas respondió a una reacción defensiva de los efectivos policiales cuando los primeros disparos con consecuencias letales provinieron de los policías, pertenecientes a una fuerza especializada (DINOES) y fuertemente armados, actuando frente a una población desarmada y a pecho descubierto. Es también inadmisible que el Informe Final omita señalar que los iniciales disparos de fusil realizados por la policía hubieran causado al menos 2 heridos y un muerto antes de que S. Manuim cayera herido y que ni dicho informe ni el Informe Nº 014 del Gral. Muguruza sobre el operativo mencionen la muerte de indígenas y mucho menos que ocurrieran en el cerro.

- Los disparos con fusil realizados por la policía con los que se hirió y mató a civiles desarmados, dieron una señal de que no se estaba ante un ‘escenario de desalojo negociado’ sino ante un ‘escenario de guerra’, generando un tipo de respuestas basadas en un conjunto de reglas, comportamientos culturales y prácticas que no se admitirían en tiempos de paz pero que rigen el comportamiento de los Awajún y Wampis ante un ataque enemigo con víctimas mortales.

- Lo ocurrido en el cerro y su desenlace fatal se vio marcado por las primeras reacciones de ambos grupos. A los policías no se les instruyó de manera adecuada acerca de las características y posibles reacciones de los Awajún y Wampis frente a una agresión armada. Por su parte, para los Awajún y Wampis, la presencia de policías en el cerro en la madrugada confirmaba los temores de un operativo para encerrarlos, generar violencia innecesaria y obligarlos a un desalojo humillante.

- No se puede imputar a los manifestantes Awajún y Wampis que la mañana del 5 de junio se hallaban bloqueando la carretera FBT a la altura de la Curva del Diablo haber estado preparados para una emboscada contra las fuerzas policiales o dar una respuesta violenta y organizada ante la presencia policial, como se deduce del hecho de que estaban desarmados, la disciplina de los turnos de vigilancia se hallaba relajada, los manifestantes de la carretera no habían estado de vigilia en esa madrugada sino que se habían levantado a la hora usual y se encontraban preparando sus desayunos a la hora en que el operativo de desalojo, del que tenían noticia, estaba por iniciarse.

- Todos los testimonios indígenas dejan ver que el ascenso al cerro por parte de no más de 250 indígenas, apenas avistaron a los policías en la parte alta, buscaba impedir de manera pacífica un ataque sobre la población de la carretera en el entendido de que estando desarmados no corrían peligro. Subieron para desalentar a los efectivos sin apreciar adecuadamente el riesgo del uso de las armas por parte de la policía.

- Las acusaciones de parte de los mandos policiales y miembros del ejecutivo de que los indígenas estaban en posesión de armas son extremadamente graves y son falsas (y más aún que las armas provinieran de un supuesto ataque a una comisaría para obtenerlas, como llegó a afirmar el Ministro de Justicia ante un organismo de Naciones Unidas en sesión oficial). También lo son las afirmaciones del Presidente de la República de que los indígenas actuaron como terroristas y que degollaron a los policías ultimados. Son aseveraciones que ameritan una disculpa pública. Tanto el Informe Final como los informes de Fiscalía niegan la tenencia de armas de fuego entre los manifestantes; ni la Defensoría ni otros organismos de derechos humanos han encontrado rastro alguno de huecos de zorra, trincheras u otros indicios que condujeran a pensar que estuvieran preparados para repeler una agresión armada ni mucho menos para efectuar un ataque. Las únicas armas defensivas que se puede decir que llevaban consigo algunos varones eran los jebes para disparar piedras. Las lanzas sólo se usaron como armas ofensivas una vez que el escenario de protesta pacífica se volteó a uno de guerra.

- El hecho de que las pruebas de absorción atómica en mano realizadas en la necropsia a efectivos fallecidos en el cerro al lado del Cdte. del Carpio hayan arrojado en algunos casos altos niveles de antimonio, bario y plomo indica que aquellos habían disparado ráfagas previamente a su deceso y confirma que la versión de una supuesta actitud defensiva no tienen fundamento.

