Por Roger Rumrrill.
En múltiples eventos realizados en las últimas semanas en Lima y en el resto del país los pueblos indígenas andino-amazónicos han expresado su rechazo abierto y contundente a un hipotético y nunca deseable gobierno fujimontesinista como una amenaza incluso a su supervivencia
Para los pueblos indígenas andino-amazónicos y sus organizaciones no existen dudas de que un nuevo régimen fujimontesinista terminaría por sepultar la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 de la OIT” secuestrada por el gobierno alanista en ejecución de la política del “perro del hortelano”, es decir, la neolatifundización y transnacionalización de la Amazonía al gran capital nacional e internacional.
Como el régimen de Alan García Pérez en lo económico y político es un neoFujimorismo corregido y aumentado, el fujimontesinismo proseguiría con la política de entrega a saco partido de la Amazonía y del resto del país sin la previa consulta previa e informada, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el estado peruano mediante resolución legislativa 26253.
Entre las 8 observaciones formuladas por Alan García Pérez a la Ley de Consulta aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo del año 2010 está la negación de que las Comunidades costeñas y andinas son pueblos originarios. Aseveración sin sustento histórico y cultural que tiene el explícito propósito de excluir a más de 10 millones de peruanos del derecho de consulta. Queda entendido que el fujimontesinismo coincide plenamente con esta falacia formulada por su sosía aprista.
Otra de las amenazas del fujimontesinismo corrupto y asesino para los pueblos indígenas andino-amazónicos es la presencia de Hernando de Soto como ideólogo y operador de “Fuerza 2011”. De Soto, como todo el mundo sabe, sostiene que la única vía para que los pueblos indígenas alcancen el paraíso de la “modernidad” y el “desarrollo” es que las Comunidades renuncien a la titulación comunal de sus tierras y territorios y opten por la titulación individual.
Tanto AIDESEP, CONAP, CNA, CCP y CONACAMI, entre otras organizaciones, han respondido a De Soto que la titulación individual de las Comunidades está en contra de todo: de las costumbres, de la racionalidad del uso de los recursos naturales, de las prácticas sostenibles, de la modernidad entendida como el manejo sostenible de la riqueza natural y del desarrollo humano en el sentido de inclusión y distribución equitativa de la riqueza.
Hay que imaginar no sólo un previsible escenario de enorme conflictividad, sino también un país lastrado por una mayor injusticia, racismo y violencia contra los pueblos indígenas andino-amazónicos en un eventual gobierno fujimontesinista.
Para la cosmovisión indígena, el futuro no está adelante, sino atrás, en el pasado. Porque en el pasado está la memoria que permite construir el futuro. Volvamos la memoria a la terrible década fujimontesinista para no repetirla nunca más.
martes, 31 de mayo de 2011
jueves, 19 de mayo de 2011
La gestación de Arguedas. Entrevista al CID.
Uno de los más brillantes intelectuales del país nos ha dejado, queremos recordar su lucides a través de esta entrevista.
Entrevista realizada por el Centro de Estudiantes de Antropología de la UNMSM al gran maestro Carlos Iván Degregori. Hasta siempre CID.
La Gestación de Arguedas: Entrevista a Carlos Iván Degregori from Grazia Pineda on Vimeo.
Entrevista realizada por el Centro de Estudiantes de Antropología de la UNMSM al gran maestro Carlos Iván Degregori. Hasta siempre CID.
miércoles, 11 de mayo de 2011
AIDESEP denuncia nueva persecución política y judicial contra dirigentes indígenas
AIDESEP, 11 de mayo de 2011. El Consejo Directivo de la AIDESEP denunció que el gobierno continúa con su persecución contra los dirigentes indígenas. Esta vez, la Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba determinó el apersonamiento de Carlos Navas, ex coordinador de la Comisión Investigadora de Bagua; Salomón Awananch, vocero de la organización indígena; Leandro Calvo, ex dirigente de ORPIAN y Santiago Manuim, actual consejero regional y herido la madrugada del 5 de junio, citándolos bajo el apercibimiento de la fuerza y, en el caso del último, declararlo reo contumaz.
Para Carlos Navas, esta acción es un intento de García de dejar el caso enterrado, sin que nadie pueda revisarlo y solo responde a su miedo pues los pueblos han declarado públicamente que al término de su presidencia, lo denunciaran por crímenes de lesa humanidad; así como también a Mercedes Cabanillas, entonces ministra del Interior
De acuerdo a la notificación judicial, lo que pretende la fiscal Olga Bobadilla es acusar a los dirigentes indígenas de homicidio culposo cuando hay un informe de la propia Junta de Fiscales de Amazonas que determinó que los hermanos indígenas no habían disparado ningún arma pues se les realizó la prueba de absorción atómica que salió negativa.
