martes, 17 de agosto de 2010

Informe alternativo de la OIT denuncia mala fe del gobierno peruano contra las organizaciones indígenas


Las organizaciones indígenas presentaron a la OIT, el Informe Alternativo 2010 sobre la situación de los pueblos en el país y donde denuncian que el Estado, representado por el Ejecutivo, tiene una manifiesta mala fe; violando de manera flagrante el principios en la aplicación de los tratados, y por ende, debe ser materia de sanción efectiva por parte de los organismos supranacionales.

En este informe, consideran que las observaciones a la Ley de Consulta llevan a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua, e incluso, la agravan, al desconocer ahora a las comunidades del ande como pueblos indígenas. "Es claro que los argumentos esgrimidos por el señor Presidente en sus tesis del “perro del hortelano”, siguen orientando el accionar del gobierno", se indica.

Un caso paradigmático que contiene el informe, en este terreno, es la “Construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango en territorio Ashaninka”, calificado como un conflicto activo en el último reporte de la Defensoría del Pueblo. La celeridad en la implementación y calificación del proyecto como de “interés público” (terminología de referencia para varias observaciones en el informe), pondría en riesgo “ los procesos de consulta sobre proyectos a gran escala, al privilegiar la celeridad del proceso frente a la finalidad de la consulta, carácter previo, tiempos razonables, adecuación cultural y buena fe”.

Es importante resaltar que en la actualidad existen 15 proyectos de hidroeléctricas en la Amazonía peruana. Cinco de estos proyectos se encuentran en el Marañón, uno en el Huallaga, cuatro en el Mantaro, uno en el Inambari, tres en el Ene, uno en el Tambo y uno en el Urubamba. El hecho contundente es que en febrero del presente año, “el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para modificar la ley de desplazamiento interno, permitiendo los desplazamientos “que se produjesen a causa de proyectos de gran escala justificados por un interés público superior o primordial”

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