21. Hay coincidencia con el Informe Final en señalar que lo ocurrido en la Estación Nº 6 tiene su origen en el operativo de desalojo en la carretera y el clima de alta tensión colectiva que ese operativo provocó; y que por lo tanto las trágicas muertes ocurridas allí pudieron haber sido evitadas.

- No obstante, la afirmación del Informe Final de que en la Estación Nº 6 los manifestantes desconocieron “los acuerdos de convivencia pacífica” pasa por alto el hecho de que, para la población fue el operativo llevado a cabo por la policía en la Curva del Diablo, con todas sus secuelas, lo que rompió y desafió la convivencia pacífica, no solo aquella acordada mediante actas, sino en general el carácter pacífico de toda la protesta, tal y como la habían planteado los Awajún y Wampis hasta ese momento, en la carretera, en la Estación y en el resto del territorio.

- A pesar de que la concentración de población en las inmediaciones de la Estación Nº 6 impuso determinadas restricciones a su funcionamiento, los líderes hicieron los mayores esfuerzos por mantener un canal de diálogo con los funcionarios de Petroperú y para crear un clima de confianza con el personal civil y policial de la Estación y, a la vez, mantener a raya la frustración de los manifestantes que no veían visos de solución al problema planteado por los decretos legislativos; está probado que, incluso el mismo 5 de junio, los líderes Awajún y Wampis y el Comité local de lucha realizaron los mayores esfuerzos por evitar una reacción violenta.

- Las informaciones proporcionadas por la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Amazonas con relación a un operativo de rescate de rehenes programado para el 4.6.09, que abortó, plantea numerosas y serias interrogantes acerca de la veracidad de las informaciones aportadas por diversas autoridades políticas y policiales, a la Comisión y a la ciudadanía, con relación a los sucesos de la Estación Nº 6 y al contenido de las coordinaciones con la Brigada Nº 6 Selva del Ejército Peruano así como respecto de la información que los distintos sectores del interesados del Ejecutivo manejaron en su momento, aparentemente al margen del control del Ministerio del Interior.

- Se requiere una explicación acerca de cómo si el Ministerio de Energía y Minas estaba preocupado por la situación del personal que se encontraba en la Estación, no se le anticipó a los responsables y a su personal de Seguridad las potenciales consecuencias del operativo de la Curva; y cómo no confirmó el Ministerio del Interior, la PNP o el Gral. PNP Muguruza (DINOES) al personal DINOES de la Estación el día y hora del operativo del 5 de junio.

- Existe grave responsabilidad en el hecho de que habiendo habido advertencias del Ejército a través del Jefe de la Brigada EP Nº 6 Selva de la inconveniencia de llevar a cabo el operativo en la fecha definida, y de la dificultad de proporcionar el personal militar solicitado en apoyo del operativo policial para la Estación Nº 6, y estando conscientes algunos altos mandos policiales (como el Gral. Uribe) de que sin el apoyo del ejército no debió llevarse a cabo el operativo, no se modificaron los planes en razón de que existían órdenes superiores, cuyo contenido y autoría deben ser establecidos.

22. En Bagua Grande y Bagua no se garantizó la seguridad y la protección de la población y se generaron condiciones propicias a la violencia.

Al no preverse de forma adecuada un plan que anticipara las posibles reacciones de la población de Bagua y Bagua Grande frente a un operativo tan pavoroso como el que se produjo contra los manifestantes indígenas con los que habían venido confraternizando durante el paro, que produjo alto número de heridos y muertos de bala, se crearon las condiciones para la violencia y en algunos casos el vandalismo. En ambos casos la falta de personal y de equipo antidisturbios en cantidad suficiente y la reacción tardía de colocar refuerzos resultó en muertes 5 de ciudadanos que ni siquiera participaban de las movilizaciones urbanas y en numerosos heridos civiles.