Asimismo, la organización indígena mostró su sorpresa pues este documento, fechado el 28 de abril pasado recién llegó hoy 11 de mayo, un día antes del inicio de las conversaciones entre el gobierno y la AIDESEP para ver el proceso de de la aprobación de la Ley de Consulta y la Ley Forestal y Fauna Silvestre
Amnistía preocupada porque para la OEA los DD.HH. de los pueblos indígenas no tiene la misma relevancia que el resto de ciudadanos
Amnistía Internacional - AI expresó su preocupación por las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos – OEA, José Miguel Insulza, quien dijo que los derechos humanos de los pueblos indígenas no deben ser tratados con la misma importancia o seriedad que la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.
Ante estas opiniones, la organización defensora de los DD.HH. exhortó a los gobiernos de la región y funcionarios nombrados a comprometerse para proteger todos los derechos humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo y a cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos.
Estas declaraciones de Insulza parecieran sugerir a la CIDH que revise las medidas adoptadas en el caso Belo Monte contra Brasil, lo cual constituiría una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos.
Estas desafortunadas declaraciones se dan en el contexto en que varios Estados, especialmente Brasil, han tomado medidas que podrían interpretarse como represalias contra las decisiones de la CIDH que ellos consideran contrarias a sus intereses.
Los megaproyectos de desarrollo como la Represa Belo Monte en Brasil o la Mina Marlin en Guatemala o el caso de Inambari y Paquitzapango en Perú pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades.
En numerosos países de la región los pueblos indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, han perdido sus medios de subsistencia y han caído en la pobreza como consecuencia directa de proyectos relacionados al petróleo, gas y minería. A este riesgo se agrega la creciente influencia que tienen las empresas interesadas en llevar a cabo esos proyectos en la toma de decisiones de los Estados.
En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que cuenta hoy con el apoyo de todos los Estados Miembros. Este instrumento complementa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Ante estas opiniones, la organización defensora de los DD.HH. exhortó a los gobiernos de la región y funcionarios nombrados a comprometerse para proteger todos los derechos humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo y a cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos.
Estas declaraciones de Insulza parecieran sugerir a la CIDH que revise las medidas adoptadas en el caso Belo Monte contra Brasil, lo cual constituiría una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos.
Estas desafortunadas declaraciones se dan en el contexto en que varios Estados, especialmente Brasil, han tomado medidas que podrían interpretarse como represalias contra las decisiones de la CIDH que ellos consideran contrarias a sus intereses.
Los megaproyectos de desarrollo como la Represa Belo Monte en Brasil o la Mina Marlin en Guatemala o el caso de Inambari y Paquitzapango en Perú pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades.
En numerosos países de la región los pueblos indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, han perdido sus medios de subsistencia y han caído en la pobreza como consecuencia directa de proyectos relacionados al petróleo, gas y minería. A este riesgo se agrega la creciente influencia que tienen las empresas interesadas en llevar a cabo esos proyectos en la toma de decisiones de los Estados.
En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que cuenta hoy con el apoyo de todos los Estados Miembros. Este instrumento complementa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Un nuevo incidente con indígenas autónomos
La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD, base regional de la AIDESEP, informó un nuevo incidente entre los pescadores de la zona con los grupos de hermanos autónomos (aislados) en el sector conocido como “Isla Pequeña”, próxima a la Quebrada Canales, a tres horas de viaje en bote desde la Reserva Territorial de la región, a la altura del río Tahuamanu, al norte de la región.
Pilco Pereyra, pescador de la zona, relató que se encontraba en compañía de su esposa y de su hijo en dicho lugar, cuando fueron avisados por Julio Dos Santos, también pescador, que su campamento ubicado aguas arriba había sido desmantelado por indígenas en aislamiento.
Después del aviso, el grupo fue surcando el río hasta el área de la Quebrada Canales, cuando una flecha impactó cerca de su embarcación y vieron a un grupo de cuatro indígenas que desde la otra orilla empezaron a lanzar flechas, pero sin impactar la embarcación. En ese momento, los pescadores abandonaron el lugar.
Narraron que los hermanos indígenas eran individuos varones desnudos con el cuerpo pintado de marrón, cabello largo y de gran porte. Este hecho ocurre meses después del incidente en el que un niño de la comunidad de Monte Salvado fue herido por una flecha muy cerca de la Reserva Territorial de Madre de Dios.
De acuerdo a los estudios, las flechas lanzadas por los indígenas aislados son un mensaje de advertencia para no ingresar a sus territorios y no un ataque. Por eso la FENAMAD pidió a los pescadores evitar acercarse al lugar o abstenerse de realizar viajes en sus inmediaciones.
Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades para que se busquen alternativas mientras tanto duren estas acciones, para mitigar los perjuicios que estas medidas puedan ocasionar en la actividad pesquera en la zona.
La Reserva Territorial de Madre de Dios para Aislados, es un área intangible que fue creado por el Estado en el 2002 para la protección de las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, como los indígenas Pano y Arakawak (Mashco Piro).