23. Por tanto:
- El operativo policial del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo fue mal planificado, equívoco, improvisado e irresponsable. Pudo y debió evitarse y nada hay que justifique la contundencia con que se planeó y llevó a cabo. Por las características de su diseño los
suscritos estiman que tenía objetivos políticos y de imagen que iban más allá que lo que corresponde a un operativo de desalojo de civiles y que, por ello, fue extremadamente desproporcionado, introduciendo elementos de riesgo innecesarios frente a una población cuyas características culturales no se tuvieron en cuenta más que al momento de vilipendiarla.

- La muerte de indígenas por disparo de balas frente a personas desarmadas generó una serie de reacciones que, a medida que el operativo iba ganando en dramatismo, fueron saliendo del control de los actores involucrados hasta degenerar en la pérdida de, al menos, 33 vidas humanas en Curva del Diablo, la Estación Nº 6 y las Baguas.

- Es claro que existen responsabilidades en los altos mandos a cargo del operativo, pero no puede negarse la grave responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades a cargo del sector Interior y del sector Defensa.

-La insistencia de los diversos representantes del poder ejecutivo en dejar en una zona de oscuridad el extremo superior de la cadena de mando del operativo del día 5 de Junio - frente a un fracaso rotundo cuya responsabilidad todos pretender eludir -, ha llevado a ubicar la responsabilidad en las propias víctimas, algo que no responde a una postura gallarda y responsable a juicio de los suscritos y que no honra a las familias de los policías y los comuneros indígenas fallecidos en cumplimento de su deber y en defensa de los derechos de sus futuras generaciones.
- Iniciativas y aportes para la conciliación nacional posteriores a los hechos del 5 de junio

24. El conflicto y su manejo posterior han puesto de relieve que el Estado no cuenta con mecanismos institucionales para acoger las diferencias y construir políticas públicas de manera dialogante y que, a su vez, no respeta los acuerdos internacionales que ha suscrito, lo que lo ha puesto al margen del derecho internacional de los derechos humanos por lo que los organismos de supervisión del sistema han venido instando al Perú a cumplir obligaciones contraídas que hubieran permitido dar solución a la problemática que condujo al conflicto.

25. La contundencia de las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas no ha sido seguida de la implementación de acciones positivas y oportunas por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

- No se ha prestado debida atención a las recomendaciones planteadas por los responsables de las cuatro Mesas de Trabajo transcurridos 90 días desde la presentación oficial de sus resultados. En particular no se ha terminado de derogar los decretos legislativos que contravienen la constitución y fueron el desencadenante de la protesta (DL Nº 994, 995, 997, 1013, 1020, 1060, 1080, 1089 y la y de la ley de recursos hídricos Nº 29338).

- No se han dado pasos para atender el pedido expreso de que se cumpliera con atender las solicitudes de reconocimiento, titulación y ampliación de comunidades que se encuentran paralizadas.

- La Ley de Consulta permanece sin debatir pese a la intensa labor de la Defensoría del Pueblo de difusión de su propuesta y de las recomendaciones de la Mesa Nº 3, así como los insistentes llamados de los organismos de derechos humanos.

- El debate nacional de la nueva ley forestal presenta deficiencias.

- No hay avances en la concreción del plan de desarrollo con equidad para los pueblos indígenas elaborado por la Mesa Nº 4.

- La PCM no ha cumplido con hacer la labor de seguimiento de las recomendaciones planteadas por Mesas de Trabajo. No se conoce que la comisión de seguimiento anunciada haya emitido informes y recomendaciones para acelerar la tramitación de los acuerdos del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, y menos, que se haya propuesto a las organizaciones indígenas hacer un seguimiento conjunto. La decisión de adscribir el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) a la Presidencia del Consejo de Ministros, adoptada el 10.2.10, es saludable pero insuficiente en la medida que su misión debe ser reformulada.

26. El gobierno ha mantenido una estrategia de confrontación y desafío con múltiples manifestaciones durante el funcionamiento del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y después; esta actitud incluso puso en peligro la continuidad del diálogo que se sostuvo gracias a la voluntad de las organizaciones de no ceder ante las provocaciones.