ORKIWAN denuncia que empresas madereras quieren ingresar a territorio indígenas con mentiras
La Organización Kichwaruna Wangurina del Alto Napo – ORKIWAN, base regional de ORPIO y la AIDESEP y que agrupa a más de 30 comunidades de la zona del Alto Napo, denunció que la empresa maderera Forestal Amazonas está recorriendo las comunidades del Alto Napo con la intención de sorprender a los Apus y comunidades amazónicas mostrando permisos falsos de dicha organización indígena que jamás otorgó para que operen en áreas comunales.
Enrique Coquinche Coquinche, presidente de la federación indígena, detalló que representantes de esta empresa llegaron hasta la comunidad de Estirón y le presentaron al Apu una autorización falsa para que operen en la zona, incluso llegando al extremo de llevarlo hasta Iquitos para que firme un trato a favor de la maderera.
El dirigente indígena denunció este hecho ante el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y también ante el gobierno regional de Iquitos y subrayó que el acuerdo tomado en asamblea por las comunidades del Napo es no vender madera a las empresas extractivas porque no acostumbran a reforestar después de talar.
Enrique Coquinche Coquinche, presidente de la federación indígena, detalló que representantes de esta empresa llegaron hasta la comunidad de Estirón y le presentaron al Apu una autorización falsa para que operen en la zona, incluso llegando al extremo de llevarlo hasta Iquitos para que firme un trato a favor de la maderera.
El dirigente indígena denunció este hecho ante el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y también ante el gobierno regional de Iquitos y subrayó que el acuerdo tomado en asamblea por las comunidades del Napo es no vender madera a las empresas extractivas porque no acostumbran a reforestar después de talar.
Defensoría del Pueblo reitera al Congreso pedido para que se apruebe la ley de consulta a los Pueblos Indígenas
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, reiteró al Presidente del Congreso de la República la exhortación efectuada para que la representación nacional apruebe la Ley del Derecho a la Consulta, en el marco de las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la OIT, considerando los importantes consensos alcanzados por la autógrafa aprobada el pasado 19 de mayo de 2010.
A través de un oficio enviado al titular del Congreso, César Zumaeta, la Defensoría advierte que han pasado nueve meses desde que los dictámenes de la ley de consulta están listos para su debate por el Pleno del Congreso. Sin embargo, hasta la fecha este debate no se ha producido, generándose una situación que no contribuye a construir una relación de confianza entre los pueblos indígenas y el Estado, después de los sucesos ocurridos en Bagua, el 5 de junio de 2009.
Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, señaló que la referida ley tiene por objetivo generar condiciones que faciliten la implementación del derecho a la consulta, brindando un marco claro y ordenado para los distintos sectores involucrados.
“La Defensoría del Pueblo viene insistiendo, desde hace varios años, en la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en concordancia con los criterios y principios establecidos por el Convenio Nº 169 de la OIT”, recalcó.
Por su parte, Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas indicó que las organizaciones indígenas andinas y amazónicas vienen solicitando permanentemente que el Poder Legislativo que apruebe una ley de consulta compatible y coherente -en todos sus aspectos, con lo establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT.
Como se recuerda, el Perú suscribió dicho Convenio hace más de 16 años, sin embargo la efectiva aplicación de este derecho en nuestro país sigue siendo una tarea pendiente, por ello la Defensoría del Pueblo presentó el 6 de julio del 2009 el Proyecto de Ley Nº 3370/2008-DP "Ley Marco del Derecho a la Consulta", terminó diciendo Alicia Abanto.
A través de un oficio enviado al titular del Congreso, César Zumaeta, la Defensoría advierte que han pasado nueve meses desde que los dictámenes de la ley de consulta están listos para su debate por el Pleno del Congreso. Sin embargo, hasta la fecha este debate no se ha producido, generándose una situación que no contribuye a construir una relación de confianza entre los pueblos indígenas y el Estado, después de los sucesos ocurridos en Bagua, el 5 de junio de 2009.
Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, señaló que la referida ley tiene por objetivo generar condiciones que faciliten la implementación del derecho a la consulta, brindando un marco claro y ordenado para los distintos sectores involucrados.
“La Defensoría del Pueblo viene insistiendo, desde hace varios años, en la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en concordancia con los criterios y principios establecidos por el Convenio Nº 169 de la OIT”, recalcó.
Por su parte, Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas indicó que las organizaciones indígenas andinas y amazónicas vienen solicitando permanentemente que el Poder Legislativo que apruebe una ley de consulta compatible y coherente -en todos sus aspectos, con lo establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT.
Como se recuerda, el Perú suscribió dicho Convenio hace más de 16 años, sin embargo la efectiva aplicación de este derecho en nuestro país sigue siendo una tarea pendiente, por ello la Defensoría del Pueblo presentó el 6 de julio del 2009 el Proyecto de Ley Nº 3370/2008-DP "Ley Marco del Derecho a la Consulta", terminó diciendo Alicia Abanto.
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