- Se ha continuado con las acciones de hostilización frente a AIDESEP, incluyendo las gestiones del poder Ejecutivo en pro de la disolución de la institución, la creación de una junta directiva apócrifa y la promoción de organizaciones paralelas, y se ha persistido en la persecución de los dirigentes nacionales y regionales de AIDESEP.

- Altas autoridades del país han continuado haciendo acusaciones infundadas relacionadas con lo acontecido el 5 de junio.

- Se ha continuado proponiendo normas “con carácter de urgencia”, como la ley de Desplazamientos Internos Nº 28223, o desplazamientos forzados, que no considera el mecanismo de consulta previa ni ha sido sometida a la obligación.

- Se ha seguido adelante con los procedimientos para el otorgamiento de lotes petroleros, inclusive en el lote 116 que afecta a los pueblos Awajún y Wampis donde se ha permitido a la empresa que construya un helipuerto pese al rechazo que hubo en los “talleres participativos” realizados en enero del 2010; se ha continuado promoviendo un tensionamiento interno.

- La autoridad sectorial ha aprobado una solicitud de exploración presentada por la Compañía Minera Afrodita adquirida por Dorato Resorces Inc., desairando el compromiso establecido por el Ministerio del Ambiente ante la Mesa Nº 4 de restituir la propuesta original de creación del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor y se ha pasado por alto la observación de OSINERGIN en base a la cual se determinó la suspensión indefinida de su autorización de exploración permitiéndole en los hechos continuar explorando.

27. El conflicto y su tratamiento posterior ha quebrado de manera profunda la confianza de los pueblos indígenas del Perú hacia el gobierno. La pérdida de confianza es particularmente grave en el caso de los pueblos Awajún y Wampis que habitan en la región amazónica de frontera y que han demostrado gran lealtad durante décadas a su país en el conflicto felizmente ya superado con el Ecuador. El costo de esta desconfianza es muy alto también respecto de la posibilidad de que en la Amazonía y en esa zona se lleven a cabo proyectos de desarrollo e infraestructura consensuados con la población.

28. Por tanto:
Las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas.
Se mantiene también el riesgo para el país de que estando las bases de la conflictividad latentes se pueda activar un nuevo ciclo de protesta que afecte la paz social o conduzca nuevamente a prolongadas confrontaciones entre los pueblos indígenas y el Estado. Por ello es imperativo que el Estado responda con responsabilidad a esta situación que compromete a los pueblos indígenas y al país entero.

Recomendaciones
Los suscritos concuerdan plenamente con las “Reflexiones Finales” que la Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, planteó a la Comisión del Congreso de la República que investiga los sucesos de Bagua porque aquellas abordan las condiciones institucionales y de política pública que son necesarias para evitar que en el futuro ocurran otros conflictos de la gravedad del que se ha expresado en los acontecimientos del 5 de junio en Bagua. Estas son coincidentes con las que han formulado a lo largo de los últimos meses diversos organismos internacionales que velan por los derechos humanos y los compromisos internacionales que derivan de los tratados que los reconocen.

Dadas las graves consecuencias de los sucesos de Bagua y del conflicto en que están enmarcados, los suscritos entienden que el Estado debe realizar los mayores esfuerzos a favor de la reconciliación y de la superación de la situación de conflictividad latente. Estos esfuerzos exigen que los pasos y medidas que se tomen a continuación sean abordados con la mayor seriedad y responsabilidad. De mantenerse las razones que fundamentaron el conflicto y, fundamentalmente, de persistirse en una reforma unilateral del régimen legal que reste seguridad jurídica a los pueblos indígenas, el riesgo de un nuevo ciclo del conflicto, a corto o mediano plazo, permanecerá latente, afectando así las condiciones de desarrollo del país. Los suscritos hacen un conjunto de recomendaciones en el ánimo de que ello no ocurra y de procurar abrir algunas puertas para iniciar una nueva etapa en las relaciones Estado - pueblos indígenas.